Tres años de Castro: deudas en justicia y retrocesos en ambiente

Tegucigalpa, Honduras.- Xiomara Castro acumula este lunes 1,096 días (exactamente tres años) al frente de Honduras, dejando un sabor agridulce entre la población porque no ha podido ejecutar muchas de las cosas que prometió, especialmente en temas ambientales, sociales y de gobernanza.

Las deficiencias, según expertos, se ven reflejadas en problemas históricos, como la situación en el sistema de salud, educación y seguridad, pero también en propuestas que no se aprobaron en el gobierno anterior y que Castro retomó con la idea de acabar con la corrupción e impunidad. La Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) es un ejemplo claro.

Con 22 promesas lanzadas sobre la mesa, la presidenta pasó de concretar 9 en el primer año a 13 en el segundo, pero en el tercero más bien retrocedió (con 12 ejecutadas), pues entre decretos aprobados y decisiones aplicadas dio marcha atrás en temas ambientales, económicos y de justicia.

“Este gobierno habló de una refundación y no ha hecho lo esencial en materia de refundación”, cuestionó el economista y político del Partido Libertad y Refundación (Libre), Nelson Ávila.

Para Ávila no se puede hablar de refundar al país, si no se transforma el sistema educativo, porque “el sistema educativo es la piedra angular de todo proceso de desarrollo”.

El experto —quien tiene ocho títulos universitarios — condenó que la gestión de Castro ha estado por debajo de las expectativas de quienes le dieron el voto, no solo en temas de educación en los cuatro niveles (prebásica, básica, media y superior), sino de salud, seguridad, desarrollo humano, violencia, seguridad democrática, justicia y respeto al Estado de derecho.

Este rotativo analizó los indicadores (normativas aprobadas, medidas implementadas, acciones realizadas o fondos asignados para proyectos) para evaluar en qué estado se encontraba cada una de las 22 propuestas de Castro. El resultado fue preocupante: apenas 12 cumplidas, 3 tuvieron un retroceso, 3 fueron incumplidas y 4 estaban en proceso.

La mayor preocupación, según los analistas, es que dos de las tres promesas en las que en su momento hubo avances y luego más bien un desfase, fueron de temas relacionados con la justicia y el medio ambiente. La tercera fue por el incremento en las tasas de los préstamos del 4 al 5.75%.

Por ejemplo, Castro prometió trabajar “conjuntamente en la protección del medioambiente” con las Fuerzas Armadas.

En 2023, este rotativo la tomó como promesa “cumplida”, pero para este 2025 hubo un retroceso, ya que la intervención que había ordenado en la zona núcleo de parques nacionales y reservas naturales fue suspendida, porque el gobierno firmó una tregua con un grupo de ganaderos para no realizar desalojos en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024.

EL HERALDO Plus consultó al Instituto de Conservación Forestal (ICF) si la medida continuaba vigente, a lo que respondió que estaban “aplicando la gobernanza y monitoreando la deforestación. Además, se siguen con patrullajes e inspecciones”, dijo en un mensaje a través de la oficina de relaciones públicas, Luis Soliz, titular de esa institución.

“Se están actualizando las estrategias según áreas protegidas, se han identificado los delitos ambientales, los cuales están en proceso de autorización de un juez”, informó, dejando claro que no están realizando desalojos en las zonas núcleo.

Durante la actual administración también se reportó el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el 14 de septiembre. Aunque un mes después se logró la captura del presunto responsable, sectores sociales y ambientalistas, tanto a nivel nacional como internacional, continúan exigiendo justicia. Persiste la percepción de que la investigación avanza con lentitud y que los autores intelectuales del crimen aún no han sido llevados ante la justicia

Otra de las promesas de Castro que muestran un retroceso es la de “libertad para los presos políticos de Guapinol”, pues aunque la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó en 2022 darles sobreseimiento a los implicados, el año pasado, la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, resolvió un recurso de apelación a favor de la Fiscalía de Tocoa y ordenó revocar por unanimidad la decisión.

Sumado a esto, hay tres promesas que están en la categoría de “incumplidas” porque no ha existido ni la disposición ni los votos en el Congreso Nacional para concretarlas, dicen los analistas.

