Las autoridades de la ENEE trabajan en la depuración de la lista de empresas públicas y privadas que tiene contratos de generación de energía eléctrica.
Así lo confirmó una fuente de la estatal eléctrica, quien conversó con EL HERALDO bajo la condición de no revelar su nombre, agregando que el trabajo realizado consiste en la revisión de los contratos aprobados en los últimos cinco años, pues el objetivo es conocer la situación en que se encuentra cada convenio firmado, principalmente, con generadores privados.
Sin embargo, en la nómina figuran dos casos que el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional deberán tomar la decisión de rescindir o no en los próximos días o meses. Se trata de las firmas CECHSA y Vetasa, a quienes, en diciembre de 2007 se les adjudicó de manera directa la producción de 150 y 55 megavatios, respectivamente, con el objetivo de que ambas suplieran la crisis energética declarada por el gobierno del liberal Manuel Zelaya Rosales.
Antes de que el Consejo de Ministros aprobara la declaración de emergencia, el Banco Mundial había entregado en mayo de 2007 un costoso estudio valorado en 600,000 dólares para que el gobierno convocará a una licitación pública internacional para que contratara energía más barata para suplir el crecimiento de la demanda anual, la que estimaba entre 70 y 80 megavatios.
El 18 de febrero de 2008, la junta interventora de la ENEE firmó los contratos 13/2008 con CECHSA para la generación de 150 megavatios de energía con carbón mineral y el 33/2008 con Vetasa para la reparación, mantenimiento y operación de las plantas estatales Sulzer (27 MW) y Alsthom (28 MW), ubicadas en Puerto Cortés.
Ambos contratos fueron aprobados por un plazo de 240 meses o 20 años, debiendo ambos proyectos estar en operación en febrero de 2010, con la entrega de 100 megas generados con diésel de parte de CECHSA para un periodo de dos años, mientras que Vetasa estaba comprometida a suministrar 55 megas con diésel durante tres años.
Desfase
Sin embargo, los citados proyectos de energía sucia registran 28 meses de desfase, lo que obligó al presente gobierno a prorrogar los contratos a las empresas Elcosa (80 MW), Lufussa I (39.5 MW) y Nacional de Ingenieros (20 MW).
Además, la administración de Porfirio Lobo Sosa se vio obligada a decretar una emergencia energética por los constantes apagones en las regiones de occidente, atlántico, oriente y el Bajo Aguán.
Ese contrato de 98.9 megavatios otorgado de manera directa a Wesport Finance LLC ha estado envuelto en una fuerte polémica porque la mencionada generadora estadounidense no cumplió con el plazo establecido para la entrega de 50 megavatios con diésel, así como por el plazo de 15 años. Debido a esa situación es que el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional pueden rescindir el contrato.
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Incumplimiento
Un dictamen del Departamento Legal de la ENEE ha dejado al descubierto una serie de inconsistencias cometidas por CECHSA durante la vigencia del contrato.
Una de las conclusiones más importantes destaca que “se ha desnaturalizado la motivación del Decreto Ejecutivo PCM-012-2007, ya que la declaración del estado de emergencia y la contratación directa era para con certeza y celeridad esa contratación (150 MW), y aún hoy seguiría incierta la fecha de entrada en operación de esa nueva capacidad”.
Por su parte, los ejecutivos de Vetasa han venido denunciando que el gobierno no ha cumplido el compromiso de agilizar la licencia ambiental para la reparación, mantenimiento y operación de las centrales Sulzer y Alsthom, propiedad de la ENEE. Se espera que la administración Lobo Sosa decida en los próximos días el futuro de esos contratos.
