Polémicas y sobornos: ¿Qué se sabe de las empresas que ofertaron para el TREP?

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Evaluadora del Consejo Nacional Electoral (CNE) ya comenzó con el proceso de examinar a detalle las empresas que ofertaron para prestar el servicio de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), durante las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025.

El 25 de octubre pasado se realizó la apertura de ofertas para la implementación del TREP con la participación de tres firmas: Comunicaciones Globales S de R.L de Honduras, que al final desistió, quedando en el proceso, Smartmatic International Holding B.V, fundada en Estados Unidos con inversionistas venezolanos y Grupo ASD-S.AS de Colombia.

Smartmatic presentó una oferta de 13.34 millones de dólares, equivalente a 336.8 millones de lempiras, mientras Grupo ASD lanzó una propuesta de 17.66 millones de dólares (L446 millones).

EL HERALDO Plus profundizó sobre los antecedentes de estas empresas y las capacidades tecnológicas que tienen para ofrecer el servicio de escrutinio general y divulgación de resultados generales de las elecciones primarias.

En Honduras se conoce muy poco del Grupo ASD, de origen colombiano, sobre si tiene alguna experiencia en transmisión de resultados electorales y si cuenta con la experiencia para brindar un servicio efectivo y transparente.

De acuerdo con una publicación del portal La Silla Vacía de Colombia, el presidente Gustavo Petro arremetió contra Thomas Greg -empresa vinculada al Grupo ASD- e insinuó que “puede cometer un fraude minumental”.

Petro dijo que esa empresa puede “controlar toda la base de datos de los colombianos en la Registraduría”, sin embargo, verificadores de información indicaron que es falso.

Grupo ASD se asoció con la compañía Thomas Greg (el mayor accionista en este acuerdo) y otras empresas para ganar un contrato en particular, de esa forma participaron para brindar la logística de las elecciones celebradas en 2021 y 2022 en Colombia.

De acuerdo con el portal web de esta empresa, tiene 42 años de estar en operaciones y se dedica a diseñar, construir e implementar soluciones tecnológicas, operativas y logísticas para garantizar el éxito de los eventos electorales.

Esta organización empresarial solo ha prestado servicios para procesos electorales en Colombia, no obstante, periodistas colombianos consultados por EL HERALDO Plus aseguraron desconocer la experiencia de la misma.

También se enviaron preguntas a los correos electrónicos de la empresa radicada en Bogotá, Colombia, pero previo a la publicación de este reportaje no habían contestado.

La otra empresa que está siendo evaluada es Smartmatic, que arrastra una serie de señalamientos en el mundo sobre supuestos pagos de sobornos y fraudes electorales, pero sus ejecutivos alegan que circula mucha desinformación en su contra.

Francisco Campos, director comercial para Centroamérica de Smartmatic, en una reciente entrevista con EL HERALDO Plus, defendió que en Estados Unidos hay una campaña de desinformación originada por los medios afines al expresidente y candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump.

Recordó, por ejemplo, que para las elecciones de 2020, cuando también participó Trump, se acusó a la compañía de haber participado en un fraude contra el exmandatario de forma generalizada.

No obstante, aclaró que Smartmatic solo participaron en el proceso electoral de condado de Los Ángeles, California, pero se difundieron en los medios pro Trump acusaciones sin fundamento de un fraude, por eso la sociedad inició un proceso legal de miles de millones de dólares en contra de las empresas que orquestaron la campaña de desinformación. El litigio sigue abierto.

Para las próximas elecciones del 5 de noviembre de 2024, Smartmatic operará nuevamente en Los Ángeles, Estados Unidos, porque a pesar de la demanda no existe ninguna restricción para seguir haciendo su trabajo, porque cumplen con todas las exigencias del Estado, dijo.

Sin embargo, un escándalo que sí afectó la imagen de la compañía se registró en agosto de 2024, cuando el gobierno de Estados Unidos acusó a Roger Piñate, fundador de Smartmatic, de participar en una trama de sobornos para ser favorecidos con la administración del sistema electoral de Filipinas en 2016.

Piñate fue liberado luego de pagar una fianza de 8.5 millones de dólares, aunque no presentó información sobre si se declaró inocente o culpable por los delitos, según publicó el pasado 13 de agosto El Nuevo Herald.

Por este caso también fueron acusados otros dos empleados de la compañía, incluido el vicepresidente de desarrollo de la empresa, Jorge Miguel Vásquez, quien también quedó en libertad tras pagar un millón de dólares por la fianza. Él sí se declaró inocente de los cargos.

El actual director comercial de Smartmatic reconoció que en Florida, Estados Unidos, fueron acusados tres funcionarios de esa empresa por sobornos en Filipinas.

