Tegucigalpa, Honduras.- Declaraciones falsas, engañosas, inexactas y hasta sin evidencia brindaron algunos funcionarios y personajes políticos en relación con diversos temas de interés nacional durante todo el 2024.
En un contexto político cada vez más polarizado y lleno de desinformación, el fact-checks o la verificación de hechos se ha vuelto esencial para garantizar que la población reciba información veraz y confiable de las autoridades.
Es por eso que a lo largo de este 2024, un año preelectoral en Honduras, EL HERALDO Verifica ha jugado un papel crucial al desmentir diversas afirmaciones que han circulado en el ámbito político, donde muchas de ellas buscan distorsionar la opinión pública.
A continuación, presentamos el recuento de los 10 fact-checks políticos realizados por EL HERALDO Verifica:
Detallando una serie de logros durante sus dos años de gobierno, la presidenta Xiomara Castro presentó su discurso en cadena nacional el 1 de enero de 2024.
La verificación, que fue realizada a cuatro frases de Castro, se saldó en tres imprecisiones y una verdad.
Castro se refirió a varios temas, de los que destaca el aumento en la deuda pública, la cual fue inexacta; la ejecución presupuestaria, que también resultó inexacta; que Honduras es la sexta economía con mayor crecimiento en América Latina (según la Cepal), lo es cierto; y la disminución de los homicidios en el país, la cual fue inexacta.
Los presidentes de los tres poderes del Estado, Xiomara Castro (Ejecutivo), Luis Redondo (Legislativo) y Rebeca Ráquel Obando (Judicial) expusieron su informe de logros de sus respectivas gestiones, el 25 de enero de 2024, en la instalación de la tercera legislatura del Congreso Nacional.
Entre sus declaraciones, resultaron afirmaciones falsas, verdaderas, engañosas y otras que carecen de sustento.
La mandataria Castro habló sobre la baja de la inflación, la producción de granos básicos, los municipios libres de analfabetismo, pobreza, incautación de drogas, entre otros temas.
Por su parte, Redondo se refirió a la producción de la entidad que preside, las funciones, constituciones de la Comisión Permanente
Y la titular de la CSJ señaló la mora judicial en el caso de las muertes de mujeres, que resultó inexacta.
El canciller Eduardo Enrique Reina afirmó que el gobierno pasado dejó una deuda pública de 20,000 millones de dólares, por los que se pagan anualmente 1,500 millones.
“Se siguen pagando solo de los 20,000 millones (de dólares) de deudas que dejaron, unos 1,500 millones anuales del servicio de deuda”, declaró en su cuenta de X.
Sin embargo, su afirmación es falsa. Los datos de la Secretaría de Finanzas muestran que la deuda pública (compuesta por la interna y externa) asciende, hasta el 31 de marzo de 2024, a los 16,421.7 millones de dólares.
Por ese monto, el gobierno hondureño paga anualmente 2,089.6 millones de dólares, no 1,500, como afirmó Reina.
En respuesta, a este equipo, Reina aseveró que la deuda pública de Honduras es de aproximadamente 20,000 millones de dólares, incluyendo el adeudo de las municipalidades y el de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
“Según el BCH, a marzo de 2024, (la deuda pública) es de 16,421.7 millones (8,271.3 de deuda externa y 8,150.4 millones de deuda interna). Si sumamos gobierno central, ENEE y deuda de municipalidades rondamos en los $20,000”, afirmó en un posteo en contestación a su afirmación pasada.
Sin embargo, su afirmación no tiene evidencia que la respalde. Ni la Secretaría de Finanzas ni el Banco Central de Honduras (BCH) muestran que la deuda pública de Honduras es de 20,000 millones de dólares.
Finanzas indica que, al 31 de marzo, la deuda pública es de 16,421.7 millones de dólares, mientras que el BCH la sitúa en 15,338.41 millones.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, afirmó que no puede presentar ante el pleno del Congreso (los 128 diputados), ni tramitar la renuncia de Salvador Nasralla como designado presidencial, ya que al permitirlo constituiría una “violación a la Constitución de la República porque apoyaría una reelección presidencial”.
