Además, el depurador expresó que no se le investigó la parte financiera familiar porque la comisión no tenía la facultad para evaluar el patrimonio de los policías ya “que el monopolio de la acción, particularmente de la investigación y persecución en este tipo de supuestos delitos, sabemos que es el Ministerio Público (minuto 1:10)”.
De igual manera, en diferentes medios de comunicación Rivera afirmó que no se había depurado a Sauceda porque se “desconocía” que este oficial estuviera involucrado en actos ilícitos.
El 11 de febrero, a pocos días de su ascenso como comisionado general, Sauceda fue capturado luego de que la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-Apol) le incoara un proceso judicial por el delito de lavado de activos, al no poder justificar un capital de 13.8 millones de lempiras.
Según la acusación contra Sauceda, en fecha 26 de agosto de 2016 “el Ministerio Público recibió a través del Módulo de Recepción de Denuncias, de parte de los miembros del grupo legal de la depuradora, documentación relacionada con ilícitos cometidos por miembros de la Policía Nacional, entre estos el general de la Policía Nacional, Leonel Sauceda, que consta en expediente No. DECC-EP 135-2012”.
El 12 de abril de 2016, Rivera, el pastor Alberto Solórzano y la abogada Vilma Morales fueron nombrados para ejecutar la limpieza de una Policía infiltrada por el crimen organizado y el narcotráfico, para lo cual el Poder Legislativo emitió el decreto de emergencia 21-2016, que manda a realizar “un proceso de depuración real y efectivo de la Policía Nacional”.
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El artículo 2 de este decreto establece que “son justas causas de cancelación por despido de cualquiera de los miembros de la Policía la falta de idoneidad para el ejercicio de su función o la pérdida de confianza”.
El artículo 4 establece que la comisión especial en el proceso de depuración tiene las atribuciones siguientes: “Determinar la idoneidad en el servicio como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial”.
Como no tenían reparo en firme ni sanción disciplinaria, una buena parte de agentes y oficiales fueron separados de la Policía, bajo la modalidad de restructuración, luego de que la comisión depuradora tomara en cuenta varios indicios de actuaciones al margen de la ley y los considerara no idóneos para la función policial.
En enero de 2019, cuando la comisión encargada de la limpieza de la institución policial tenía 31 meses de operación, había retirado a 5,635 elementos de esa entidad: 5,038 eran agentes y oficiales y 597 separaciones correspondían a personal auxiliar, la mayoría bajo la modalidad de restructuración.
En una treintena de comunicados emitidos sobre los agentes y oficiales separados se estableció que luego de la información analizada se procedió a “cancelar por reestructuración, en razón de la nueva estructura organizacional de la Policía Nacional, aprobada por la Comisión Especial, a los (oficiales) siguientes” y daba el listado con rango, nombre y apellido.
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En su momento, luego de su separación, el subcomisario Pastor Ortiz Paz sostuvo: “Me voy a morir con ese deseo de saber por qué me botaron y cuál fue el motivo”. Explicó que la notificación de su cancelación únicamente decía “por reestructuración”.
Incluso en enero de 2019, los depuradores dejaron fuera del listado de ascensos a diez oficiales de la Policía. En ese entonces, Rivera expresó que 'se recomendará que asciendan los idóneos; aquellos que no tienen cuentas pendientes con la justicia, ni quienes están siendo investigados por la supuesta comisión de delitos graves”.
Merece apuntar que Sauceda, quien fungió como director de Tránsito, portavoz de la Policía Nacional y titular de las jefaturas metropolitanas de San Pedro Sula y Tegucigalpa, y recientemente había sido nombrado como jefe de Recursos Humanos de la institución, fue suspendido temporalmente de su cargo mientras enfrenta el proceso.
Conclusión:
Lo expresado por Omar Rivera de que a Sauceda no se le obstaculizó su ascenso a comisionado general porque “no existía reparo en firme, no existía sanción disciplinaria” es falso, porque otros oficiales no tenían reparos ni sanciones disciplinarias y en enero de 2019 no fueron ascendidos por disposición de la comisión; mientras que otros fueron separados de la institución porque los depuradores tenían indicios de una turbia conducta.
Asimismo, que Rivera diga que la comisión no contaba con la facultad para investigar el patrimonio de los policías también es falso ya que el decreto de emergencia 21-2016 para la depuración policial le atribuyó la obligación de determinar la idoneidad en el servicio, así como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad de los policías.
Igualmente, lo manifestado de que a Sauceda no se le depuró porque se “desconocía” que estuviera involucrado en actos ilícitos es falso porque fue la misma Comisión depuradora la que llevó al Ministerio Público la documentación para que se terminara de investigar al oficial.
Reacción
Así reaccionó Omar Rivera ante la verificación de sus expresiones sobre el porqupe no se había tomado acciones contra el comisionado general Leonel Sauceda. Aquí copia íntegra de lo que el depurador escribió y envió a este diario:'Que bien que cada quien ha hecho lo que corresponden en el proceso de depuración policial'
Para el miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, Omar Edgardo Rivera Pacheco, las acciones que los entes contralores del Estado e instituciones operadoras de justicia han ejecutado, ejecutan y ejecutarán en el futuro cercano en contra de oficiales y agentes de escala básica depurados o activos es una acción inequívoca de la coordinación, articulación y complementariedad de acciones al proceso impulsado, en los últimos 4 años, por esa instancia depuradora, a fin de hacer una profunda profilaxis en este ente armado.
'Nadie tiene que alarmarse; estos son polvos de viejos lodos', sentenció el depurador.
'Cada quien en el ámbito que le corresponde; la Comisión Especial evaluando idoneidad y verificando el cumplimiento del régimen disciplinarios, la Secretaría de Seguridad en lo concerniente a lo administrativo y laboral, y los entes contralores del Estado e instituciones operadores de justicia deduciendo responsabilidades civiles y penales', expresó el dirigente de la sociedad civil.
Rivera Pacheco valoró como positiva la complementariedad de las acciones de todos los involucrados en el proceso de investigación, juzgamiento y sanción de oficiales, agentes y personal auxiliar que hayan cometido delitos; 'si cada quien cumple su misión avanzaremos en el proceso combate a la corrupción y en procura de revertir la impunidad que ha prevalecido en la país ancestralmente', apuntó.
'Los miembros de la Comisión Especial no somos detectives, agentes de investigación criminal, fiscales, jueces o magistrados, por lo que no tenemos las facultades que estos funcionarios tienen; ellos complementan nuestro rol evaluador de la idoneidad y confianza de los miembros de la carrera policial, por lo que es normal que tengan más información en sus manos que la que normalmente encontramos en los manipulados archivos policiales', dijo.
Omar Rivera aseguró que 'lo que sí hizo la Comisión Especial fue cancelar a más de 6 mil policías que no tenían el perfil profesional para prestar eficientes servicios a la población y remitir toda la documentación al MP, relacionada a casos de supuesta comisión de delitos para que actuara conforme a Ley'.
'Nosotros hemos hecho un esfuerzo responsable y en función de nuestras responsabilidades asignadas; evaluamos a más de 13 mil policías que encontramos en 2016 en la institución e impulsamos la aprobación de un nuevo marco legal policial y modernizamos el modelo educativo y el sistema de investigación criminal', culminó indicando Rivera.