Una de ellas está relacionada con la violencia contra la mujer. Castro acordó “cerrar la brecha y generar las condiciones para que nuestras niñas puedan desarrollarse plenamente y vivir en un país libre de violencia”, pero no ha cumplido, ni siquiera implementando el Estado de excepción.

Solo en su gestión (desde enero de 2022 hasta los primeros 20 días de 2025) se contabilizaron 932 femicidios, lo que deja en evidencia que las estrategias aplicadas no están funcionando. En 2024, los casos disminuyeron, aunque organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres cuestionan la responsabilidad del Estado en estos crímenes por no intervenir de forma acertada con políticas adecuadas.

La medida que sí fue aplaudida en 2024 fue la aprobación de la Ley de Casas Refugios para las mujeres víctimas de violencia, aunque se desconocen sus alcances.

De acuerdo con Nelson Ávila, la violación y el irrespeto del gobierno al Estado de derecho influye en el incremento de la violencia, así como la eliminación de acuerdos, como el tratado de extradición con Estados Unidos, que fomentaba una lucha contra el narcotráfico y crimen organizado.

Esto, según Ávila, también influye en otra de las promesas de Castro: la instalación de la CICIH, que EL HERALDO la categorizó como “en proceso”.

El gobierno dice que aún están en negociaciones con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero a criterio de Ávila con el tiempo que falta para que culmine esta gestión y, sobre todo, con las elecciones, “será otra de las promesas en las cuales van a tratar de darle la responsabilidad a otros que en realidad no hicieron lo que debían haber hecho”.

Ávila sustentó que “las Naciones Unidas saben muy bien que no van a venir aquí con un gobierno languideciendo. Y además, un gobierno que estuvo muy lento para cumplir con algunas de las condiciones o requisitos para que la CICIH estuviese aquí”.

Aunque Castro suma 12 promesas cumplidas (el 55% del total), expertos cuestionan que en algunas se debió enfatizar en los efectos a largo plazo en la población, especialmente porque no fueron muy específicas o superficiales.

Un ejemplo claro fue la promesa de retornar a las aulas de clase, sin embargo, no hablaron de las reformas necesarias para mejorar la calidad educativa en todos los niveles académicos, de acuerdo con Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia y Justicia en la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).

“Qué tipo de educación están recibiendo los niños, los adolescentes en el país, en donde realmente se ve ese reflejo, hablando con autoridades universitarias, de que se siente ese bajón de poca preparación, una vez que estos muchachos llegan a la universidad”, cuestionó.

Sobre el sistema de salud, otro de los temas que muestran pocos o nulos avances, el experto lamentó que haya una crisis en los hospitales y el seguro social porque no hay medicamentos, la mora quirúrgica es bastante alta y conseguir una cita en alguna especialidad demora muchísimo.

“La gran mayoría sí vive esas grandes falencias que se están manejando a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel de extorsión, en temas de seguridad, que no ha sido atendida de manera integral y, sobre todo, temas de independencia, vinculados a buscar el fortalecimiento del Poder Judicial, del mismo Ministerio Público, se está negando mucho la utilización y la instrumentalización de la justicia, y tampoco se ha esclarecido muchas de las situaciones que se están manejando desde esos poderes del Estado”, condenó.

Recordó que para solucionar muchos de estos problemas se necesitan fondos y reformas desde las instituciones, pero lastimosamente, gran parte del presupuesto se va para sueldos y salarios, o terminan “abonando para temas asistencialistas”, justo como se hacía en gobierno anterior, y se sigue replicando en la actualidad.

La gestión de Castro, por ejemplo, sigue facilitando a la población el bono para fomentar el agro (bonos ganaderos). Además, aprobó la Ley de Programa Nacional de Intervención y Reconstrucción de Caminos Productivos para facilitar el traslado de cultivos que transitan por carreteras destruidas.

En 2022, Castro prometió poner especial atención “en el desarrollo agroforestal”. Esta promesa fue calificada como “cumplida”, aunque expertos cuestionan que existen muchas deficiencias en el agro, lo que está vulnerando la soberanía alimentaria.

Otra de las promesas calificadas como cumplidas, es en torno a la niñez, personas con discapacidad, pueblos indígenas y afrodescendientes, así como la población LGTBI, ya que crearon la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para atender a los grupos vulnerables.

