TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La designada presidencial y titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), María Antonia Rivera, aseguró a EL HERALDO que el caso del Grupo Granjas Marinas (GGM) se resolverá conforme a ley y en beneficio del país.
“En el caso de dicha empresa estamos trabajando, lo vamos a resolver conforme a ley y que sea un beneficio para el país”, expresó. La funcionaria precisó de forma escueta que la semana pasada se elaboró un documento y que “vamos por buen camino”. Aunque no brindó fecha para la resolución de la solicitud que hizo el grupo camaronero más grande que opera en la zona sur del país hace un año, se limitó a afirmar que se está trabajando.
La petición del GGM fue cambiar del Régimen de Importación Temporal (RIT) a Ley de Zonas Libres (Zoli) para las fincas camaroneras.
Durante 2019, la Organización Mundial del Comercio (OMC) emitió un dictamen desfavorable para conceder esta solicitud.
El extitular de la SDE, Arnaldo Castillo, consideró que esta situación generaría un impacto a los ingresos de las municipalidades de la zona sur.
El grupo camaronero genera 4,200 empleos directos a través de sus divisiones Granja Marina Larvicultura (GML), Empacadora San Lorenzo (ESL) y Granjas Marinas San Bernardo (GMSB) que operan en Choluteca y Valle.
Representantes del GGM propusieron que les hicieran el cambio de régimen de exoneración, pero manteniendo el pago de impuestos municipales.
Riesgos
EL HERALDO informó que la resolución de la SDE no solo haría peligrar la operatividad del grupo camaronero que genera 100 millones de dólares en exportaciones, sino que se pone en riesgo la producción de alrededor de 10,000 hectáreas de camarón cultivado.
En caso de que no sea improcedente la petición del GGM se pondría en precario los empleos y la expansión de la empresa con una inversión de 60 millones de dólares.
