Mareros presos se resisten a enrolarse y crece riesgo de suplantación de identidades

TEGUCIGALPA, HONDURAS. - Convirtió en un hedor putrefacto el olor a cuero y pegamento que emanaba de una humilde zapatería, luego de asesinar a sangre fría a 17 trabajadores entre 15 y 35 años, pues para José Virgilio Sánchez Montoya, alias ‘El Pechocho’, supuesto miembro activo de la Pandilla 18, tenía más peso salir victorioso en una pelea de territorio con la Mara Salvatrucha (MS-13) que las consecuencias que podía enfrentar por el atroz crimen.

El violento hecho ocurrió el 7 de septiembre de 2010 en el barrio San Francisco de San Pedro Sula, pero todavía causa conmoción y repudio en la población hondureña, especialmente porque después de su captura y condena de más de 500 años de reclusión salió a la luz que andaba gozando de la gloria de la libertad gracias a la suplantación de identidad.

Aunque ‘El Pechocho’ fue recapturado durante un operativo, muchos se preguntaban ¿cómo es que logró salir de la cárcel?

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Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) de la antigua administración sostuvieron que se trataba de un homónimo, es decir, dos personas con el mismo nombre, pero esa teoría se derrumbó luego de que el Ministerio Público verificara a través de las huellas dactilares que se trataba de la misma persona que había realizado la masacre en la zapatería sampedrana.

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El caso de este individuo, sobre quien pesan muchos otros cargos, demostró el modus operandi de los criminales para librarse de la cárcel, una antigua práctica que ha reinado en los centros penitenciarios hondureños hasta la actualidad, debido a muchos factores como la corrupción y el débil sistema de identificación que se ha manejado desde siempre.

En todo este contexto aparece el nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI). Si bien este proyecto nace en el marco de las elecciones generales de 2021 para ayudar a elaborar un nuevo censo electoral y eliminar vicios -como “los muertos que votan” o la suplantación para ejercer el sufragio-, también ayudaría a evitar problemas de cambio de identidades dentro de las cárceles.

El DNI se caracteriza por altos estándares tecnológicos, normas de calidad y seguridad con datos biométricos y demográficos actualizados, según explicó el oficial de comunicaciones del RNP, Norman Portillo.

Pero eso, precisamente, es lo que ha impulsado el rotundo rechazo a enrolarse de los reclusos de las cárceles de máxima seguridad, es decir, los más peligrosos de Honduras.

Así lo reveló a EL HERALDO una fuente ligada al sistema penitenciario del país, quien dijo que los criminales albergados en estos centros penales se niegan a someterse al proceso con la intención de seguir burlando al sistema de justicia hondureño.

“Tener el nuevo documento de identificación impediría que un individuo se haga pasar por un reo y permitiría conocer al detalle sus datos”, agregó el entrevistado.

A Sánchez Montoya lo suplantó otro privado de libertad que no tenía ningún parecido físico a su corpulento aspecto, pero sí el suficiente valor para ingresar a la infernal cárcel de máxima seguridad ‘El Pozo’, en Ilama, Santa Bárbara, y evitar que el verdadero ‘Pechocho’ fuera trasladado.

Sin embargo, nunca se conoció cuál fue el tipo de intercambio que hubo entre los mismos, como tampoco hubo capturas de los responsables de su salida.

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EL HERALDO conoció a través de una solicitud de información N°SOL-RNP-333-2022 al Registro Nacional de las Personas (RNP) que el proceso de enrolamiento se realizó en la Penitenciaría Nacional Femenina, donde contabilizan que 942 privadas de libertad recibieron su nueva identificación, al igual que 1,313 reclusos de la Penitenciaria de Támara.

Según la base de datos proporcionada por el Instituto Nacional Penitenciario (INP) hasta la fecha existen 19,527 privados de libertad, de los cuales 9,868 están en condición de procesados y 9,659 ya recibieron su sentencia. Lo anterior significa que un total de 17,272 internos son los que están pendientes de someterse al enrolamiento.

“Hay mucha resistencia de los privados de libertad, pero al final van a tener que enrolarse, es un proceso que lo vamos a hacer en los 25 centros penitenciarios del país y ante la renuencia vamos a buscar todos los mecanismos legales que correspondan para poder hacerlo”, aseveró en una entrevista exclusiva para este rotativo el comisionado Otoniel Castillo Lemus, director del Instituto Nacional Penitenciario (INP).

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El funcionario reveló que específicamente en la cárcel de máxima seguridad se está realizando un análisis de cada uno de los internos, además de estipular otro tipo de identificación de los mismos con inspectoría de la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). “Máxima debe ser máxima y vamos a buscar todo lo que está conforme a derecho sobre lo que nosotros debemos hacer para que funcione”, agregó.

Y es que el empadronamiento realizado en la cárcel de mujeres sirvió para identificar realmente a las reclusas ya que entre los hallazgos hubo varios casos de doble identidad, lo que podría ser una de las principales causas de la negación al proceso por parte de los privados de libertad de máxima seguridad, según expertos.

“Sé de los hallazgos y cuestiones como esas se van a ir generando, pero el fin del proceso es corregirla para darnos cuenta que la persona que está privada de libertad es la que es”, explicó el comisionado luego de reconocer que esto se debe a la falta de control que ha marcado la historia del Registro Nacional de las Personas (RNP).

