Honduras vive un deterioro en materia de la libertad de expresión y prensa

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Las amenazas a medios de comunicación, los ataques a periodistas, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos, así como la criminalización de la protesta pacífica y la desinformación, son afrentas que sufre actualmente la libertad de expresión y libertad de prensa en este país centroamericano.

Estos ataques no son nada nuevos. No obstante, desde finales de la década de 1990 e inicio del presente siglo se intensificaron. Es una escalada que no ha parado desde el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), abarcando la administración de Roberto Micheletti (2009-2010) y los dos periodos de Juan Orlando Hernández (2014-2022). La presente gestión de Xiomara Castro no es la excepción.

En los últimos rankings, tanto el de Chapultepec y como el de Reporteros sin Fronteras, 2022 y 2023, Honduras aparece en la cola de las naciones del mundo más inseguras en materia de libertad de expresión y libertad de prensa. Su ubicación está a la par de las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde los medios de comunicación ya no existen y la persecución a los disidentes que aún quedan es despiadada y letal.

De acuerdo con la abogada Kenia Oliva, una de las más respetadas defensoras de la libertad de expresión, de los derechos humanos y del acceso a la información pública, no se puede ocultar que la libertad de expresión, piedra angular de la democracia, cada vez va en deterioro por algunas acciones provenientes del ámbito estatal, así como de individuos vinculados al hampa.

“La libertad de expresión es la piedra angular de un gobierno democrático, si no la hay, no hay democracia. Lo que estamos viendo ahora es que, desde la administración pública, están atentando contra esa democracia y el Estado de derecho por el cual hemos luchado”, sostuvo Oliva.

También criticó la acción del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) que no solo condenó una manifestación pacífica realizada en Choluteca, contra la aprobación de la ley de justicia tributaria, sino que también ordenó una investigación exhaustiva a los responsables de promover la marcha.

“No se puede atentar contra la protesta pública de la forma en que se ha planteado solo porque las personas que protestan no están a favor o están cuestionando lo que está haciendo el gobierno. Cuando se está desde la administración pública se gobierna para todos y todas.

“El atentar contra la protesta, o amenazar, eso debilita el Estado de derecho”, sostuvo la abogada.También recordó que la amenaza a la libertad de expresión es evidente cuando se ensañan contra los defensores de derechos humanos.

Actualmente “no se puede cuestionar a los actuales funcionarios porque también amenazan con denunciar, con querellar desde la función pública a los defensores que están haciendo veeduría social y cuestionando lo que están haciendo algunos funcionarios públicos”, lamentó.

Oliva rememoró que, si bien, en un inicio el presente gobierno derogó la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, más conocida como ley de secreto, “siguen negando la información pública que no está catalogada como secreta. Están diciendo que no la tienen, que no saben dónde está, y esa es una forma de ocultarla. Asimismo, cuestionó la negativa para despenalizar los delitos contra el honor

Las arremetidas contra la libertad de expresión y prensa se refleja en los datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el cual desde el 2001 a la fecha registra el asesinato de 96 personas vinculadas a los medios de comunicación, el 92% de los casos en impunidad.

Según las estadísticas, 25 víctimas eran propietarios y directores de medios y de espacios noticias, 17 eran presentadores de noticias, pero también han caído fotógrafos, camarógrafos y editores.

Alrededor de 81 medios de comunicación a nivel nacional han perdido a uno de sus miembros. Los hechos sangrientos tuvieron como escenario 49 municipios de 16 departamentos del país. Hay seis departamentos que registran el 76% de los casos: 22 en Francisco Morazán, 19 en Cortés, nueve en Copán, ocho en Yoro, ocho en Atlántida y siete en Olancho.

A nivel de los municipios, el Distrito Central (DC) presenta 22 muertes, 12 en San Pedro Sula, ocho en La Ceiba, cuatro en Danlí, tres en Puerto Cortés, tres en la Entada Copan y tres en Santa Rosa de Copán. El último asesinado fue un editor de Suyapa Medios ocurrida el 31 de enero de 2023.

Otra situación que desde el 2016 afecta a los periodistas y comunicadores sociales es el desplazamiento forzado. Entre el 2016 y 2022 el Conadeh atendió 86 quejas de periodistas y comunicadores sociales, víctimas del desplazamiento forzado por violencia.

De las 86 quejas, la mayor cantidad se dio en 2022 donde se atendieron a 20 afectados. Según los registros del Conadeh, del total de quejas por desplazamiento forzado, el 85 por ciento de las denuncias fueron por amenazas y un cinco por ciento por tentativa de homicidio.

“En el 40 por ciento de quejas atendidas- relacionadas con el desplazamiento- las intimidaciones venían de personas desconocidas, otras provenían de maras, crimen organizado y operadores de justicia.

Los datos revelan, que solo entre el 2022 y 2023 hubo atentados físicos, agresiones, denuncias en los tribunales, amenazas, hostigamiento, intimidaciones y la muerte de seis personas relacionadas con medios de comunicación.

Entre otras amenazas, en el 2022 sobresale el hecho de que el Consejo de Ministros creara la Dirección General de Información y Prensa, asignándole la función de realizar de manera permanente “un monitoreo y diagnóstico de todos los medios de comunicación convencionales y alternativos” incluyendo también las redes sociales.

Ese mismo año la Secretaría de Derechos Humanos desbarató el Sistema de Protección para Periodistas, Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, despidiendo a casi todo el personal y dejando en riesgo a unas 158 personas que se habían acogido a ese mecanismo.

