TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ganaron mensualmente cuantiosos salarios durante mucho tiempo. Tenían privilegios como gastos de representación, viáticos y bonificaciones especiales. Y sus horarios laborales eran más flexibles en comparación con los empleados del sector privado.
Y como si fuese insuficiente, cobraron exorbitantes cantidades de dinero una vez que finalizaron el tiempo en sus puestos asignados.Unos terminaron antes de lo establecido, mientras que otros lo hicieron hasta que se les venció el plazo.
El anterior gobierno que presidió Juan Orlando Hernández destinó grandes cantidades de los recursos nacionales para liquidar a sus altos funcionarios, entre ellos secretarios, subsecretarios, presidentes y directores de organismos de la administración central, incluso de los entes descentralizados, lo que terminó por disparar el pago de indemnizaciones laborales a finales del año pasado.
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El Estado desembolsó 1,156 millones de lempiras en prestaciones solo en diciembre de 2021, lo que coincide con la salida de altos funcionarios que cobraron elevadas indemnizaciones, aunque el monto incluye la cesantía a todo el personal cancelado por el gobierno.
Ese fue el hallazgo de la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus tras analizar el pago de indemnizaciones laborales efectuado por la pasada administración durante los últimos cuatro años (de enero de 2018 a enero de 2022).
La metodología que usó este equipo fue descargar de la página de la Secretaría de Finanzas (Sefin) la ejecución mensual del presupuesto para verificar los fondos destinados para el pago de prestaciones. Ese monto se encuentra en el apartado de “Compensaciones”, con el código 16200, de la sección “Objeto de gasto”.
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El documento “Clasificador por objeto de gasto para los gobierno locales” de Sefin explica que las compensaciones son los “montos abonados por una sola vez originados en la atención de prestaciones por retiro voluntario, despido y otros beneficios y compensaciones que revisten el carácter de extraordinario y no son habituales”.
Una vez identificados los montos en 49 documentos de Excel, solo se utilizaron tres categorías para realizar el análisis: presupuesto anual aprobado, la ejecución mensual y lo ejecutado acumulado al mes, con los que realizó una sumatoria.
Millonarias cantidades
Este equipo encontró, tras verificar los fondos ejecutados por mes, que en diciembre de 2021 la administración de Hernández, finalizada el 27 de enero de este año, pagó más de 1,156 millones de lempiras en concepto de prestaciones laborales. Ese monto representa una cifra récord en lo que se refiere a desembolso para saldar las compensaciones en un mes.
Cabe aclarar que ese recurso se destinó tanto al pago de prestaciones de la alta burocracia como a los mandos intermedios y personal base que salieron de la administración anterior por despido o cancelación. Se desconoce hasta el momento entre cuánta gente se repartió ese paquete de 1,156 millones de lempiras.
Otro reporte elevado ocurrió un mes antes las décimas primeras elecciones generales de 2021: octubre, con casi 488 millones de lempiras. Aunque en otros cierres de año desde 2018 a 2020 los recursos se elevaban, diciembre de 2021 se muestra muy por encima del promedio.
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Por ejemplo, en diciembre de 2018 se ejecutaron 649.5 millones de lempiras, por encima de los 334.1 millones de 2019 y los 523.2 millones de 2020. Otro dato que destaca es el de enero de este año, en el que destinaron para prestaciones 125.4 millones de lempiras, más de veinte millones de diferencia con el mismo mes de 2020, que registró 105.6 millones.
En números acumulados, el gobierno de Hernández ejecutó en los últimos cuatro años más de 8,100 millones de lempiras en liquidaciones, lo equivalente a un poco menos de siete veces lo que pagó el Estado por los siete hospitales móviles.
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¿Y las normativas?
A finales del año pasado se generaron críticas feroces contra altos funcionarios que dejaban el gobierno, llevándose consigo una elevada indemnización.
Lisandro Rosales, por ejemplo, quien fungió como secretario de Estado en los despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, fue cancelado de su cargo el pasado 28 de diciembre, entrando en vigor hasta el 27 de enero, cuando la actual presidenta, Xiomara Castro, asumió en funciones.
Rosales, quien también fue director del Sistema de Emergencia del 911, argumentó que él tenía derecho a las prestaciones laborales. “Deben despedirnos con nuestros derechos adquiridos conforme a la Ley del Trabajo”, dijo Rosales en su defensa tras una oleada de críticas por su exigencia.
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El artículo 3 de la Ley del Servicio Civil indica que las disposiciones de la normativa no son aplicables a todos los secretarios de Estados, subsecretarios y sus empleados de confianza, así como a los directores ni al personal de la secretaría de la Presidencia, lo que se conoce como servicio excluido.
En ese sentido, esa normativa precisa que los altos funcionarios no están sujetos a la legislación del servicio civil ni al pago de las prestaciones laborales establecidas en el Código de Trabajo. Además, la Ley General de Administración Pública, en el artículo 35, especifica que los secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales y administradores generales serán libremente nombrados y removidos en cualquier momento por el presidente de la República.
“Por la naturaleza del cargo de un secretario no es posible que se les haya pagado prestaciones”, dijo a través de un mensaje de WhatsApp el abogado Daniel Ordóñez. “Es triste pensar que los altos funcionarios tomaron dinero por concepto de prestaciones a sabiendas de que se trabaja para un país pobre”, agregó.
¿Acto inhumano?
Para el asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Gustavo Solórzano, cobrar esa alta indemnización podría considerarse como un acto de poca humanidad. “Es una injusticia contra el pueblo hondureño que paga sus impuestos para fines de carácter social, para los beneficios comunes y no para lucrar los funcionarios”, expresó en su momento.“Su labor (de los funcionario) era de servicio”, agregó.
El economista Adrián Flores valoró el pago de prestaciones por dos lados: el golpe económico que representó para las finanzas estatales y la poca conciencia de los “funcionarios que buscan sacar a Honduras adelante”. “El Estado no está en condiciones para seguir con las mismas políticas de enriquecimiento. El nuevo de gobierno debe impedir este tipo de actos vandálicos”, comentó.
Si la vieja administración dejó una obesa burocracia con la creación de varias secretarías y subsecretarías, así como otras dependencias, el pago de prestaciones a la alta burocracia terminó por golpear el ajustado presupuesto estatal.
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