TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La postura del Partido Nacional dilató por casi ocho meses la discusión y aprobación de la nueva Ley Electoral, y ahora interfiere en agendar para darle trámite al presupuesto solicitado para las elecciones generales del próximo 28 de noviembre.
Aunque líderes de la principal fuerza política en el Congreso Nacional sostienen que no se oponen a la tecnología que pretende adquirir el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la transmisión de resultados, hay intereses casi explícitos de que se conserven los métodos al igual que procedimientos de antaño que no han garantizado transparencia y se han prestado a acciones fraudulentas.
Al no poderse divulgar los resultados en al menos 1,100 centros de votación que desde hace más de una década carecen tanto del servicio de energía eléctrica como cobertura de internet —donde está el voto rural— pondría en desventaja a los cachurecos, principalmente en el nivel presidencial.
La utilización de tabletas, lectores de huellas dactilares, impresoras multifuncionales, aparatos con un sistema de alimentación energética ininterrumpida conocidos como UPS —para lo cual el CNE presupuestó una inversión de 453.9 millones de lempiras— ha generado dudas en el PN y también en Libertad y Refundación (Libre) en cuanto a la adquisición en tiempo y forma de estos dispositivos.
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La oposición en el Congreso Nacional suma 56 votos a favor para respaldar los fondos pedidos por el ente colegiado, restándole solo nueve sufragios para admitir el presupuesto de 1,661.9 millones de lempiras para las elecciones generales.
De continuar dándole largas a este tema, el Consejo —cuyo cronograma ya fue trastocado—, contravendría la normativa electoral vigente, en específico el artículo 278, ya que no se estaría adjudicando a la empresa encargada de la transmisión de datos preliminares cuatro meses antes de la justa democrática general.
Analistas políticos coincidieron en que esta postura de no otorgar los recursos requeridos al organismo que administra los procesos democráticos, aunado a la falta de aprobación de un marco legal que le autorice a hacer contrataciones, así como compras directas, pondría en riesgo todo el proceso electoral al cometerse el mismo error que en la contienda primaria que careció de la puesta en marcha de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
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Puntos discordantes
La incertidumbre en la obtención de 20,000 tabletas a un valor unitario de 12,100 lempiras, erogándose 242 millones de lempiras en ese concepto como lo informó EL HERALDO, la oportuna capacitación de miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y demás personal del CNE, incluyendo la novedad que implicará el uso del acta electrónica o digital, son los puntos discordantes entre los nacionalistas.
La bancada del partido de la estrella solitaria ha condicionado por estos aspectos el presupuesto especial para las generales, exigiéndole a autoridades y técnicos del Consejo Nacional Electoral una demostración de cómo funcionará el sistema de divulgación de resultados sin contar con el software ni demás equipo.
Si bien los recursos son necesarios, la entidad electoral que estará encabezada a partir de septiembre por el consejero Kelvin Aguirre, representante del Partido Nacional, tendrá el reto de cumplir con los planteamientos de la guía que remitió al Legislativo, aunque este no les conceda todo el dinero peticionado debido a que a la fecha disponen de 671.8 millones de lempiras como presupuesto para el resto de 2021.
Tras varias horas reunidos el lunes anterior, los especialistas del CNE no hicieron la simulación en los tres niveles electivos bajo el uso de las tabletas exigida por directivos del Congreso, por lo que se les solicitó presentar otras alternativas menos costosas para que se lleve a cabo el TREP.
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Argumentos
“Si no hay conectividad, una clara transmisión de datos de todo el país, muy difícilmente vamos a aprobar este presupuesto; nosotros tenemos bien identificado lo que quiere la oposición, que no quiere que se cuenten los votos de Intibucá, Lempira, La Paz, no quieren que haya contabilidad el 28 de noviembre del voto rural y no lo vamos a permitir”, declaró el vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas.
Entretanto, el vocero de la bancada de Libre, Jorge Cálix, indicó que “creemos que hay que poner algunos controles para garantizar que no se vayan a hacer piñata con los dineros del pueblo, pero hay que darles —al CNE— las herramientas que están pidiendo”.
En la actualidad hay una intención manifiesta del oficialismo de retrasar el proceso electoral al grado de generar una crisis política, reconoció el subjefe de la bancada del Partido Liberal, Juan Carlos Elvir.
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