El 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la secretaría de Derechos Humanos, en un pronunciamiento escribió: “Recordamos que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, las diferentes manifestaciones de prensa deben de respetar los derechos fundamentales, donde el ejercicio abusivo de la libertad de expresión sea por una persona particular o un periodista puede estar sujeto al establecimiento de responsabilidades ulteriores”.

Lo más reciente en cuanto a amenazas a la libertad de expresión tuvo lugar hace unos días cuando el CNDS condenó una marcha pacifica realizada en Choluteca contra la aprobación de la ley de justicia tributaria y ordenó se investigue a los responsables de promover la manifestación. Una amenaza muy clara contra el derecho constitucional a la protesta pacífica.

A estas intimidaciones se unió la Secretaría de Derechos Humanos, que -lejos de velar por el respeto del derecho a la libertad de expresión- dijo respaldar “la decisión de la presidente Xiomara Castro a través del CNDS de investigar los indicios vinculados a los actos de amenaza y coacción hacia los trabajadores para protestar en contra de la ley sobre justicia tributaria”.

El actual gobierno también está tras las organizaciones no gubernamentales que mantienen críticas contra el oficialismo, a quienes amenazó con cancelarles la personería jurídica, bajo el pretexto de que no han presentado liquidación, y quienes lo han hecho son hostigadas de otras maneras.

Asimismo, a través de las redes sociales, usando cuentas falsas, se ataca a todos aquellos críticos del oficialismo. Incluso hay funcionaros públicos que a través del ecosistema digital no solo agreden a quienes piensan diferente, sino que también siembran desinformación.

Por otro lado, entre los últimos hechos está el asalto de las turbas oficiales a un medio de comunicación, así como el intento del Congreso Nacional de derogar totalmente el decreto 93-2021, con lo cual se reactivarían los artículos 28 y 153 del Código Penal, según denunció la oposición.

Estos artículos criminalizaban a la prensa y contemplaban responsabilidades penales para dueños de medios de comunicación y periodistas.

Esto es un verdadero atentado a la libertad de expresión. En vez de mejorar vamos en un retroceso. El deterioro es evidente y con la derogación total del decreto 93-2021 se retorna a la criminalización de la cadena de mando de los medios de comunicación, expuso Dagoberto Rodríguez, expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras.

Mientras tanto, Carlos Ortiz, presidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH) expuso que la ruta ideológica socialista que “estamos atravesando” intenta dar zarpazos a la libertad de expresión y de prensa y esto “nos llena de mucha preocupación”.

Muchas “agresiones físicas, psicológicas y de criminalización provienen de parte “de los funcionarios públicos y de los colectivos de Libre (que) están a la orden del día y sin control por parte del Estado”, deploró.

Por su parte, la periodista Dina Meza consideró que mientras en Costa Rica, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, este 23 de mayo reciente, declaró con lugar un recurso legal interpuesto por un periodística contra el presidente Rodrigo Chávez, por las ofensas vertidas en una conferencia de prensa, en Honduras funcionarios de mediana categoría ofenden, denigran, desacreditan y amenazan a los periodistas y no pasa nada.

“En cuanto a libertad de expresión y prensa hemos retrocedido porque siguen las mismas mañas del pasado. Hay un menoscabo de este derecho. Aquí nadie hace nada, ni el Conadeh, ni la Fiscalía se mueven”, como consecuencia se ha incrementado el acoso cibernético hacia los periodistas, las amenazas, directas, el desprestigio, los discursos estigmatizantes contra los profesionales de la comunicación, criticó.

Asimismo, Meza denunció que Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) ha sido víctima del hostigamiento estatal; al personal se le ha montado seguimiento, vigilancia, además de intentos de presión en el área administrativa, situación que ya es del conocimiento de la comunidad internacional.

Para el abogado Rodolfo Dumas, ex vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) la libertad de expresión y de prensa siguen enfrentando los mismos retos que en años anteriores. En el caso de Honduras no se puede obviar el tema de la impunidad en los casos que involucran periodistas, comunicadores y medios de comunicación ya sea por agresiones o asesinatos. Esta es una mancha negra en la imagen del país y que sigue sin atenderse de una manera eficaz, lamentó.

De igual manera criticó las limitaciones que existen en el acceso a la información pública. “Vimos con agrado que se derogó la ley de secretos que era una normativa ilegítima, pero siguen existiendo algunos obstáculos para acceder a ciertas informaciones públicas”.

“Me parece que el Estado como tal tiene una deuda enorme con la prensa en general y sobre todo con la libertad de expresión, que debemos recordar, no es un monopolio de los periodistas o comunicadores, sino que es un derecho humano universal que hoy por hoy está en crisis”.

El acto del CNDS alusivo a una protesta que se dio en la zona sur contraviene todos los principios universalmente aceptados en materia de derecho a la reunión pacífica, derecho a la manifestación pública y particularmente tratándose en ese caso de un asunto de interés general. “Obviamente es una acción que se debe rechazar, no se puede admitir ese tipo de amenazas que denotan un temor del aparato estatal en esos temas puntuales”,

Explicó que el deterioro del derecho a la libertad de expresión es generado por varios sectores. Además del Estado también hay una cantidad de riesgos que provienen de actores del crimen organizado, narcotráfico y también en el tema de las redes sociales donde se ven campañas de descredito o estigmatización contra periodistas y medios de comunicación.

A estos riesgos, ahora también se suman los producidos por la aparición “de la inteligencia artificial que ciertamente en manos de actores corruptos o grupos criminales será una herramienta peligrosa en la difusión de informaciones falsas o de desinformación a las sociedades”, precisó Dumas.