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Otro de los casos más sonados en Honduras fue el de Jesús Valmaña Cruz, alias ‘El Extranjero’, administrador y proveedor de armas y droga de la pandilla 18, quien en 2021 se laceró la yema de sus dedos con la intención de borrar sus huellas dactilares para escapar de la cárcel, mientras otra persona tomó su lugar.

Se descubrió la verdad a través de una pequeña huella que quedó en uno de sus dedos.

“No es cuestión de que, si quieren, es un empadronamiento que debe realizar el Estado a cada uno de los privados de libertad de todos los centros penales del país”, dijo por su parte Hugo Maldonado, Presidente del Comité para la Defensa de Derechos Humanos (CODEH).

Sin embargo, pese al convenio existente entre el sistema penitenciario y Registro Nacional de las Personas (RNP), el proceso de enrolamiento en los centros penales de máxima seguridad todavía está en puntos suspensivos.

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Sobre este tema, el criminólogo Gonzalo Sánchez consideró que someterse al proceso debe ser una condición para los reclusos que están a punto de recobrar su libertad.

“Esta sería una forma de presionarlos”, dijo. “Sin embargo, hay que investigar y poner en la cárcel a las personas que se han prestado a eso”, aseveró refiriéndose al personal del RNP que han contribuido a otorgar documentación falsa a los reclusos, así como las personas que lideran las redes de suplantación de identidades.

Por otro lado, Sánchez consideró que muchas organizaciones internacionales que trabajan de cerca con el sistema penitenciario y que conocen de la mencionada problemática, han hecho caso omiso por creer que se violan garantías constitucionales, cuando no es así.

“Otra de las medidas sería que con autorización judicial el recluso sea obligado, pues es un derecho que tiene la persona ya que no puede realizar ningún tipo de trámite sin ese documento y eso no va contra las garantías”, explicó.

Y es que, a criterio del experto, la corrupción es el principal flagelo con el que se tiene que combatir al interior de los centros penales para evitar estas prácticas, pues el sistema se arrodilla ante el dinero y amenazas que reciben de parte de los criminales, quienes sumergidos en una “mala rehabilitación” pasan como sabuesos, buscando estrategias para llevar a cabo sus fechorías mientras esperan hacinados el mejor momento para hacerlo.

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A través de la solicitud de información al Ministerio Público SOL-MP-1602-200 se conoció que la Fiscalía Especial de los Delitos Comunes (FEDCOM) investiga actualmente un caso por los delitos de falsificación de documentos y uso de documento falso, el cual ocurrió en agosto de este 2022 en el Centro Penal de Támara.

Dicho proceso involucra a un privado de libertad masculino, junto a la complicidad de dos mujeres.

No obstante, la solicitud SEDS-OTAIP- 687-2022 evidenció que en desde 2018 hasta 2022 han sido 87 los casos reportados sobre el delito de usurpación de la personalidad y suplantación de identidad solo en Francisco Morazán, donde 42 corresponden a mujeres y 45 a hombres.

Cabe mencionar que este registro es únicamente en el mencionado departamento ya que según explicaron “a nivel nacional no se lleva base de datos”.

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Las horripilantes llamadas de extorsión que atormentan la vida y economía de muchas familias a nivel nacional salen a menudo de los centros penales, pero el decomiso de celulares es simplemente nadar contra la corriente ya que si un día decomisan 100 celulares, el siguiente día ingresan 200.

Dichos dispositivos también son utilizados para manejar estructuras criminales, ordenar asesinatos, masacres y atemorizar a sectores.

Esos y otros factores como el control de la seguridad policial demuestran lo débiles que están los centros penitenciarios por la corrupción, tal como lo expuso Sánchez, pues al final está claro que uno o algunos son los encargados de ingresar a los recintos estos y otros artículos prohibidos.

“Necesitamos romper el círculo vicioso y la mejor forma es dándole al funcionario los beneficios, derechos que le corresponden, buenos sueldos, incentivos”, consideró por su parte el director Lemus.

Asimismo, la rehabilitación de los privados de libertad ha sido fuertemente criticada en el país durante muchos años ya que no existe un plan integral que pueda ayudar a transformarlos a través de la productividad.

De modo que su imaginación sumada a su tiempo baldío da grandes y perversos pasos para delinquir de cualquier forma, incluyendo la falsificación y suplantación de identidad.

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En algunos centros penales de Honduras los reclusos están clasificados como sentenciados y procesados, mientras que en otros no. Es decir, que las personas que se encuentran bajo una acusación y cuya culpabilidad o inocencia no se ha determinado por un juez comparten techo con individuos que ya han recibido una condena.

Aunque entre los factores de esta mezcla destaca la sobrepoblación, algunos expertos opinan que la clasificación de las personas detenidas ayuda a evitar fugas, conflictos y riesgos al interior de las cárceles.

EL HERALDO conoció que la presidenta Xiomara Castro autorizó fondos al Instituto Nacional Penitenciario (INP) para la construcción de un nuevo centro penitenciario en La Esperanza, Intibucá, el cual supuestamente será un “modelo” a seguir.

Expertos, familias y los mismos privados de libertad se mantienen a la incertidumbre de quiénes serán trasladados a dicha cárcel, donde supuestamente se aplicará la clasificación y productividad de los reos.

Sin embargo, todavía es incierto cuándo las autoridades someterán a los reos al nuevo proceso de identificación. Por lo pronto, nadie puede asegurar que quien paga la condena es la misma persona que cometió el delito.

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