Cinco instituciones concentran 29% de los recursos de revisión

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública insta y obliga a la rendición de cuentas de las instituciones y funcionarios para que “los ciudadanos puedan fiscalizar y exigir cuentas a los servidores públicos”, también como un mecanismo para luchar contra la corrupción.

No obstante, desde 2007 -cuando se reglamentó la normativa de información pública- los hondureños han interpuesto 2,848 recursos de revisión porque las instituciones obligadas omitieron o negaron datos en las peticiones.

El recurso de revisión es el medio legal que tienen los hondureños para manifestar su inconformidad ante la respuesta o falta de ella en las solicitudes de información.

Solo el Congreso Nacional, la Secretaría de Educación, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la Secretaría de Salud (Sesal) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) concentran el 29% de los recursos de revisión entre 2007 y mayo de 2022.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus tuvo acceso a cada uno de los reportes de los últimos 17 años, evidenciando que estas cinco instituciones fueron las que más omitieron, negaron o dejaron de entregar la información solicitada por los peticionarios.

“Existe una falta de voluntad para cumplir con el compromiso de transparencia y acceso a la información”, condenó Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

El artículo 3 inciso 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública menciona puntualmente al Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo como entes obligados a entregar información pública. Asimismo, las municipalidades, ONG, organizaciones privadas y todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban o administren fondos públicos.

El problema es que el Congreso Nacional, donde fue aprobada la misma normativa, aparece como el órgano que más recursos de revisión debe responder.

Solo en el 2011 este poder del Estado recibió 238 recursos de revisión hacia el mismo número de diputados, pues el Congreso Nacional no respondió, omitió o negó información al solicitante.

Estos reportes ponen al Congreso Nacional como la institución a la que más debe responder recursos de revisión, con el 13% del total de casos en los últimos 17 años.

Seguidamente está la Secretaría de Educación, que en ese mismo periodo de tiempo los solicitantes interpusieron 156 recursos de revisión. La UNAH debía responder 127, la Secretaría de Salud 108 y la ENEE 88.

En la lista también aparecen instituciones como la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa (Sedena), la Secretaría de Finanzas y el Ministerio Público, así como varias alcaldías, incluyendo la comuna capitalina.

Para Julissa Calderón, investigadora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), las instituciones omiten información porque realmente no tienen un verdadero compromiso con la ciudadanía hondureña y otras no facilitan lo solicitado por peticionarios porque no manejan los procesos correctamente.

“Toman a la ligera o consideran de poca relevancia transmitir información a la ciudadanía”, lamentó.

La experta mencionó que el CNA lanzó el Índice de Transparencia Activa Gubernamental (I-TAG), un instrumento que midió la rendición de cuentas y el acceso a la información pública de 14 instituciones del Estado en 2023.

El I-TAG consta de tres componentes principales: transparencia activa, gestión pública y presupuesto, así como la capacidad procedimental de las instituciones para responder a solicitudes de información.

Explicó que de las 14 instituciones evaluadas, solo 6 aprobaron el índice, lo que significa que 8 resultaron reprobadas. Las 14 instituciones eran de Administración Central porque tenían el 59% del presupuesto destinado para 2023.

Los resultados del I-TAG revelaron un promedio global del 29% en transparencia. Las instituciones con mejor desempeño fueron la Secretaría de Finanzas (63%), la Secretaría de Salud (48%) y la Secretaría de Energía (45%). En contraste, instituciones como la Secretaría de Agricultura y Ganadería (28%), Defensa (20%) y la Presidencia de la República (13%) obtuvieron los puntajes más bajos.

Algunos de estos datos publicados por el CNA coinciden con los reportes que tuvo este rotativo, pues muchas de estas instituciones, como Casa Presidencial y Secretaría de Defensa, están en el listado de las que más deben responder recursos de revisión.

Es necesario reducir la falta de transparencia “porque cuando existen altos índices de corrupción afectan los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía. En ese sentido, que sigamos con un índice bajo de transparencia nos hará repetir la misma historia del pasado y estaremos condenados posiblemente a que la corrupción siga avanzando”, advirtió la experta.

Recordó que la Ley de Transparencia menciona de manera detallada cuál es la información que las instituciones deben difundir de oficio, es decir, que toda esta información deben subirla por regla al Portal de Transparencia.