“Cumpliendo con mi deber de proteger, cumplir y hacer cumplir la Constitución, no puedo someter al pleno, ni dar trámite a esta solicitud que lo que pide es violentar la Constitución, violentar los artículos pétreos de nuestra Constitución y no voy a apoyar ningún tipo de reelección presidencial”, aseguró el 25 de abril de 2024 en su perfil X.
Sin embargo, su afirmación es incorrecta. El artículo 205, en el numeral 12 de la Constitución de la República establece que una de las atribuciones del pleno es decidir sobre la renuncia de los designados presidenciales, como es el caso de Salvador Nasralla.
Además, el 27 de enero de 2022 Nasralla asumió como designado presidencial, no como titular del Poder Ejecutivo, como afirmó Redondo.
El ahora consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, aseguró que el diputado y precandidato presidencial, Jorge Cálix, fue expulsado del partido Libertad y Refundación (Libre).
“El expediente o el recurso de echarle la culpa a Mel es una práctica deportiva de la política en Honduras, y ya no pega especialmente cuando lo hace alguien que fue expulsado de Libre por traición”, afirmó Ochoa.
Sin embargo, no es cierto. Pese a que en enero de 2022 la presidenta Xiomara Castro informó de la expulsión de los diputados disidentes de Libre por la crisis en el Congreso, el Tribunal de Honor no procedió en la formal separación de Cálix y el grupo de congresistas, por lo que todo se quedó en un arreglo político entre el precandidato presidencial y el coordinador del partido, Manuel Zelaya.
Cálix había sido expulsado verbalmente la noche del 21 de enero del partido por la propia presidenta Xiomara Castro, por desacatar la línea oficial de Libre y por recurrir a negociar con el Partido Nacional los 86 votos necesarios para asumir la presidencia del Congreso Nacional.
Cálix y Zelaya con la presencia del grupo de todos los parlamentarios considerados como “disidentes” firmaron el documento titulado “Compromiso por la Unidad Partidaria y la Agenda Legislativa 2022-2026”, que contenía un total de ocho puntos que debían comprometerse las autoridades del partido oficialista y los parlamentarios para el período 2022-2026.
El precandidato del Partido Liberal, Luis Zelaya, afirmó que “ni (Jorge) Cálix ni (Salvador) Nasralla cumplen los requisitos establecidos en los estatutos para aspirar a un cargo de elección popular (en el Partido Liberal)”.
No obstante, es falso. El artículo 9 de los estatutos del Partido Liberal establece que sus miembros, para poder aspirar a cargos de elección popular, lo pueden hacer acreditando su membresía de integrantes de la entidad y cumplir con lo que estipula la Constitución y la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas.
La normativa sí limita a los miembros para optar por puestos dentro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, con cuatro años de militancia como requisito.
“Para optar a cargos de elección de los órganos del Partido se requiere un tiempo mínimo de afiliación de cuatro años, ser de reconocida solvencia moral y de destacada militancia partidaria”, dice textualmente el artículo 9.
El 10 de julio de 2024, el Partido Liberal aceptó la petición de admisión de Salvador Nasralla y Jorge Cálix como miembros de la entidad.
La presidenta Xiomara Castro disertó el miércoles 25 de septiembre de 2024 en la 79 asamblea general de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En sus declaraciones, deslizó aseveraciones falsas, engañosas, unas que carecen de evidencia y verdaderas.
Castro se refirió a los logros de su gobierno y a ciertos temas internacionales, como el caso de Cuba y Venezuela, así como a los efectos de la guerra entre Israel y Hamás.
El primer punto abordado por Castro fueron las ZEDE, que es cierto que fueron derogadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ); en el caso de la reducción de la pobreza en 12 puntos porcentuales resultó engañoso. Castro obtuvo una declaración falsa al asegurar que Honduras tuvo una disminución de 15 puntos en los homicidios.