Dijo que Smartmatic separó a los funcionarios que fueron acusados, porque “son ellos los señalados, no la compañía, y están ejerciendo su defensa, es lo único que se puede decir hasta el momento con respecto a ese caso”.

Smartmatic participó en todos los procesos electorales de Venezuela entre 2004 y 2017, pues, según el actual director, no había restricciones para los organismos nacionales e internacionales de observación y nunca hubo problemas.

En 2015, luego de la muerte de Hugo Chávez, ocurrió la elección del Congreso, en la que Nicolás Maduró perdió y Juan Guaidó obtuvo la mayoría de la oposición, afirmó Campos, lo que provocó una crisis política que terminó en un referéndum para una Constituyente.

En ese proceso hubo muy poca participación real y se comenzaron a publicar resultados en volumen que no correspondían con la cantidad de electores presentes, denunció Campos. Contó que el módulo de publicación de resultados fue desconectado por el partido oficialismo para montar otro y elevar las cifras.

Ante esta situación, el presidente de Smartmatic en Londres, Inglaterra, Antonio Mugica, convocó a una conferencia de prensa y denunció que lo que estaban mostrando no correspondía a lo que el sistema reflejaba, provocando que el gobierno incautara el equipo, por lo cual Smartmatic demandó al gobierno venezolano.

La compañía también desmintió las afirmaciones de la participación en los comicios del pasado 28 de julio de 2024 en Venezuela, dejando claro que desde 2017, luego de la Asamblea Nacional Constituyente, no se han vinculado en ningún proceso electoral en ese país.

En un comunicado publicado esta semana, Smartmatic desmintió que se haya fundado en Venezuela, afirmando que es una empresa creada en Estados Unidos, con sede en el Reino Unido.

En el documento aclaraban que la nacionalidad de los fundadores no define la identidad de una empresa y que, de ser así, “Tesla sería sudafricana y Google rusa”.

También indicaron que Smartmatic ha brindado tecnología electoral a comicios realizados en más de 35 países, procesando más de 6,500 millones de votos seguros y auditables.

“Ninguna otra empresa de servicios y tecnologías para elecciones iguala nuestra experiencia, portafolio de soluciones y diversidad de clientes”, recalcó.

Recordó que en las elecciones de Honduras de 2021, Smartmatic suministró 20,000 dispositivos biométricos para la verificación de identidad, ayudando a mitigar la suplantación y facilitar la administración de centros de votación.

Un ejemplo de su alcance, afirmó, es que solo entre octubre y noviembre, Smartmatic está desplegando tecnología en Bulgaria, Bélgica, Georgia, Malawi y Los Ángeles, Estados Unidos.

“Smartmatic no enfrenta ninguna demanda legal en su contra, en ningún ente y por ningún motivo relacionado con su participación en elecciones”, recalcó en el comunicado.

Para la elección de la empresa que prestará el servicio del TREP, la Comisión Evaluadora del CNE dividirá el puntaje entre la parte técnica con un 60% y la económica con un 40%, es decir, el que ofrezca el precio más bajo lleva un poco más de ventaja.

En la parte técnica se evaluará la experiencia en otros procesos electorales, lo que tendrá un valor del 20%, mientras que las certificaciones internacionales un 10%, la prueba técnica de la solución ofrecida un 30% y el precio de la oferta un 40%, para hacer un total de un 100%.

El CNE ordenó que el contrato sea adjudicado al oferente que obtenga la mayor puntuación en la sumatoria de los criterios técnicos y económicos establecidos en los pliegos de condiciones.

La cantidad de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) dispuestas para las elecciones primarias suman preliminarmente 24,783, cada una con actas de tres niveles electivos a transmitir: presidencial, diputados y corporaciones; las JRV estarán distribuidas preliminarmente en 5,739 centros de votación.

La divulgación de resultados iniciará tres horas después del cierre de la votación para el nivel presidencial, mientras que para los niveles de diputados del Congreso Nacional y corporaciones municipales se hará según el reglamento especial que establecerá el CNE.

Denis Gómez, exmagistrado suplente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), explicó que la Comisión Evaluadora verificará la calidad y capacidad de los sistemas que ofrezcan las empresas.

Estas deben estar dentro de los estándares de calidad del ISO, que tienen que ver con la seguridad de los datos, con la gestión en general y el funcionamiento del sistema, lo cual debe estar definido el 8 de noviembre, cuando lo ideal es que el CNE tome una de las dos ofertas.

Sobre los señalamientos a las empresas participantes, Gómez, indicó que “siempre se dan ese tipo de cosas, como que una de las empresas tuvo detalles en elecciones en Sudamérica, pero no existe ninguna denuncia que el sistema no haya funcionado, lo que sí se escuchó es que el ente electoral no publicó los resultados electorales”.

