L 371 millones ha repartido Luis Redondo en subvenciones sin rendir cuentas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En dos años y cinco meses, el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo ha repartido de forma poco transparente unos 371 millones de lempiras como subvenciones a congresistas, alcaldías y Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

En el 2022 entregó 25.8 millones de lempiras, en el 2023 la cifra ascendió a 222.9 millones y para el 2024 la cantidad ya suman 122.2 millones. Todo sin rendirle cuentas a nadie.

A pesar de que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) anualmente le otorga al Congreso Nacional un diploma de cumplimiento de transparencia en un 100%, en la realidad este poder del Estado está muy lejos de ser un ente rendidor de cuentas y respetuoso de la Ley de Transparencia.

Como en su portal ésta institución únicamente publica el monto general de los subsidios entregados por mes a los diputados, alcaldías y ONG, EL HERALDO Plus le solicitó la lista de congresistas, alcaldías y de organizaciones civiles que en los años 2022, 2023 y 2024 recibieron fondos del presupuesto del Congreso Nacional, así como la cantidad asignada por año, supuestamente para ejecutar proyectos sociales.

La Oficina de Transparencia del Legislativo pidió una prórroga de diez días, sin embargo, vencido este plazo nunca respondió. Como el IAIP se tarda a veces hasta tres años en emitir una resolución, muchos ciudadanos ahora ya no presentan recursos de revisión.

De acuerdo con la opinión de diversos sectores, la entrega de dinero público a diputados y diputadas sin dar cuentas es una práctica vieja para esconder actos de corrupción. Un mal hábito de los políticos que la administración de Luis Redondo no solo la reproduce, sino que la ha superado.

En diciembre de 2018, debido a la opacidad en el manejo de esos recursos -que en los gobiernos pasados se le llamó Fondo Departamental-, las extintas Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público llevaron ante la justicia a cinco diputados y seis exdiputados por el presunto delito de malversación de caudales públicos, caso conocido como “Arca Abierta”.

“¿Por qué cree que al presente Congreso Nacional no le interesa la venida de una nueva misión anticorrupción? Porque investigaría esta distribución de dinero que se hace en el Legislativo y seguramente encontrará la segunda etapa del caso ‘Arca abierta’”, sostuvo Carlos Umaña, diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH).

“Libre superó a los nacionalistas con creces. Salieron alumnos aventajados”. El problema es que las entidades auditoras, como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), no hacen nada al respecto, tampoco el IAIP, criticó.

El congresista explicó que tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Congreso existe un artículo que establece los fondos de ayudas sociales, “el problema es que no hay mecanismo de auditoría. La liquidación está sujeta a lo que entregan los compañeros en la Pagaduría del Congreso Nacional. El Tribunal Superior de Cuentas se supone debe de auditar esos fondos, pero no lo hace”.

Lamentó que el Poder Legislativo no publique la lista de los diputados y de las entidades que reciben subvenciones para que la sociedad le dé un seguimiento a la ejecución de los recursos financieros entregados.

De acuerdo con la poca información que publica el portal del Legislativo, durante el 2022 esta institución entregó 25.8 millones de lempiras en subvenciones, en el 2023 la cifra subió a 222.9 millones y en los primeros cinco meses del 2024 la cantidad ya suma 122.2 millones, para hacer un total de 371 millones en los dos años y cinco meses.

De este monto, 346.2 millones son clasificados como ayudas sociales, 23.2 millones como donaciones a ONG, 1.3 millones donaciones a gobiernos locales (alcaldías). También aparece una donación de 209,500 lempiras a instituciones descentralizadas y otro monto de 100 mil lempiras para el gobierno central.

Los datos revelan que durante el primer año al frente del Congreso Nacional para las subvenciones hubo cierta cautela -con desembolsos mensuales en promedio de 2.2 millones de lempiras-, pero para el siguiente periodo 2023 -tiempo de crisis y anarquía en el hemiciclo- la repartición del dinero público se disparó a 18.6 millones de lempiras al mes en promedio y en el 2024, al ritmo en que se mueve los primeros cinco meses, el reparto superará al año anterior, pues cada mes se acreditan 24.3 millones de lempiras en promedio.

Noviembre y diciembre aparecen como los meses cuando el Legislativo entrega más recursos. El escueto informe mensual dice que la subvención es autorizada después de recibir previamente solicitud de los congresistas, quienes además de lo anterior, presentan por escrito, autorización a favor del Congreso Nacional para que se les realice la deducción de sus sueldos en caso de no liquidar en tiempo y forma el monto recibido.

Una vez revisado el proceso de revisión de las liquidaciones presentadas, estas serán digitalizadas y posteriormente publicadas en el portal del congresista y en la página del Congreso Nacional, dice el informe mensual, pero de eso nada se cumple.

Para Juan Carlos Aguilar, jefe del a Unidad para la Democracia y la Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) este gobierno, “lo que se hizo falsamente” fue derogar el Fondo Departamental, pero por otro lado se dejó en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo un artículo que establece los fondos de ayudas sociales, que es lo mismo.

La dinámica es la misma, el mismo procedimiento, la misma forma de solicitar, la misma forma en que se adjudica y la misma forma en que se ejecuta y no se rinde cuentas”, criticó.

Para Aguilar, los diputados no deberían de administrar fondos públicos para implementar programas sociales, pues son electos para legislar y no para llevar ayuda asistencial a las comunidades.

Las subvenciones generan clientelismo político y conduce a que los diputados permanezcan en campaña política los cuatro años con el fin de asegurar el voto. Esto produce una desigualdad: ¿cómo un rival va a competir con un diputado que usa los fondos públicos para promoverse en su departamento?, cuestionó.

Otro de los temas reprochables es la nula transparencia. No se sabe cuánto dinero se le entrega a cada diputado, “entendemos que no es a todos que se les da, sino solamente a los afines a Redondo”.

El mal uso de los recursos públicos en el Legislativo es histórico, pero la gente de este gobierno que antes criticaba la falta de información ahora en el poder vienen y repiten la opacidad y hasta la superan, dijo Aguilar.

El periodista y abogado Saúl Bueso, experto en el tema de transparencia, relató que él también ha solicitado al Congreso Nacional el nombre de los diputados y cantidad dinero que han recibido como subvención y la respuesta es que todavía no han liquidado el monto entregado.

“Yo no pedí liquidación, pedí el nombre y monto entregado y me salieron con una respuesta evasiva. Pedí una cosa y me contestan otra. No se respeta la Ley Transparencia”

La opacidad del Congreso Nacional y de otras instituciones públicas aumenta su desprestigio y borra la ya poca credibilidad, enfatizó Bueso