Honduras redujo la tasa de homicidios, pero es la más alta en Centroamérica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pesar de que en los últimos doce años Honduras redujo la tasa de homicidios de 86.5 a 31.14 por cada cien mil habitantes, continúa teniendo los índices de violencia más altos de la región centroamericana.

Como esta medida se realiza partiendo de la población que posee cada país, resulta que Belice es la segunda nación más violenta del área al alcanzar en 2023 una tasa de 21.4 homicidios por cada cien mil habitantes.

Costa Rica, considerada una de las naciones más seguras, en los dos últimos años comenzó a vivir un ascenso de los niveles de violencia llegando el año pasado a tener 17.2 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, la tercera más alta de Centroamérica. Le siguió Guatemala con una tasa de 16.7, luego Panamá con 12 y Nicaragua con 7.

El mejor posicionado es El Salvador, que en menos de ocho años pasó de 106 homicidios por cada cien mil habitantes, a 2.4 en 2023, un descenso marcado por las duras políticas adoptadas por el presidente Nayib Bukele contra las maras y pandillas, así como contra otras organizaciones del crimen organizado.

“La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es de 2.4 y el promedio diario de homicidio anual es de 0.4, esto nos coloca a nivel de América, en el segundo país y el primero de Latinoamérica con la tasa más baja de homicidios, apenas por debajo de Canadá, que cerró con 2.25 homicidios por cada 100 mil habitantes”, destacó el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro.

En la página del Ministerio de Justicia y Seguridad de El Salvador publicaron que el año pasado tuvieron 518 días sin homicidios, destacando la estrategia aplicada en esa nación.

En el caso de Honduras, en el 2011 registró 86.5 homicidios por cada cien mil habitantes. Para combatir el flagelo, el gobierno creó un millonario fondo llamado Tasa de Seguridad, se implementaron leyes como la de escuchas telefónicas, se conformó una Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación (DNII), se crearon las denominadas ciudades seguras -consistía en instalación y monitoreo de cámaras- y se implementó la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Con todo los recurso económicos, policiales, militares, más la logística y tecnología adquirida, el gobierno de corte nacionalista solo redujo la tasa a 40 homicidios por cada cien mil habitantes en 2022, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), cifra que varía en un punto menos comparado con los registros oficiales.

Según este ente universitario, para el 2022 el promedio de homicidios fue de 37.4. Sobre el 2023, la Secretaría de Seguridad reportó una reducción de siete puntos en la tasa de homicidios, cayendo a 31.14, sin embargo, estos datos todavía no son validados por el Observatorio de la Violencia de la UNAH.

En su reciente discurso dado en el Congreso Nacional, la presidenta Xiomara Castro sostuvo que “en el 2023, logramos una reducción de más de 10 puntos en la tasa de homicidios”. Esta cuestionable cifra la acompañó con la noticia de que contabilizaron “48 municipios con cero homicidios”.

Afirmó que con la Policía Militar y las Fuerzas Armadas, se aumentó progresivamente el control de las 25 cárceles a nivel nacional, lugares donde residían los cerebros del crimen organizado.

Expuso que el Centro Penal de la Isla del Cisne es un proyecto de seguridad nacional, de emergencia y temporal para aislar a los cabecillas.

De acuerdo con Fernando García, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), la inseguridad que vive actualmente el país golpea gravemente la inversión nacional y extranjera.

Por la falta de seguridad y la extorsión, las empresas que están operando presentan problemas de competitividad, los micros y pequeños empresarios se ven forzados a cerrar sus negocios y se van del país.

Por otro lado, “nos afecta de sobremanera al momento de atraer inversión extranjera directa. A pesar de que algunas personas no lo entienden, inversión es lo que requiere el país para salir adelante”, dijo. Recordó que para atraerla se necesita tener seguridad jurídica y seguridad ciudadana.

“Las empresas de afuera cuando analizan los índices de seguridad o cuando ven en las noticias, en los diarios lo que está ocurriendo con tanta violencia, obviamente eso las desmotiva”, añadió García.

Según él, un problema grave que hay en el país es que no se sabe cuál es el plan de seguridad, o qué medidas se deben tomar, se desconoce si hay un plan de generación de empleo. Por otro lado, existe una crisis en los operadores de justicia, la Fiscalía no funciona, las cortes tampoco y la misma Policía tiene un problema estructural, condenó.

Lamentó que el desorden sea tal que mientras el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, dice una cosa, la subsecretaria, Julissa Villanueva, dice otra, evidenciando con ello la descoordinación al más alto nivel.

Otro tipo de violencia que a veces no se percibe, es la relacionada con las invasiones de tierra, mencionó.

“Eso nos afecta muchísimo porque también ahuyenta la inversión. El mensaje que se da al inversionista y a la ciudadanía es que no hay imperio de la ley en el país, que cualquiera puede tomar una propiedad y no pasa nada”, lamentó García.

En cuanto a la competitividad por la inseguridad, hay una desventaja clara con El Salvador, con Costa Rica y con Guatemala, comparó, pero obviamente también hay otros elementos que nos dan competitividad, entonces se tiene que hacer un balance, detalló.

Para el abogado, criminalista y catedrático universitario Gonzalo Sánchez, El Salvador redujo más rápidamente la violencia que Honduras porque el presidente Nayib Bukele vio la crisis como una emergencia nacional, como un problema de Estado y no solo como un problema de la Policía.

En El Salvador se conformó un bloque común integrado por el Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia, Fuerzas Armadas, Policía y otras instituciones del Estado para poder enfrentar frontalmente a las estructuras delincuenciales y criminales, agregó Sánchez.

Recordó que ha “venido diciendo que esta es una emergencia nacional. Afecta la inversión nacional, extranjera, el luto que causa en la familia hondureña y que también nos señalan como un narcoestado. Entonces yo creo que hay que ponerle mucha atención al problema social”.

En el caso de Nicaragua, que presenta bajos índices de violencia, el criminalista, sostuvo que “allá hay una dictadura de mano dura. Allá los mareros que ingresan, no salen vivos. No han podido penetrar porque se tiene una buena inteligencia que no permite que los delincuentes ingresen a ese país”, explicó.

Sánchez también lamentó que toda la responsabilidad de los índices de violencia se los adjudique a la Policía, cuando también tiene responsabilidad el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones del Estado.

Rememoró que hace unos días, un individuo asesinó a una dama en Copán y la policía lo capturó de inmediato con la ropa que aparece en el video, con el vehículo y otras evidencias y lo llevó ante la justicia, pero el juez lo dejó libre.

Reflexionó que los policías se juegan la vida arrestando a los criminales pero cuando llegan a los tribunales de justicia por una puerta entran y por otra salen.

“Así no se puede luchar contra la delincuencia y criminalidad, se necesita un bloque común, de lo contrario el país seguirá como el más violento de la región”, reflexionó, al recalcar que eso fue lo que hizo El Salvador, el país con la tasa de homicidios más baja de Centroamérica.