TEGUCIGALPA, HONDURAS
La producción nacional de licores ha registrado números negativos durante los últimos dos años.
Una de las causas de ese resultado es el creciente comercio ilegal de aguardientes en el país, según empresarios de la industria formal.
Lo anterior es avalado por un informe proporcionado por el Banco Central de Honduras (BCH), el que revela que en el periodo 2015-2016 la producción de aguardiente y licor compuesto se redujo de 19.6 a 17.7 millones de litros, o sea 1.9 millones y 9.7 puntos porcentuales menos.
En el bienio 2016-2017 la producción bajó de 17.7 a 16.7 millones de litros, o sea 5.6 puntos porcentuales.
En picada
La producción nacional de los derivados del alcohol ha mostrado variaciones en los últimos 10 años.
A partir de 2010 la producción observa un fuerte repunte después que la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) fortaleciera los controles de fiscalización en las destilerías que operaban en el país, cerrando varias en Tegucigalpa, El Progreso y San Pedro Sula por operar de manera clandestina.
En los años 2009, 2010 y 2011, el Banco Central de Honduras reporta que la producción se incrementa de 14.3, a 15.1 a 18.6 millones de litros. Los picos más altos de producción de licores se registran en el periodo 2014-2015 con 19.5 millones de litros en cada año.
Sin embargo, en el bienio 2016-2017 la producción interna muestra una caída de 17.7 y 16.7 millones de litros, respectivamente.
Los empresarios de la industria formal sostienen que las instituciones públicas responsables de controlar la producción de bebidas abandonaron los esfuerzos para combatir las destilerías clandestinas.
Competencia desleal
Las fábricas de bebidas embriagantes están inmersas en una guerra comercial en el mercado hondureño.
Su estrategia de posicionamiento es vender su producto a menores precios respecto al que ofrecen reconocidas empresas de la industria formal.
Un ejemplo de lo anterior es la caja de 12 litros en envase plástico, con un volumen de alcohol de 30%, el que tiene un precio al por mayor de 350 lempiras (29.17 lempiras por unidad) en Choluteca, inferior a los 530 (44.17 lempiras por litro) que cuesta el de otras destilerías.
En la zona occidental del país se puede conseguir a 300 lempiras y 270 en San Pedro Sula, donde se presume opera la destilería que elabora ese producto.
Según empresarios consultados por EL HERALDO, ese diferencial de precio de 180 lempiras por caja tiene varias explicaciones: una es que el producto es elaborado por destilerías que operan de manera ilegal o clandestina en el país y la segunda es el contenido alcohólico ofrecido no es el correcto, o sea no contiene 30% de alcohol.
La industria formal considera que en el país el comercio de licores fabricados por destilerías clandestinas puede oscilar entre 30% y 35%, o sea entre 5.1 y 5.8 millones de litros. Los entrevistados consideran que hay una enorme cantidad de bebidas alcohólicas que están circulando en el país sin cumplir con los registros sanitarios y el pago de impuestos.
Lluvia de permisos
En Honduras, según el decreto 17-2010 o Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, la Secretaría de Finanzas (Sefin) es la responsable de otorgar los permisos de operación y distribución a las destilerías de bebidas alcohólicas. Los empresarios de la industria formal de licores denuncian que en el país hay una serie de fábricas que han obtenido los permisos sin cumplir con los requisitos aprobados.
En ese sentido consideran oportuno que el gobierno proceda a revisar los permisos y así cerrar aquellas fábricas que operan de forma fraudulenta, elaborando y distribuyendo bebidas que puedan poner en riesgo la salud de los consumidores.
