TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Todos los hondureños de la tercera edad tienen derecho a gozar de descuentos en los diferentes productos y servicios básicos como salud, alimentación y transporte.
Es necesario que ellos o sus familiares conozcan sus derechos para hacerlos cumplir, ya que algunos negocios o sectores obligados privan de los derechos a sus clientes mayores de 60 años.
Los descuentos están establecidos en la Ley Integral o de Protección al Adulto Mayor y Jubilados que depende de la Dirección del Adulto Mayor de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis).
También los ampara la Ley de Protección al Consumidor que le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE). Asimismo, la Alcaldía Municipal tiene una unidad del adulto mayor que vela para que los establecimientos cumplan con la ley.
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Los descuentos
Según la ley, las actividades de recreación y entretenimiento tienen un 50% de descuento. Mientras que las consultas con un médico especialista, las cirugías, servicios de odontología y de oftalmología, incluida la compra de lentes y aros, tienen un descuento de 30%.
El mismo descuento deben recibir por el servicio de televisión por cable y en alojamiento (hoteles u otros) de lunes a viernes. Sábado y domingo aplica el 20%.
Un descuento de 25% es obligatorio en consultas con médico general, compra de medicinas y material quirúrgico, así como en funerarias, ataúdes y lotes en cementerios. Asimismo, en los pasajes del transporte y consumo en los restaurantes y cafeterías.
También servicios públicos (agua, energía), telefonía fija y móvil también corresponde el 25% por facturas hasta 1,000 lempiras como límite. Los hospitales y clínicas privadas aplican 20% al igual que en los impuestos por salidas de aeropuertos.
Mientras que por préstamos hipotecarios el descuento para la tercera edad es de 2%.
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¿Dónde denunciar?
Las personas pueden interponer sus denuncias a la línea telefónica gratis 115, enviando un correo a denunciasdeconsumidores@gmail.com o presentándose con sus facturas a la oficina de la Dirección de Protección al Consumidor, ubicada en el Centro Cívico Gubernamental.
Las multas por incumplimiento van desde 1 a 10,000 salarios mínimos (L 10,601 es el equivalente a un salario promedio).
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