TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Autoridades del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) anunciaron que se retiran de la junta directiva del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y pidieron a las empresas suspender las aportaciones.
“Desde hoy (jueves) queremos que no se pague un cinco al Infop hasta que no haya el cambio que nosotros estamos pidiendo”, manifestó Juan Carlos Sikaffy, presidente del Cohep. Demandó reformas en la forma de gobernanza del Infop y en la administración de los fondos.
Las empresas aportan el 99.8% del presupuesto de esa institución, el que para este año asciende a 1,014 millones de lempiras. Prácticamente todo el funcionamiento del Infop depende de las aportaciones que el sector privado hace.
Según las cifras del Cohep, el Infop está formando la misma cantidad de personas desde 1972 y en las mismas áreas. “Solo forma 1,600 muchachos anualmente. Es más fácil mandarlo a una universidad en el extranjero que tener el Infop abierto”, calculó el empresario.
1,014 millones de lempirases el presupuesto aprobado para elInfop en este ejercicio fiscal 2019 |
Es decir que cada persona que forma el Infop le cuesta 625,000 lempiras al sector privado, según las cifras que dio el Cohep.
El 80% del presupuesto de Infop se va en pago de sueldos y salarios por contratos colectivos. Mientras que apenas alrededor de un 20% se destina a mejoras en infraestructura y servicios para formación.
Por otra parte, el sector empresarial pide la reforma a la Ley Orgánica del Infop. “Se debe garantizar la gobernanza tripartita, paritaria, con una presidencia rotativa y con un director escogido por concurso público”, expresó Sikaffy. La petición es que se reestructure o cierre.
Posición del Infop
El director ejecutivo del Infop, Roberto Cardona, dijo que formar parte de la junta directiva del Infop y cotizar es una obligación del empresariado basada en ley. “Cómo se vería un empresario que no cumple la ley, porque lo tienen que pagar, así como pagan el Seguro Social y los impuestos”, advirtió Cardona.
Significa que las empresas se exponen a sanciones al incumplir la normativa vigente.
El funcionario afirmó que hace más de un año están en un proceso de reingeniería de la institución para mejorar la calidad de la educación.
“No podemos preocuparnos de quién administra la entidad o si el contrato colectivo se lleva el 75% del presupuesto, lo que tenemos que ver es que el alumno tiene que educarse mejor”, consideró.
