Gobierno de Honduras busca reactivar las APP por medio de empresas chinas

Tegucigalpa, Honduras.- Empresas chinas han llegado a Honduras a ofrecer proyectos de infraestructura, como peajes en vías aéreas urbanas y en carreteras y hasta invertir en el Ferrocarril Interoceánico, lo que provocado que el gobierno busque reactivar los cuestionados proyectos de Alianza Público Privada (APP).

EL HERALDO Plus comprobó que las autoridades trabajan en reformular la APP con el propósito de abrir las puertas a empresas chinas, debido a que ya formulan propuestas y estudios de inversión en Honduras.

Los proyectos de APP surgieron en Honduras mediante el Decreto Legislativo No. 143-2010, publicado en el diario oficial La Gaceta el 16 de septiembre del mismo año, que dio vida a la Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada.

En el artículo 11 de esta ley se contemplaba la creación de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza) como un ente desconcentrado de la Presidencia de la República con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Coalianza era la encargada de gestionar y promover proyectos y procesos de APP, es decir, estructurar y dar las concesiones a los inversionistas nacionales y extranjeros en el territorio nacional. De acuerdo a los proyectos estructurados obtenía sus recursos para funcionar.

Fue así que se dieron las concesiones del Corredor Logístico, el Centro Cívico Gubernamental (CCG), las obras de Siglo XXI de San Pedro Sula, la terminal de contenedores y la terminal de graneles y sólidos de Puerto Cortés, el sistema de distribución, comercialización y facturación a la Empresa Energía Honduras (EEH), entre otras.

Después de una serie de señalamientos en el proceso de estructuración y protestas por la concesión del Corredor Turístico, que comprendía el cobro de peaje de la carretera de La Barca a La Ceiba, Atlántida, Coalianza comenzó a tener problemas para estructurar más proyectos, quedando sin presupuesto, hasta que fue liquidada mediante el decreto PCM-064-2019 del 17 de diciembre de 2019.

Al desaparecer Coalianza se creó el Consejo Superior para la Alianza Público Privada (Consejo Superior APP), que trabajaría de manera coordinada con todas las instituciones públicas y privadas, involucradas en la facilitación de proyectos bajo la modalidad de APP.

Desde entonces los proyectos de APP desaparecieron de Honduras y solo quedó la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP) para darle cumplimiento a las concesiones que se otorgaron en los gobiernos anteriores.

El superintendente presidente de la SAPP, Mario Alexander Ayala Turcios, aseguró a EL HERALDO Plus que existe un fuerte interés en seguir con la APP, porque son un mecanismo que funcionan para atraer inversión, pero deben aplicar unos ajustes. Por ejemplo, los aportes por regularización están muy bajos, pues solo se cobra hasta el 1%.

También se debe buscar la forma de ejecutar más rápido estos proyectos, pero se tiene que crear la unidad estructuradora, para lo cual se analiza si es necesario hacer reformas a las leyes de APP.

Ayala Turcios consideró que la reactivación de las APP es urgente, debido a que tienen ofrecimientos de empresas chinas que quieren hacer vías aéreas o un segundo nivel en anillos periféricos y bulevares de las principales ciudades del país, con el objetivo que los conductores que deseen evitar el tráfico paguen peaje.

Para Tegucigalpa ya se han presentado propuestas de hacer calles aéreas en las zonas más congestionadas, como en el anillo periférico y en los bulevares Fuerzas Armadas (FF AA), Suyapa y Morazán, para agilizar la movilidad de los vehículos.

Hacia la salida al sur también han visualizado alternativas de una carretera donde se pague peaje como una opción de salir y entrar más rápido a esa zona. También se puede ejecutar un modelo similar hacia Valle de Ángeles, municipio vecino de la capital, y se uniría con la continuación de un anillo periférico de forma aérea.

Entre las proyecciones también se ha planteado hacer un segundo anillo periférico alrededor de la ciudad para descongestionar el centro de Tegucigalpa. Estos son proyectos para la capital, de los cuales ya existen propuestas de empresas chinas.

Hay libramientos identificados en otras ciudades, es decir, carreteras que permitan evitar pasar por dentro de una zona urbana, como una vía directa entre San Pedro Sula y Puerto Cortés, porque actualmente el tráfico pesado debe cruzar por San Pedro Sula para llegar al puerto.

Lo mismo se puede hacer entre La Esperanza e Intibucá, Intibucá: un libramiento para descongestionar el centro, pues se cruza a través del mercado para llegar a Gracias, Lempira.

Las autoridades locales están de acuerdo en cobrar un peaje para hacer una carretera que rodee el centro de la ciudad y así evitar el congestionamiento del pueblo y la zona comercial.

Ayala Turcios aclaró que la visión no se limita a obras de infraestructura, pues también hay proyectos sociales que se pueden hacer por medio de las APP. Por ejemplo, en Honduras hay un déficit de 1.45 millones de viviendas y, por medio de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda), con empresas nacionales e internacionales, se pueden desarrollar proyectos para suplir esa necesidad básica en todo el país.