Asimismo, el gobierno de Castro cumplió la promesa de crear la Ley de condena al golpe de Estado que destruyó el hilo constitucional, así como la Ley de Amnistía para los presos políticos. Ambas fueron aprobadas en 2022.

Una de las promesas cumplidas recientemente, cosa que no pudieron hacer a través del Congreso Nacional, fue derogar los decretos de las ZEDE. Fue a través de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que los magistrados declararon de forma inconstitucional las ZEDE, pues aunque el proyecto derogatorio sí fue aprobado en el Congreso, no lograron ratificarlo.

“Celebramos un avance importante en la defensa de nuestro Estado de derecho y la soberanía nacional con la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico”, dijo en ese entonces la presidenta de la CSJ, Raquel Obando.

Aseguró que “las ZEDE, en su implementación, suscitaron preocupación sobre la capacidad del Estado para ejercer plenamente su autoridad en determinadas zonas del país, así como sobre el equilibrio entre la promoción de la inversión y el bienestar de nuestra gente”.

Para algunos analistas, las promesas de Castro solo forman parte del bienestar político de su partido y no han buscado el bien común de toda la población.

Incluso, dijeron que “ha quedado a deber en estos tres años y simple y sencillamente tiene meses para dejar establecido siquiera una política coherente y que el pueblo hondureño la pueda recordar como alguien que intentó hacer algo”, aseguró el abogado Oliver Erazo.

“Hasta este momento los hondureños no la podemos recordar como que quiso hacer algo porque simple y sencillamente no ha hecho nada”, expresó.

El experto hizo un análisis de la gestión de Castro en estos tres años, afirmando lo mismo que comentó Ávila y Aguilar: existe un deterioro en las condiciones de salud del pueblo hondureño, en educación la situación “es crítica”, está el incremento al desempleo, la migración y las pocas políticas que ha fomentado no impulsan la inversión.

Solo en Educación, el analista rechazó que el gobierno no ha hecho entrega del 6% del presupuesto a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), institución rectora de la educación superior de Honduras.

“El hecho de no respetar ese 6% que se ha asignado cabalmente, eso implica un retroceso en el desarrollo humano del país, eso implica un retroceso y una violación directa a preceptos constitucionales, al proyecto de vida de más de 70,000 estudiantes que vienen del estrato social más humilde de la población hondureña, que ha accedido a estudiar en la universidad para sacar adelante el país a través de la ciencia, de la tecnología y a su núcleo familiar”, especificó.

De las 22 promesas hechas por Castro, solo 1 estaba relacionada con educación (el retorno a las aulas de clase), mientras que el 73% de los casos mencionaba temas de democracia y lucha anticorrupción, economía, justicia o temas sociales. Dos fueron de temas medioambientales y el resto de derechos humanos, educación, tecnología y política exterior.

De las promesas cumplidas, el 33% (3 de cada 10) correspondían a temas sociales, 25% a justicia y el mismo porcentaje en economía.

Para Erazo, no se puede hablar de cumplimiento en las promesas cuando Castro ha retrocedido en temas puntuales, como la lucha contra el narcotráfico y corrupción.

“Retrocedimos, eliminamos, denunciamos el tratado de extradición. Se ha traído condiciones gravísimas y hemos retrocedido por lo menos veinte años. Hoy estamos peor que hace veinte años en el tema de combate al delito internacional”, advirtió.

Sobre el tema medioambiental, comentó que es difícil para ellos cumplir una promesa de gobierno cuando “en su momento me imagino que su mismo núcleo familiar se ha dedicado al tema de la explotación del bosque. Es como contradictorio, querer poner limitantes a lo que ha sido el rubro de la familia, aunque en su momento pudo haber sido el rubro de la familia. Igual, el tema de minería, el tema de recuperación de zonas núcleos”.

Erazo afirmó que “es más el discurso que las acciones concretas”, porque, incluso, la presidenta prometió fortalecer las relaciones exteriores, pero con su mayor aliado comercial, Estados Unidos, más bien generó “un discurso de tensión”, que, de seguir así, puede tener un impacto en el apoyo.

Para los expertos, cuando ya solo falta un año de gobierno, a Castro solo le quedan tres opciones: ejecutar el presupuesto como debe de ser, dejar una propuesta de reforma al sistema educativo, de salud, seguridad y, por último, dejar un plan para reducir la pobreza y combatir la corrupción.