TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un nuevo pacto de impunidad con el que buscan blindar a candidatos de elección popular se habría fraguado la noche del martes en el Congreso Nacional.
Se trata del artículo 312 de la nueva Ley Electoral que atenta contra las facultades del Ministerio Público, según la interpretación de fuentes cercanas a la Fiscalía.
“Las actuaciones judiciales contra cualquier candidato a cargo de elección popular desde la fecha de su inscripción hasta la declaratoria de las elecciones respectivas, no surten efecto de inhabilitación salvo si ésta fuese el objeto principal de la pretensión y recayera sentencia firme condenatoria al efecto o resultasen de la comisión de un delito o la violación de la Constitución de la República”, señala el apartado legal.
Es decir que quedan sin efecto acciones judiciales contra los diputados, alcaldes y candidatos presidenciales que estén siendo investigados por sus vinculaciones en actos de corrupción y otros delitos.
La Fiscalía no descarta interponer un recurso de inconstitucionalidad en contra de este artículo que limita sus funciones investigativas.
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