74 áreas solo están protegidas en papel: hay asentamientos, narcopistas y deforestación
La extensión territorial de las áreas protegidas equivale a 35,668 hectáreas. Para 2020 se perdió lo equivalente a 128,566 veces el Estadio Nacional Chelato Uclés
El Chimbo forma parte del parque La Tigra. Ambos mapas satelitales son del mismo lugar, pero muestran el crecimiento de asentamientos habitacionales durante 22 años. La línea divide la zona de amortiguamiento de La Tigra.
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TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los bosque en Honduras están siendo sustituidos por proyectos habitacionales, por tierras dedicadas a la ganadería, agricultura o siembra de café.
El impacto ha sido tan grande que para 2020 el Instituto de Conservación Forestal (ICF) registró 87,746 hectáreas de bosque perdidas por estas causas, es decir, el equivalente a 128,566 veces el tamaño del Estadio Nacional Chelato Uclés, que mide 105x65 metros.
El mayor problema es que muchos de estos bosques lacerados están dentro de las llamadas áreas protegidas o “porciones de territorio delimitadas geográficamente” y “colocadas bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza o conservar el patrimonio ambiental”, según define la Ley de Protección Forestal, sin embargo, esto se queda solo en papel.
Un ejemplo claro es la Reserva de la Biósfera del Río Plátano, donde además de una carretera ilegal que pasa por las entrañas del declarado patrimonio de la humanidad, hay asentamientos humanos en la zona núcleo y hasta narcopistas, según constató este rotativo.
Se trata de una zona declarada como zona especial de interés mediante el decreto ejecutivo PCM 010-2011, sin embargo, entre 2012 y 2021 había 205 pistas clandestinas en la zona cultural y de amortiguamiento. Para fortuna de la naturaleza, en la zona núcleo no habían narcopistas construidas, al menos hasta 2021.
Si tomamos en cuenta que cada narcopista medía en promedio 1000 metros de largo por 15 de ancho (en este espacio se siembran 417 árboles latifoliados), esto significa que para construirlas tuvieron que cortar 85,485 árboles.
A esto se suman más de 30 mil hectáreas de bosque que se perdieron por la construcción de la carretera y las hectáreas usadas para la ganadería, lo que se traduce en un grave impacto ambiental.
No hay protección
En el país se contabilizan 74 áreas declaradas como protegidas en 35,668.48 kilómetros cuadrados. Esto significa que si la extensión territorial del país es de 112,492 kilómetros cuadrados, el 31% del corresponde a zonas para preservar, ya sea terrestres o marítimas.
Aquí hablamos de reservas, parques nacionales, islas, montañas y hasta lagos afectados por la deforestación y contaminación, debido a que “es difícil en todo el territorio nacional poder manejar o tomar acciones que permitan revertir el daño”, justificó Daniel García, técnico forestal del departamento de áreas Protegidas del ICF.
García se refirió a la cantidad de zonas forestales laceradas por múltiples causas, lo que también ha generado un impacto ambiental negativo.
Solo en La Tigra, el primer parque nacional del país ubicado en Francisco Morazán, se pierden 100 hectáreas de bosque al año debido a proyectos habitacionales, denunció Jorge Luis Palma, director técnico de Amitigra.
Entre 2000 y 2006 el ICF reportó 43.28 hectáreas de bosque deforestadas en este parque. Para el periodo 2006-2012 fueron 33.92, mientras que del 2012 hasta el 2018 reportaron apenas 9.6 hectáreas. Si sumamos el total de hectáreas afectadas en los últimos 18 años hablamos de 127 veces el tamaño del estadio Chelato Uclés.
“Tenemos contabilizadas 6,000 viviendas adentro del parque nacional. Todos creen que el parque nacional es solo los senderos donde van a caminar, pero es bien grande, empieza desde El Hatillo. El Piligüín es parte del parque nacional; La Cantadora es parte del parque; Corralitos; El Chimbo; Las Golondrinas es parte del parque nacional”, recordó Palma.
El hondureño, quien lleva años trabajando en la conservación de La Tigra, afirmó que el 85% de las tierras son privadas, lo que genera una disputa entre la normativa que lo declaró parque nacional y sus dueños, quienes venden las tierras sin importar el impacto ambiental.
EL HERALDO Plus tuvo acceso a fotografías satelitales de varios puntos del considerado pulmón de Francisco Morazán en un periodo de 22 años, observando el crecimiento de asentamientos humanos, incluso dentro de la zona de amortiguamiento (destinada a servir de barrera para la zona núcleo).
“Esta área protegida en un futuro no muy lejano va a desaparecer, en unos 30 o 35 años, dependiendo de la dinámica social, porque eso también es algo que afecta bastante”, condenó Palma, al solicitar a las autoridades establecer un proceso de indemnización a los dueños del 85% de tierras privadas, para que sean completamente del Estado.
Esta situación también se replica en otros parques del país, como el Jeannette Kawas, donde la siembra de palma africana, venta ilegal de tierras y construcción de viviendas en la zona de amortiguamiento dejan cada día más deforestación.
Según el ICF, este parque ha perdido 870.96 hectáreas en 18 años, el equivalente a 1,276 estadios de igual tamaño que el Chelato Uclés.
El Parque Nacional Patuca, por su parte, es el que más daño reporta, pues de sus entrañas ha perdido 56,258 hectáreas de bosque. Seguidamente está la Biósfera del Río Plátano, donde se han lacerado 40,599.98 hectáreas. Es como si dijéramos que los bosques sembrados en 59,487 estadios del tamaño Chelato Uclés han sido deforestados.
Causas
Aunque el ICF reporta un rosario de causas de esta deforestación en zonas protegidas, las principales son la ganadería y caficultura, es decir, las personas acaban con los bosques para usar esas tierras como pastizales y sembrar café.
“Los pastizales representan el 58% de la deforestación que hay en el país; luego hay otras, como el tema de la agricultura tradicional; la caficultura, el café representa el 12%, eso es para el periodo 2005-2020. En ese periodo la caficultura representó el 12% de las áreas deforestadas”, explicó el técnico del ICF.
Lamentó que los bosques cortados para usar sus fértiles tierras en agricultura es un problema silencioso, pues nadie presta atención, ni siquiera las instituciones gubernamentales, que hasta ayer tenían una reunión para hablar sobre eso.
Aunque el ICF afirmó que los asentamientos humanos dentro de la zona de amortiguamiento son mínimos -con excepción de La Tigra y el Merendón- mapas satelitales evidencian el impacto en los bosques, pues hay menos árboles y más casas.
La Ley Forestal menciona en el artículo 133 que “en las áreas protegidas se prohíbe nuevos asentamientos” y que “los asentados en las áreas núcleo, diez (10) años antes de la entrada en vigencia de esta Ley o de la declaratoria de las mismas serán reasentados en la zona de amortiguamiento o en otra zona de igual o mejores condiciones”.
Además, detalla que “los reasentamientos deberán realizarse previo estudio técnico científico de los límites correspondientes al área núcleo o amortiguamiento de acuerdo a la realidad de las mismas”, sin embargo, las áreas protegidas del país -sin importar la zona- están llenas de nuevos proyectos habitacionales y espacios donde han cortado los frondosos árboles para agricultura, ganadería, caficultura o para concretar operaciones ilícitas.