MANAGUA, NICARAGUA.- El gobierno de Nicaragua dio a conocer el sábado su agenda en las negociaciones con la oposición, en la que se descarta adelantar las elecciones de 2021, se ofrece liberar a personas detenidas en protestas y se pide suspender las sanciones internacionales a la administración de
Daniel Ortega.
Un comunicado de la Cancillería distribuido a la prensa indicó que el gobierno está “comprometido con el fortalecimiento de la democracia y el respeto al orden constitucional de Nicaragua”, pero aclaró que “las elecciones presidenciales y legislativas están establecidas para el 2021”.
La opositora Alianza Cívica, que participa en el diálogo con representantes de Ortega desde el 27 de febrero, ha insistido en un adelanto de los comicios para propiciar un cambio de gobierno, en medio de la crisis más grave que ha vivido este país en los últimos 40 años.
Según el comunicado, el primer punto de agenda del gobierno es el “fortalecimiento de las Instituciones electorales” mediante recomendaciones formuladas por la OEA, y propuestas de reformas electorales “que perfeccionen procesos electorales, libres, justos y transparentes”.
Como segundo tema proponen “justicia y reparación para seguir consolidando la paz, seguridad y estabilidad en Nicaragua” y en tercer lugar la “liberación de los presos en el contexto de hechos delictivos acontecidos a partir de abril de 2018 en contra del Estado de Nicaragua”.
Aunque ofrece liberar a los reos “que aún no han sido juzgados, y los juzgados”, aclara que “se revisarán sus expedientes, situación que no conlleve a la impunidad”.
La oposición ha exigido la excarcelación inmediata de unos 770 “presos políticos”, personas detenidas por participar en protestas antigubernamentales desde que estalló la crisis hace casi 11 meses.
Otro reclamo opositor es la restauración de la libertad de prensa, de información y de movilización, derechos que el gobierno mantiene restringidos desde el año pasado.
En este sentido, la agenda oficial propone “continuar fortaleciendo las libertades, derechos y garantías establecidas en la Constitución Política de la República”.
Como cuarto tema, Ortega plantea “realizar gestiones internacionales para la obtención de apoyo a la implementación de los acuerdos finales de la negociación, y hacer un llamado a la comunidad internacional a suspender toda sanción en contra del pueblo nicaragüense”.
El comunicado oficial se publica 24 horas después de que la Conferencia Episcopal rechazó una invitación a participar como “testigo y acompañante” del diálogo. Tras el anuncio de los obispos, la Alianza Cívica anunció que desea reflexionar y “reconsiderar” si continúa o no dialogando con el gobierno.
Las partes habían decidido no divulgar sus agendas públicamente, como parte de los 16 acuerdos incluidos en una 'hoja de ruta' aprobada la semana pasada.
Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) informó en un comunicado que designó a Luis Angel Rosadilla como su enviado especial a Nicaragua. Indicó que, 'a solicitud del gobierno de Nicaragua', Rosadilla se reunirá el próximo lunes con los participantes en el dialogo para analizar 'la eventual participación de la secretaría general' de la OEA en el proceso de negociaciones.
José Pallais, uno de los negociadores de la oposición, reiteró que ellos analizarán la situación este fin de semana y que esperan “gestos contundentes (del gobierno) que permitan darle legitimidad y reconocimiento al proceso de negociación”.
Pallais insistió en que, en el tema de los presos, la oposición exige la liberación definitiva de todos los detenidos a raíz de las protestas y la anulación de todos los juicios en su contra.
“El gobierno se adelantó a publicar su agenda porque la negativa de los obispos de participar en el diálogo pone en riego su estrategia de ‘ganar tiempo’ y quiere evitar que la Alianza Cívica abandone la negociación”, dijo a The Associated Press la excomandante sandinista Mónica Baltodano, en la oposición desde hace 20 años.
A su juicio, la agenda oficial confirma “las intenciones de Ortega de no salir del poder antes del 2021, centrarse en las reformas electorales en la línea que ya venía trabajando con la OEA, usar a los presos políticos como fichas de negociación y no tocar la restitución de los derechos cívicos”.
Por su parte, el exdiplomático Mauricio Díaz opinó que Ortega busca “negociar desde una posición de fuerza y parar las sanciones internacionales desde una posición de inocencia: los malos son los otros, no hay muertos, presos ni exiliados por causa del gobierno”.
