Peajes en carretera CA-5 Norte han generado más de L 5,900 millones a Covi

Tegucigalpa, Honduras.- El cobro de peaje en la carretera más importante y transitada del país, la CA-5 Norte, ha generado más de 5,900 millones de lempiras para la empresa ecuatoriana Concesionaria Vial de Honduras (Covi-H) en más de una década de operación.

El contrato se firmó el 24 de julio de 2012, pero sufrió varias modificaciones. En 2014 se comenzó a cobrar en la primera caseta de peaje, ubicada en Zambrano, Francisco Morazán, mientras que 2015 comenzaron operaciones en los puntos de cobro en Santa Cruz de Yojoa, en Cortés, y Siguatepeque, en Comayagua.

A pesar que la mayor parte de la carretera fue entregada ya construida, con el compromiso del concesionario de realizar varias ampliaciones de la vía, los costos para los usuarios cada año incrementan, debido a que la cláusula 9.4 del contrato de concesión estipula los aumentos con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó las cifras de los informes anuales publicados por la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP), donde constató que los ingresos van en aumento cada año para la concesionaria en cada una de las casetas.

En 2014, por ejemplo, solo se aplicaba cobro en la caseta de Zambrano. En ese entonces, era un experimento, pero recaudaron más de 64.2 millones de lempiras.

Para 2015 ya estaban operativas las tres casetas, que entraron en funcionamiento de forma escalonada, lo que disparó los ingresos y generó una recaudacion de 260 millones de lempiras en los 12 meses.

De 2016 en adelante se ha mantenido una tendencia a la alza, que tuvo una mínima variación con la pandemia de covid-19 2020, pero rápidamente se recuperó en los años siguientes.

Por ejemplo, para 2016 la recaudación fue de 525.5 millones de lempiras y en 2017 ascendió a 550.6 millones.

Para 2023 el monto alcanzó los 796.7 millones de lempiras, mientras que este 2024 ya supera 612.1 millones de lempiras hasta agosto.

Luis Peña, dirigente del transporte interurbano, señaló que cuando se negoció el peaje se hizo un acuerdo con el gobierno para dejar un cobro fijo, pero de repente se firmó otro documento que estipulaba que año con año se iba hacer un incremento.

“A nosotros no nos tomaron en consideración los gobiernos anteriores, y es algo que debe ser discutido y analizado de acuerdo a la necesidad, porque es cierto que en ciertos tramos le dan mantenimiento a la carretera, pero en otros tramos ya está mala”, señaló Peña.

En 2023 por las tres estaciones circularon alrededor de 14.2 millones de automotores. La estación de Zambrano reporta el mayor tráfico vehicular, con el 35% del total.

Le sigue la estación de Yojoa, con el 34%, y la estación de Siguatepeque con el 31% restante.

Peña señaló que ellos son los que más pagan, porque se hacen por eje de rodadura, así que “un carro de dos ejes paga 22 lempiras, pero nosotros tenemos carros de tres, cuatro ejes, y los de carga igual, y es un cobro exagerado, por eso debe ser discutido con nosotros”.

Señaló que los aumentos no solo deben ser con base en “lo que quieran poner los señores de Covi-H”, que son autorizados por el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda.

La caseta más rentable para la concesionaria es la de Santa Cruz de Yojoa, que desde 2015 a agosto de 2024 ha recaudado más de 2,040 millones de lempiras, seguida de la de Zambrano con 1,790 millones y Siguatepeque con 1,779 millones.

Mientras que por TAG, que es un sistema de pago automatizado, sin necesidad de detenerse en una estación de peaje, se ha recaudado más de 369.3 millones de lempiras, establecen los datos analizados por la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus.

Al observar el tráfico por tipo de vehículo en 2023, se estableció que el 73% corresponde a vehículos livianos, seguido de buses de 2 ejes con un 11%.

Los camiones de 5 ejes representan el 8%, mientras que los vehículos exonerados alcanzaron el 2% del tráfico vehicular.

El informe anual del 2023 de la SAPP evidencian que entre los principales problemas están el compromiso de Covi-H para concluir las obras de ampliación en seis pequeños tramos entre Siguatepeque – Taulabé – La Barca, debido a dificultades con la liberación del derecho de vía.

