El dinero estaba en una cuenta del Banco Central de Honduras ( BCH), pero los fondos los administraba el INP. Los uniformados a cargo de la entidad penitenciaria mantienen un total hermetismo sobre el saqueo.
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Sentencia
El 11 de marzo de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a conocimiento de la Corte Interamericana una demanda contra el Estado hondureño por el caso de los 107 reos que murieron calcinados en la cárcel de San Pedro Sula el 17 de mayo de 2004. El proceso judicial está registrado bajo el nombre: “Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras”.El 28 de febrero de 2012, en audiencia pública, el Estado hondureño reconoció su responsabilidad por los hechos descritos en el Informe de Fondo de la Comisión Interamericana y manifestó haber llegado a un acuerdo de solución amistosa con los representantes de los fallecidos.
Tras el acuerdo, el 27 de abril de 2012 la Corte Interamericana sentenció al Estado hondureño a pagar 33 millones 950 mil lempiras a los familiares de las víctimas.
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Los parientes de cada uno de los muertos recibiría 317,289.72 lempiras, confirmaron fuentes a este medio. De este monto el Estado debía rebajar las costas del juicio, donde Cáritas recibió nada más que el 1%.
Hasta el 2017 el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y Cáritas de San Pedro Sula junto a la Pastoral Penitenciaria solo habían identificado a los familiares de 82 víctimas, pero únicamente los parientes de 76 acreditaron su documentación ante el INP, según conoció este medio.
Según un informe estatal del 13 de enero de 2020, de 193 familiares identificados, 161 ya recibieron su indemnización.
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La Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus identificó que hasta diciembre de 2019 el Estado hondureño, a través del Instituto Nacional Penitenciario, solo había pagado a los parientes de los presos un total de 17 millones 711 mil 565 lempiras, quedando un saldo pendiente por cancelar de 16 millones 238 mil 434 lempiras, según información en poder de este medio.
La sentencia de la Corte Interamericana establece que en caso de que los familiares de las víctimas indicados fallezcan antes de que les sea entregada la indemnización respectiva, esta se efectuará directamente a sus derechohabientes, conforme al derecho interno aplicable.
Y si por causas atribuibles a los beneficiarios de las indemnizaciones o a sus derechohabientes no fuese posible el pago de las cantidades determinadas por concepto de daño inmaterial dentro de los plazos indicados, el Estado consignará dichos montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito en una institución financiera solvente. “Si no se reclama la indemnización correspondiente una vez transcurridos diez años, las cantidades serán devueltas al Estado con los intereses devengados”.
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Desfalco
Según una fuente al interior del INP, a principios de agosto de 2021 las autoridades del Instituto Penitenciario detectaron un desfalco superior a los 13 millones de lempiras de la cuenta donde estaban los fondos destinados para cubrir las indemnizaciones ordenadas por la Corte Interamericana, luego que el BCH les devolviera una serie de cheques con anomalías.En primer lugar, la Corte Interamericana había aprobado la constitución de un fideicomiso para el pago de las indemnizaciones, pero el 31 de marzo de 2017 el Estado y los representantes de las víctimas llegaron un nuevo “acuerdo conjunto de pago indemnizatorio” y solicitaron su homologación a la Corte.
La instancia judicial estuvo de acuerdo y aceptó que el Estado hondureño realizara la indemnización mediante “pagos directos por emisión de cheques nominales. La emisión y el cargo de dichos montos serán por cuenta del Instituto Nacional Penitenciario ( INP), cuyo presupuesto en lo relativo al caso Pacheco Teruel y otros se encuentra en el Banco Central de Honduras”.
En el INP la emisión de los cheques de pago, supuestamente, estaba en manos de la preinterventora Karla Patricia Pavón Bustillo y sus más cercanos colaboradores.
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Una vez que se descubrió la malversación de los recursos, Pavón no volvió a presentarse a su trabajo y actualmente, se encuentra presuntamente desaparecida. Se le llamó a su residencia la colonia Miramontes, pero su teléfonos aparece fuera de servicio, incluso eliminó su perfil en Facebook.
Ante tal situación, EL HERALDO Plus también trató de conocer la versión del coronel Rony Javier Portillo, director del INP, sin embargo, no respondió las llamadas telefónicas y se conoció que para que dé explicaciones de los presuntos casos de corrupción y abusos en el INP hay que mandarle una solicitud por escrito, en hoja membretada del medio y firmada por la dirección.
No obstante, EL HERALDO, a través de Relaciones Públicas del Ministerio Público, identificó que el 10 de agosto reciente se interpuso ante la Fiscalía una denuncia contra Karla Patricia Pavón Bustillo y otros, señalándolos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
La denuncia se registró bajo el número 1628606982-2021 y está bajo la investigación de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate de la Corrupción Pública (Fetccop).
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