“Yo creo que esto de los pro y los contra, que siempre salen, obedecen más bien a un tipo de conducta que se basa en la desconfianza entre tres, entendiendo que son tres partidos políticos que están representados en los consejeros”, señaló.

Afirmó que el 8 de noviembre el proceso de contratación debe estar claro, porque si lo declaran desierto, se debe proceder una contratación directa, que abre puertas y ventanas a eventuales actos de corrupción

El plazo perentorio para contratar la empresa que realizará la transmisión de resultados el día de las elecciones primarias vence el próximo 8 de noviembre, y en caso de no lograrse, el Congreso Nacional podría extenderlo, pero también queda la opción de la contratación directa, sostuvo Cossette López, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Esta semana vamos a tener las pruebas técnicas o demostraciones que van a hacer -las empresas ofertantes- y esperamos poder estar adjudicando el 8 de noviembre”, añadió.

En un determinado caso que haya alguna dificultad para realizar la adjudicación, explicó que sería el Congreso Nacional que tendría que extender el plazo, sin embargo, no hay tiempo para volver a lanzar el proceso, entonces otros mecanismos legales se activan.

“La contratación directa es un mecanismo ya establecido en la Ley de Contratación del Estado y por supuesto que es algo que puede suceder. Pero al estar haciendo un procedimiento donde hay competencia, obviamente no dice que es nuestra primera opción”, dijo López.

Detalló que la contratación se basa en un proceso diseñado con especificaciones técnicas que permitan tener imparcialidad y neutralidad. Es un proceso de selección donde la transparencia es una exigencia desde el inicio, esto implica un diseño con especificaciones técnicas y un pliego de condiciones que se aplican de manera imparcial a cualquier empresa.

Afirmó que las empresas oferentes deben presentar una garantía financiera, la cual es de un 2%, es una garantía de mantenimiento de oferta y de transparencia, por eso “pedimos certificaciones internacionales, como la 20.000, la 27.001 (norma lSO) y las certificaciones de calidad, que son temas de transparencia y de seguridad en información”.

En cuanto a la evaluación de los antecedentes, López precisó que cada oferente tiene que acreditar la experiencia que han tenido. Además, en el documento de las especificaciones técnicas y pliegos de condiciones se establece una cantidad de puntos que objetivamente se otorgan según las experiencias que acreditan.

“Personalmente, sugerí que se les hiciera, al igual que han hecho aquí con las empresas hondureñas, la solicitud de una constancia del Ministerio Público”.

“El consejero Marlon Ochoa dijo que no se podía hacer ese tipo de solicitud, pese a que así se les ha hecho a las empresas hondureñas en general en el CNE y por eso fue que lo hice, dado que este tipo de cosas no constituyen un antecedente en sí, sino que son las sentencias firmes”, explicó

“Llegamos también a la conclusión de solicitarles una declaración jurada sobre no estar denunciados o en negocios ilícitos. Nosotros no hemos tenido a la vista los documentos como pleno, pero esperamos que obviamente esto sea evaluado también por la comisión”, afirmó.

Adelantó que el CNE buscará un sistema que permita tener todas las seguridades. “También estamos muy enfocados en tener una auditoría. Personalmente, estoy muy enfocada en que la auditoría no solo sea post, sino antes y durante, para que podamos ver toda la implementación”, aseguró.

Según la consejera, querían que el proceso del TREP se hiciera exacto al 2021, no obstante, “yo tengo un enfoque distinto. En 2021, según lo que he podido constatar, no hubo escrutinio general. Este escrutinio general lo manda el artículo 283 de la Ley Electoral que dice expresamente que se debe hacer el análisis, verificación y suma de todas las actas”.

Ese escrutinio no fue realizado por personas en ningún momento. Fue realizado únicamente por un servidor que recibía el escaneo de las actas y los resultados transcritos en la Junta de Receptores de Voto y automáticamente decidía que se iba a divulgación y que no se iba a divulgación. “Para mí esa confianza en 100% en un proceso automatizado es un problema”, lamentó López.

En cuanto a su confianza en la actual Fuerzas Armadas (FF AA) para impulsar un proceso electoral transparente, la consejera presidenta expresó: “Quiero confiar en que van a obrar conforme a la Constitución y su juramento. Y quiero confiar también en que el contexto va a dar lugar a que trabajemos con la ley todos. Ellos van a pasar a ponerse a disposición del Consejo Nacional Electoral oportunamente un mes antes de las elecciones. Y en ese sentido esperamos su fidelidad a la patria”.