TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Autoridades de la Empresa Energía Honduras (EEH) enviaron una carta al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en la que exponen una cronología de los hechos relevantes del contrato y reclaman la deuda de 454 millones de dólares (más de 10,900 millones de lempiras).
También solicitan al presidente nombrar una comisión “que tenga autoridad para tomar decisiones y encontrar las soluciones necesarias para resolver las diferencias y lograr acuerdos justos y equilibrados para las partes”. Piden que no se pretenda atropellar los derechos de la inversión extranjera, “lo cual ha llegado a ser casi una expropiación forzosa”, afirman los directivos de EEH.
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El presidente Hernández y miembros de su gabinete, por su parte, hasta el momento no se han pronunciado respecto a la carta enviada por EEH.
Tampoco los interventores de la ENEE respondieron a las consultas realizadas por EL HERALDO.
No obstante, en reiteradas ocasiones los representantes del gobierno han argumentado que la EEH ha incumplido con las metas, tanto en reducción de pérdidas como en las inversiones establecidas.
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La realidad, indican, es que la ENEE sigue perdiendo más de 24 millones de lempiras al día por fallas y hurto, que es el principal compromiso de EEH.
Además, la ENEE está obligada a pagarle 15 millones de dólares a EEH para que reduzca esas pérdidas.
El gerente de EEH, Ricardo Roa, afirmó ayer, durante una conferencia de prensa, que son bienvenidas las auditorías para que revisen y entren a la base de datos para que indaguen sobre la realidad del sistema eléctrico.
La problemática
La polémica por el contrato operado por la Empresa Energía Eléctrica (EEH) parece que se convirtió en un tema de nunca acabar.
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Lo que se promocionó como una solución a las millonarias pérdidas de energía eléctrica y a su vez sería un beneficio para la población se tornó complejo para las finanzas y el bolsillo de los abonados de la ENEE.
Expertos y funcionarios consultados afirman que no es mediante una carta enviada al presidente que se va a lograr una solución.
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Reiteran que el mismo contrato contiene las cláusulas para la resolución de conflictos, pero hasta la fecha no lo han aplicado, sino que han reformado en varias ocasiones el documento inicial.
Los funcionarios de la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas (SAPP) han reiterado que continúan haciendo revisión de algunas normas legales para aplicar las acciones por incumplimiento. Por otra parte, indican que se debe certificar el informe del supervisor Manitoba Hydro International (MHI). En tanto, mientras ambas partes no se ponen de acuerdo, los hondureños y las finanzas públicas siguen recibiendo el impacto de este conflicto.
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