Del mismo modo, la mandataria hondureña afirmó que Honduras cuenta con los precios más bajos de Centroamérica, declaración que resultó falsa, así como el aumento en la producción de grano básico en la siembra de primera y postrera con más de un millón y medio de bonos tecnológicos.
El pasado 8 de noviembre, Canal 8, el estatal, publicó en redes sociales y su sitio web una pieza informativa acompañada de imágenes de una supuesta encuesta atribuida a la encuestadora mexicana Tresearch International, que situó a Rixi Moncada como la política mejor posicionada de la nación en octubre de 2024.
“La prestigiosa encuestadora internacional TResearch, ha publicado una encuesta en donde resalta que la precandidata por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, es la figura política más aprobada por los hondureños”, dice textualmente la publicación.
Pero no hay evidencia, pues no se encontró registró de la encuesta en las redes sociales ni en el dominio de Tresearch. Una búsqueda en las redes sociales de la encuestadora Tresearch (X, Facebook y Linkedin) no mostró resultados que confirmen la existencia de tal estimación.
Tampoco se encontró la encuesta en el sitio web. De hecho, el estudio publicado más reciente data del 6 de marzo de 2024, que trata sobre los refugiados en México. Pese a que la encuestadora tiene más de 6 años de estar registrado, en el dominio, el estudio más antiguo es del 14 de mayo de 2022, sobre la pobreza en México, y realizado por Carlos Penna.
El pasado agosto de 2024, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, se ha referido a la ejecución del Plan Solución Contra el Crimen, marcando la reducción de los homicidios en Honduras, dejando aseveraciones con falsedades e inexactitudes.
En primer lugar, Sánchez aseguró que la reducción en el 2024 en la tasa de homicidios será casi la misma que en los últimos dos años, es decir, 7 puntos. No obstante, la reducción en la tasa de homicidios fue de 3.57, y no 7 puntos, como aseveró el funcionario hondureño con relación a los últimos dos años a los que hace mención.
En segundo lugar, el funcionario hondureño aseveró que más del 30% de los municipios hondureños, es decir, 91, no presentan incidencias de homicidios, existiendo una inexactitud con el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), que reflejó un total de 99 (el 7 de julio de 2024).
Asimismo, declaró que en los primeros dos años de gobierno, se ha reducido casi 8 puntos, lo cual resultó falso. Al hacer la operación entre ese año calendario, la tasa representó los 3.57 puntos por cada 100,000 habitantes explicados anteriormente (resta de la tasa de 41.71 y 38.14).
Mientras que en 2023, el año más reciente con datos disponibles, se registraron 3,035 homicidios, lo que resultó en una tasa de 31.14, de acuerdo a la Sepol.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, aseguró que la moción para interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, se encuentra al margen de la Constitución.
“La moción de orden que pretendió presentar el Partido Nacional para interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras no procede jurídicamente darle ningún trámite o curso legal en el Congreso Nacional, ya que lo que pretendía solicitar el Partido Nacional se encuentra jurídicamente al margen de la Constitución”, afirmó en un documento que difundió en su perfil de X.
Pero es falso. Según la Constitución es atribución del Congreso dar trámite a mociones de interpelación (recurso parlamentaria que permite a los legisladores convocar a un funcionario del gobierno para que comparezca ante el Congreso y responda preguntas sobre su gestión, decisiones o acciones específicas) a secretarios de Estado y funcionarios de cualquier otra entidad. No prohíbe este mecanismo interpelar al jefe de las Fuerzas Armadas.
El artículo 205 de la Constitución de la República, en el numeral 22, referente a las atribuciones del Congreso, establece que es función del Parlamento interpelar a secretarios del Estado y otros funcionarios de “cualquier entidad”, sin hacer excepciones.
“Interpelar a los Secretarios de Estado y a otros funcionarios del gobierno central, organismos descentralizados, empresas estatales y cualquiera otra entidad en que tenga interés el Estado, sobre asuntos relativos a la administración pública”, indica.
