TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Comisión del Congreso Nacional a la que se le asignó la responsabilidad de dictaminar el proyecto de decreto para derogar la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), presentado a principios de mayo reciente por la diputada Maribel Espinoza, todavía no se pronuncia sobre el mismo.
La iniciativa de Espinoza responde a las exigencias de diversos sectores sociales que consideran que la ley que da vida a este consejo debe ser derogada porque no solo atenta contra la institucionalidad, sino que se corre el riesgo de que sea utilizada con fines autoritarios o pueda convertirse en instrumento de información y protección de los carteles de la droga que operan en Honduras.
En la exposición de motivos, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) argumenta que si bien es cierto en el artículo 287 de la Constitución está establecido el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y ordena una ley especial que regule su organización y funcionamiento, “no menos cierto es que dicha entidad jamás fue concebida por el constituyente como un perverso mecanismo para negar, limitar o restringir la independencia entre los poderes del Estado”.
De igual manera expuso que tampoco “fue concebido como un mecanismo de control o subordinación que trasciende e invade las atribuciones del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general”
.El decreto 239-2011, que contiene la Ley del CNDS, fue publicado el 12 de diciembre de 2011 en el diario oficial La Gaceta. Este ordenamiento jurídico “desnaturalizó completamente la forma de gobierno adoptada por el Estado de Honduras, conforme se establece en el artículo cuatro constitucional”, escribió Espinoza.
Resultó “aberrante que el propio Congreso Nacional de la República, mediante el referido decreto, haya desconocido los más elementales fundamentos de nuestra democracia constitucional al haberle dado vida al tráfico jurídico, a un órgano mediante el cual el Presidente de la República se erige sobre los demás poderes del Estado y al presidir dicho órgano controla los demás poderes del Estado y al Ministerio Público”
.La extradición de Juan Orlando Hernández, quien durante ocho años dirigió este consejo, “nos deja una grave conclusión, y es que desde el propio Congreso Nacional, mediante la emisión de la Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, se comprometió gravemente la seguridad de los ciudadanos hondureños al haberle otorgado poderes omnímodos al Presidente de la República mediante una ley manifiestamente inconstitucional”
.En su iniciativa la legisladora pide la derogación de la Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad contenida en el decreto 239-2011, y que entre tanto se aprueba la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad con la finalidad particular establecida en la Constitución de la República, el Poder Ejecutivo “deberá realizar las correspondientes asignaciones presupuestarias y reformulación presupuestaria para luego ser presentada para su aprobación de conformidad con la ley”.
Sobre la derogatoria, el diputado Carlos Umaña aseguró que el PSH apoya completamente el proyecto de decreto de Espinoza para que el Ejecutivo recobre completamente lo que es la administración de la seguridad nacional. Eso ya se venía dando, pero en la administración de Hernández se hizo un consejo que le daba poderes extraordinarios a algunas personas que constitucionalmente no lo tienen.
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Exigencia
Para el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, el mismo artículo 287 de la Constitución que da vida a la Ley del CNDS “es inconstitucional en sí mismo porque contradice la misma Constitución que dice que los poderes son iguales”.
Si en ese consejo todos los miembros tuvieran el mismo rango y no hubiera relaciones de superioridad entre uno y otro, está bien, pero así como está es albarda sobre aparejo”.
“Más bien ese artículo debe ser derogado de la Constitución porque no es artículo pétreo. Con 86 diputados se puede derogar perfectamente”, explicó.
Para Barrientos, con esa normativa el riesgo es que el Presidente de la República adquiere demasiada superioridad y beligerancia y eso es proclive a que se convierta en un dictador, porque prácticamente controla a los demás poderes del Estado. “Es una legislación que genera autoritarismo y es como una dictadura disfrazada”, añadió.
Mientras tanto, la exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos, expresó que el Estado debe tener una política clara y definida de combate al crimen organizado, al delito y a la delincuencia común, en su conjunto.
Tiene que haber una estructura legal clara y suficiente para que no se convierta en un obstáculo la ley en la tarea de combatir todo tipo de ilícitos. Debe existir una relación de coordinación entre las diferentes instituciones que tienen como función la investigación, la acusación y la sanción del delito, “pero no debe ser en ninguna circunstancia una relación de subordinación de un poder sobre los otros poderes del Estado”, manifestó.
De acuerdo con Castellanos, no debe existir una relación donde el Poder Legislativo y el sistema de justicia y la seguridad de un país estén subordinados a otro órgano político, en este caso al Poder Ejecutivo. “Así que cualquier instancia que violente el Estado de derecho y que violente el respeto, la autonomía que debe tener cada poder del Estado no debe existir con esa tarea ni con esa función”.
Entre tanto, el empresario Juan Ferrera lamentó que la mayoría de las veces el ser humano no tiene la capacidad para hacer buen uso del poder, por tal razón su concentración no es buena en manos de políticos. El caso del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es uno de esos, ejemplificó.
En ocho años, en este consejo que dirigió Juan Orlando Hernández hubo una excesiva concentración de poder, quedando demostrado que el Poder Ejecutivo abusó de los demás poderes, controlando también las misiones que tenían el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y la Policía. “Todos ellos terminaron siendo subordinados al capricho del Presidente”, criticó.
El empresario es del criterio de que el Congreso Nacional debe hacer ajustes a la legislación que da vida al CNDS para “no continuar con el mal ejemplo. Se debe evitar el exceso de poder y establecer los balances. No se puede dejar al arbitrio de una sola persona las decisiones de un país que como el nuestro está sumamente complicado”.