Peña declaró que “tenemos el sector del Lago de Yojoa, que existe a dos carriles, y por eso han habido un montón de accidentes, principalmente en las noches, cuando está lloviendo, porque no se distingue bien, exigimos que terminen esos pedazos de carretera que no están bien construidos”.

A la vez, el transportista calificó como deficiente el trabajo de la SIT en todas las carreteras, debido a que como concedentes no realizan las debidas supervisiones, porque hay grietas y hundimientos en la calzada que representan riesgos.

Citó como ejemplo la falla en el sector de El Carrizal, a la altura del kilómetro 134, a la altura de Taulabé, Comayagua, donde no han reparado el problema, generando muchos riesgos para los vehículos.

De acuerdo al informe de la SAPP, la inversión estimada por los estudios de ingeniería para la carretera debía ser de 121 millones de dólares, pero hasta el momento ha sido superada, con 131.3 millones de dólares, es decir, más de 3,000 millones de lempiras.

“Nosotros pagamos peaje, pero nunca hemos sabido si es lo correcto o es lo incorrecto”, señaló Edgardo Menéndez, dirigente del transporte de carga pesada, al tiempo de lamentar que “existe incumplimiento de Covi-H”.

Expresó que están a la espera que se construyan los pasos a desnivel en los sectores de Villanueva, López Arellano y Choloma, en Cortés. Tampoco se construyeron las áreas de descanso de los transportistas de carga pesada en toda la carretera.

Molesto, el dirigente sentenció que “si quieren cobrar más, definitivamente no lo vamos a pagar, para qué le voy a decir que vamos a pagar más, no vamos a pagar. La ley dice que debemos cobrar tarifa más peaje, y quien nos contrata no nos paga el peaje”.

El superintendente presidente de la Superintendencia de Alianza Pública Privada (SAPP), Mario Alexander Ayala, declaró que hay muchos contratos que son leoninos para el Estado de Honduras, pero se deben respetar por seguridad jurídica.

En el caso de Covi-H, destacó que se están aplicando procesos de fiscalización, “nuestra función es que se cumpla el contrato como está establecido, si encontramos hallazgos a través de la fiscalización o de la parte técnica, nosotros hacemos los ajustes necesarios”.

“Recordemos que esta carretera en principio la construyó el Estado y nuestra filosofía es que los proyectos deben ser construidos por la persona que los va explotar, y que pague por regularización”, destacó.

Explicó que la concesión con Covi-H es un proyecto de mantenimiento, por lo que no se trata de la construcción de una carretera. Sí la han mejorado, pero la vía ya existía.

Ayala sostuvo que como funcionarios respetan el Estado de derecho y, aunque no compartan la forma de cómo se adjudicó el contrato, se respeta, porque es parte de la seguridad jurídica del país.

“Nosotros consideramos que la mayor parte de los contratos son leoninos, pero como estamos en un Estado de derecho, hay que respetarlos, porque es parte de la seguridad jurídica”, insistió.

Sobre los trabajos de incumplimiento de terminar las ampliaciones, explicó que Covi-H tendría que ampliar la carretera a cuatro carriles, pero el problema es que el Estado es el que debe garantizar el derecho de vía, es decir, el gobierno debe indemnizar a las personas que están ocupando los espacios por donde debe pasar la carretera.

Es el Estado el que debe buscar los mecanismos de expropiación por causa de utilidad pública, que se tiene que hacer por medio de la socialización del proyecto con las comunidades que están en la trocha, ya que así lo establece el contrato.

En la actualidad se han aplicado multas por no cumplir con el aporte de regulación del 1% que debe pagar Covi-H a la SAPP, ya que Covi estaba recibiendo ingresos por el tramo de la Villa de San Antonio a Goascorán, y no lo estaban cancelando.

Este trabajo se realizó analizando los informes anuales de la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP) desde que comenzó a operar la Concesionaria Vial de Honduras (Covi-H).

También con los datos proporcionados por las autoridades de la SAPP en base a los últimos informes de fiscalización realizados en el transcurso del año 2024.