Documentos presentados ante un tribunal en Las Vegas piden al juez que declare que un acuerdo de confidencialidad de 2010 y un pago de 375.000 dólares derivados del encuentro en 2009 con la demandante, Kathryn Mayorga, continúan vigentes.
Tal sentencia detendría el procedimiento público y recurriría a una provisión que permite una mediación fuera de los tribunales entre Mayorga, una exprofesora y modelo de 35 años, y los representantes de uno de los atletas más famosos y mejor pagados del mundo.
Ronaldo, de 34 años, juega en Italia para el club de Turín, Juventus, y es capitán de la selección nacional de Portugal.
The Associated Press por lo general no revela el nombre de las personas que dicen ser víctimas de agresiones sexuales. Mayorga otorgó consentimiento a través de sus abogados para ser nombrada.
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Sus abogados, Leslie Mark Stovall y Larissa Drohobyczer, no respondieron inmediatamente el miércoles a llamadas telefónicas, email y mensajes de texto en busca de comentario. El abogado de Ronaldo, Peter Christiansen, declinó comentar.
Ha dicho que Cristiano y Mayorga tuvieron relaciones sexuales consensuales en un hotel de Las Vegas, pero los abogados niegan que fue una violación.
Los abogados de Mayorga sostienen que ella no rompió el acuerdo de confidencialidad y, en cambio, dicen que Ronaldo o sus allegados aceptaron que se publicaran reportes del tema en medios europeos en 2017.
El equipo legal del futbolista asegura que la información era parte del material electrónico hackeado, robado y vendido por cibercriminales, y que la demanda de Mayorga es utilizada para “promover el escándalo público, circular declaraciones difamatorias y satisfacer las molestias público”.
Mayorga alega conspiración, difamación, incumplimiento de contrato, coerción y fraude. Su demanda es por una cantidad de dinero no especificada en daños mayores a los 50.000 dólares.
En los documentos presentados el 8 de agosto, los abogados de Ronaldo impugnaron las afirmaciones de los abogados de Mayorga de que ella estaba demasiado traumatizada en 2010 para ser legalmente competente a firmar un acuerdo de confidencialidad.