La crisis actual en Nicaragua se inició el 18 de abril con una protesta estudiantil contra una reforma al seguro social, y se extendió por el país tras la violenta acción de la policía y paramilitares, que dejó cientos de muertos y detenidos, y miles de heridos y exiliados.
Un comunicado de la Cancillería distribuido a la prensa indicó que el gobierno está “comprometido con el fortalecimiento de la democracia y el respeto al orden constitucional de Nicaragua”, pero aclaró que “las elecciones presidenciales y legislativas están establecidas para el 2021”.
La opositora Alianza Cívica, que participa en el diálogo con representantes de Ortega desde el 27 de febrero, ha insistido en un adelanto de los comicios para propiciar un cambio de gobierno, en medio de la crisis más grave que ha vivido este país en los últimos 40 años.
Según el comunicado, el primer punto de agenda del gobierno es el “fortalecimiento de las Instituciones electorales” mediante recomendaciones formuladas por la OEA, y propuestas de reformas electorales “que perfeccionen procesos electorales, libres, justos y transparentes”.
Como segundo tema proponen “justicia y reparación para seguir consolidando la paz, seguridad y estabilidad en Nicaragua” y en tercer lugar la “liberación de los presos en el contexto de hechos delictivos acontecidos a partir de abril de 2018 en contra del Estado de Nicaragua”.
Aunque ofrece liberar a los reos “que aún no han sido juzgados, y los juzgados”, aclara que “se revisarán sus expedientes, situación que no conlleve a la impunidad”.
La oposición ha exigido la excarcelación inmediata de unos 770 “presos políticos”, personas detenidas por participar en protestas antigubernamentales desde que estalló la crisis hace casi 11 meses.
Otro reclamo opositor es la restauración de la libertad de prensa, de información y de movilización, derechos que el gobierno mantiene restringidos desde el año pasado.
En este sentido, la agenda oficial propone “continuar fortaleciendo las libertades, derechos y garantías establecidas en la Constitución Política de la República”.
Como cuarto tema, Ortega plantea “realizar gestiones internacionales para la obtención de apoyo a la implementación de los acuerdos finales de la negociación, y hacer un llamado a la comunidad internacional a suspender toda sanción en contra del pueblo nicaragüense”.
El comunicado oficial se publica 24 horas después de que la Conferencia Episcopal rechazó una invitación a participar como “testigo y acompañante” del diálogo. Tras el anuncio de los obispos, la Alianza Cívica anunció que desea reflexionar y “reconsiderar” si continúa o no dialogando con el gobierno.
Las partes habían decidido no divulgar sus agendas públicamente, como parte de los 16 acuerdos incluidos en una 'hoja de ruta' aprobada la semana pasada.
Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA) informó en un comunicado que designó a Luis Angel Rosadilla como su enviado especial a Nicaragua. Indicó que, 'a solicitud del gobierno de Nicaragua', Rosadilla se reunirá el próximo lunes con los participantes en el dialogo para analizar 'la eventual participación de la secretaría general' de la OEA en el proceso de negociaciones.
José Pallais, uno de los negociadores de la oposición, reiteró que ellos analizarán la situación este fin de semana y que esperan “gestos contundentes (del gobierno) que permitan darle legitimidad y reconocimiento al proceso de negociación”.
Pallais insistió en que, en el tema de los presos, la oposición exige la liberación definitiva de todos los detenidos a raíz de las protestas y la anulación de todos los juicios en su contra.
“El gobierno se adelantó a publicar su agenda porque la negativa de los obispos de participar en el diálogo pone en riego su estrategia de ‘ganar tiempo’ y quiere evitar que la Alianza Cívica abandone la negociación”, dijo a The Associated Press la excomandante sandinista Mónica Baltodano, en la oposición desde hace 20 años.
A su juicio, la agenda oficial confirma “las intenciones de Ortega de no salir del poder antes del 2021, centrarse en las reformas electorales en la línea que ya venía trabajando con la OEA, usar a los presos políticos como fichas de negociación y no tocar la restitución de los derechos cívicos”.
Por su parte, el exdiplomático Mauricio Díaz opinó que Ortega busca “negociar desde una posición de fuerza y parar las sanciones internacionales desde una posición de inocencia: los malos son los otros, no hay muertos, presos ni exiliados por causa del gobierno”.
La crisis actual en Nicaragua se inició el 18 de abril con una protesta estudiantil contra una reforma al seguro social, y se extendió por el país tras la violenta acción de la policía y paramilitares, que dejó cientos de muertos y detenidos, y miles de heridos y exiliados.