En el caso de los proyectos de viviendas se realizan acercamientos con ONU-Habitat para poder estructurar los proyectos, ya que se ha detectado que hay inversionistas extranjeros que quieren invertir, pero el país no ha generado las condiciones legales para que puedan hacerlo.

Sobre las carreteras concesionadas, la idea es que además exista la alternativa de poder transitar por las calles existentes y darle la opción a los usuarios de irse por la vía rápida por medio de un cobro o transitar por la vía municipal o estatal sin pagar.

El superintendente explicó que se debe buscar que el Estado tenga mejores beneficios en las nuevas concesiones, debido a que en las primeras que se otorgaron se establecieron utilidades mínimas.

Se está buscando que el Estado reciba más beneficios por ese tipo de inversiones, para que exista una proyección más grande, ya que hay proyectos APP que están exoneradas hasta del pago de Impuestos Sobre Ventas (ISV).

Se debe mejorar lo establecido. La ley fue creada en 2010 y entró en vigencia en 2012 en un contexto cuando Honduras estaba ávida de inversiones, ya que venía de sufrir un golpe de Estado. Por eso se establecieron situaciones condescendientes.

Hoy la historia es otra y, a pesar que la mayor parte son leoninos, los contratos se deben respetar, porque es parte de la seguridad jurídica y al cancelarlos se ahuyentaría la inversión, destacó el superintendente.

Proyectos como el Ferrocarril Interoceánico se han catalogado bajo seguridad nacional, así como los puertos y los aeropuertos, porque se ubican en zonas fronterizas y deben tener mayor presencia del Estado en cuanto a los beneficios.

Citó ejemplos de concesiones en México, Chile y Perú, donde la administración corresponde un ente privado, pero la mayoría de las acciones son del Estado, de esa forma hay un balance entre la inversión pública y privada, con mayor control.

El funcionario defendió que en Estados como Honduras, que carece de recursos, necesitan el concurso de la empresa privada, nacional e internacional, para poder ejecutar proyectos de gran envergadura.

Se busca establecer si la SAPP debe ser facilitadora para esas inversiones o solo debe jugar un papel de regulador, ya que cuando Coalianza desapareció quedó vivo el Consejo Superior de Inversiones, dependiente del Ejecutivo, pero no han estructurado ningún proyecto de APP.

Lo más importante de los nuevos proyectos es ver la forma del repago, ya que hay gente que acepta el cobro de peaje, pero otro grupo no. En todo caso, son los usuarios los que van a valorar las dos opciones: si pagar por un buen servicio o someterse a los congestionamientos.

El gerente de Fiscalización de la SAPP, Ricardo Oliva, expuso que, como beneficio, un esquema de APP permite que el gobierno otorgue un bien del Estado a un privado para que lo explote con mayor experticia y, a la vez, le transfiere los riesgos al privado en la construcción, operación y mantenimiento.

Las debilidades de los contratos anteriores es que no son equitativos en los beneficios que recibe el Estado de los concesionarios, por lo que se planteará mayor equidad.

Los proyectos de APP tienen que tener una fuente de repago, porque las obras tienen un costo de inversión y el privado ejecuta y busca ganancias.

Estos modelos se hacen con privados porque el Estado no tiene dinero para ejecutar esos proyectos, entonces por medio de la APP se ejecutan. La ciudadanía, entonces, valora cuánto se ahorra en tiempo, combustible o en el daño a su vehículo en la vía concesionada y si se decide a pagar por ello.

Las autoridades de la SAPP afirmaron que ya se han reunido en el Poder Ejecutivo para impulsar estas inversiones. Hay una empresa de Texas, por ejemplo, que busca generar energía eléctrica con una inversión de 300 millones de dólares (7,400 millones de lempiras) y conceder al Estado el 20% como socio, algo no ocurrido en Honduras.

Un exejecutivo de Coalianza, que pidió no ser mencionado, explicó que la Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada sigue vigente con toda la reglamentación para poder reiniciar los proyectos de APP en Honduras.

No tendrían ninguna dificultad el gobierno de volverlas a reanudar, quizá aplicar unas pequeñas reformas como crear una unidad ejecutora bastante especializada y buscar acompañamiento del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que establecer mayor transparencia.

Hay que tomar en cuenta que las APP no se rigen por la Ley de Contratación del Estado, sino que por reglamentos internos, porque su independencia permite contratar consultores y expertos en aeropuertos y puertos que no tiene el país.

Lo más importante, destacó el exfuncionario, es la seguridad jurídica, porque ningún inversionista llegará al país bajo hostigamiento o si le quieren arrebatar los proyectos una vez realizadas las inversiones. Se debe garantizar el respeto a la propiedad privada, porque no son fondos del Estado, sino que recursos privados.