“Y en caso de que las instituciones incumplan con esta disposición, pues serán sancionadas de acuerdo al régimen establecido por el reglamento de sanciones del Instituto de Acceso a la Información Pública”, enfatizó.

En 22 de noviembre de 2007 una hondureña interpuso el primer recurso de revisión en Honduras porque la información que pidió a la Secretaría de Finanzas no respondía a su petición.

Desde entonces los casos fueron incrementando poco a poco, pero nunca superaron los 100 casos hasta 2011, cuando el Congreso Nacional recibió 238 recursos de revisión dirigidos puntualmente para los diputados.

Con excepción de 2011, esa institución apenas recibía en promedio 3 recursos de revisión por año, pero desde 2019 los casos fueron aumentando.

Si hacemos el mismo análisis pero tomando en cuenta el resto de instituciones obligadas a entregar información pública, observamos que el incremento de los recursos de revisión es evidentemente notable desde 2017, cuando estaba en campaña por reelección el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel y 5 años de libertad supervisada en Estados Unidos por narcotráfico.

Desde 2014, cuando se aprobó la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional, más conocida como “ley de secretos oficiales”, los solicitantes debían luchar contra la opacidad en la información pública, no obstante, en 2017 fue mucho más notorio, pues instituciones relacionadas a la seguridad del país se basaron en esta normativa para negar información.

Actualmente, según corroboró este rotativo en varias solicitudes realizas a instituciones del Estado y que fueron denegadas, ya no aplican la “ley de secretos” para omitir información pública, pues en 2022 fue derogada, pero si se basan en la “reserva de información”.

Juan Carlos Aguilar, de ASJ, lamentó que esto siga ocurrieron, al tiempo que afirmó que no se deben autorizar reservas de información para solicitudes que no estén justificadas ni relacionadas con la seguridad nacional, ya que proteger la seguridad nacional y los datos personales es la principal razón para clasificar la información.

El experto habló de varias instituciones, como el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) que no tiene razones para reservar información pública.

Asimismo, dijo a EL HERALDO Plus que la información bajo reserva debe tener una versión pública, como ocurrió con la Secretaría de Seguridad y el contrato de las Black Mamba.

Este rotativo realizó varias solicitudes de los contratos de compra de estos vehículos, pero fue hasta que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) obligó a la secretaría tras el incendio de una unidad blindada que entregó una versión pública.

Ante esto, Aguilar resaltó los casos de las solicitudes de recurso de revisión registrados en 2023, denunciando que casi nunca se contestan.

“Si se compara las dos mil solicitudes que dejaron de contestar en 2023 y se contrasta con la cantidad de recursos, son apenas 300 y fracción de recursos que se presentaron. Entonces, estamos hablando de casi de un 15% de recursos que se llegaron a presentar, de la cantidad de solicitudes que dejaron de ser contestadas”, sentenció.

De los casi tres mil recursos de revisión interpuesto en los últimos 17 años, el 48% de los casos fueron declarados con lugar, es decir, la institución obligada debía responder de forma total a la solicitud de información que hizo el peticionario.

Los recursos de revisión son emitidos por los peticionarios por información incompleta, por no entregar lo solicitado o negar la información. Los solicitantes pueden interponer el recurso en los siguientes 10 días, luego de que se venza el plazo de la institución obligada para entregar la información.

El IAIP es la institución encargada de que la información sea entregada de forma total, parcial o, en caso de que la normativa lo amerite, denegarla. El problema es que no siempre cumplen con los plazos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública.

Los datos, facilitados por el IAIP, evidencian que por cada 10 recursos de revisión interpuestos en las instituciones del Estado, 5 fueron declarados con lugar y 1 sin lugar.

Además, el 13% de los casos fueron declarados improcedentes y 24 recursos de revisión fueron archivados.

Ante esto, el titular de la Secretaria de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Sergio Vladímir Coello, advirtió que toda institución que no cumpla a su totalidad con la carga de información en el portal de Acceso a la Información Pública, será sancionada según la normativa vigente.

“Puede ser sancionado de acuerdo al procedimiento administrativo que realiza el mismo instituto”, apuntó, al tiempo que instó al IAIP a actuar para asegurar que se respeten las leyes de transparencia.