TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un total de 345 operaciones realizadas por las Fuerzas Armadas para destruir narcopistas en los últimos diez años, sin un impacto en la lucha contra el narcotráfico, deja al descubierto el fracaso de la política antidrogas de Honduras.
En la última década, los militares realizaron 345 operaciones de destrucción de pistas clandestinas, 323 de ellas en Gracias a Dios, epicentro del tráfico de estupefacientes.
Para ubicar geográficamente cada pista que las Fuerzas Armadas aseguran haber inhabilitado cada año, EL HERALDO solicitó a la Secretaría de Defensa información sobre las coordenadas de las narcopistas destruidas desde el año 2012 hasta 2021, obteniendo como respuesta una denegatoria.
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Dicha información solicitada es reservada “en virtud de que podría poner en riesgo la defensa y seguridad del Estado”, respondió el coronel César Rolando Rosales Zapata, enlace de la Unidad de Transparencia de las Fuerzas Armadas, pero luego, contradictoriamente, escribió que los registros de las coordenadas era información de carácter público, remitiendo a tres páginas web donde no existía tal información.
Ante un recurso de revisión, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) obligó a los uniformados a proporcionar tal información, proveyéndola en dos versiones PDF, una del 2012 al 2018 y luego otra del 2012 al 2021, pero esta segunda sin identificar los años.
Los puntos de referencia fueron proporcionados en grados, por lo que para su análisis se convirtieron a decimales con su respectiva ubicación.Aunque los militares reportan cada coordenada como pista destruida, la Unidad de Datos detectó que algunos puntos de referencia se repiten y otros se ubican fuera de los límites del territorio hondureño, por eso estas últimas no se contabilizaron.
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Manipulación
En total las Fuerzas Armadas registran 345 pistas destruidas en la última década, pero lo que realmente realizaron fue 345 operaciones de inhabilitación, varias de ellas sobre la misma franja de aterrizaje.
En el año 2012 se registraron siete operaciones de destrucción, en 2013 se dieron 17. A partir de 2014 los datos muestran un aumento de tales operaciones. Ese año se ejecutaron 25; en 2015, un total de 45; en 2016 la cantidad bajó a 22, pero el 2017 nuevamente aumentó a 35.
El año 2018 es cuando se dieron más acciones de inhabilitación alcanzando la cifra de 109. Para 2019 la cantidad bajó a 31. En 2020, primer año de pandemia, los militares reportaron 37 operaciones de destrucción de pistas clandestinas y para 2021 solamente 22.Un total de 323 operaciones de esta naturaleza se ejecutaron en Gracias a Dios, diez en Olancho, cinco en Cortés, cuatro en Yoro y tres en Colón.
Los datos exponen al departamento de Gracia a Dios -con una extensión de 16,997 kilómetros cuadrados, en su mayoría selva- como un santuario para los narcotraficantes.
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Según informes de unidades antinarcóticos, aquí los carteles no solo controlan a los altos jerarcas militares, policías, jueces y fiscales enviados a la zona, sino que además financian campañas políticas, imponen alcaldes, sobornan a los dirigentes misquitos y se aprovechan de la pobreza del sector para reclutar operarios.
A pesar que en este departamento está el Quinto Batallón, se tiene un pequeño radar y se estableció un escudo aéreo, el narcotráfico opera a cielo abierto. Como prueba del control que posee, el narcotráfico supera la vigilancia aérea y las acciones de patrullaje que los militares realizan de manera terrestre y por agua.
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Testimonio
Un militar retirado que en la década pasada estuvo en el Quinto Batallón -ubicado en Mocorón, Gracias a Dios, y quien por su seguridad pidió no ser identificado- sostuvo que esa entidad es un “narcobatallón”, por eso la lucha contra las drogas entre el Estado y los delincuentes en La Mosquitia es muy desigual.
El exmilitar describió detalladamente la relación que tenían los comandantes de esa unidad con el narcotráfico.
La fuente recordó que junto a otros soldados realizaban operativos en el retén del Quinto Batallón, registraban los vehículos que venían o pasaban para la frontera, y varias veces se encontraron armamentos; “entonces ellos decían no, ya tenemos contacto con el comandante”.
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Se llamaba por la radio al Quinto “y nos decía el coronel: déjelos pasar. Nosotros ya nos imaginábamos quiénes eran, era una banda de los Arrechavala en varias ocasiones, otras veces eran otro grupo que les dicen los Simpson y otro señor que se llama Marcos Elvir”.
“Otra vez conocí cómo se sacaron armas y municiones -diez cananas con munición de M-16 calibre 5.56; asimismo diez granadas de Fal y 36 granadas de M203, fusil granadero- que fueron trasladadas por un sargento que se llama (...) hacia Puerto Lempira porque eran para un narcotraficante”.
“Luego un teniente coronel de nombre (...) le dijo al responsable de la sección de armas que quitara de las novedades la salida de las armas y municiones y que eso era orden del comandante; meses después volvieron a sacar más armamento”.
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“Aquí los altos militares han protegido a grupos de narcos facilitándoles armas no solo para proteger las narcopistas, sino también para dar seguridad a las narcoavionetas”.
“Una vez en un patrullaje un oficial y diez soldados capturaron en la frontera a tres pilotos colombianos y los trasladaron al Quinto Batallón. Ahí había un lugar que le decían sala de guerra, pues por la noche el comandante se reunió con los pilotos y festejaron con bebida y todo, que mandaron a traer a un lugar cercano. Al día siguiente los pilotos fueron trasladados a Puerto Lempira en un carro militar protegidos por el coronel, no los llevaba presos, sino que más bien el coronel los mandó hacia Patuca”, detalló el militar.
Otras veces los equipos que operaban por tierra tenían identificada la pista donde iba a caer una narcoavioneta y, cuando estaban listos para la captura, el encargado del grupo recibía una llamada de la comandancia diciéndoles que la aeronave caería en otro punto, que se movieran. La patrulla se iba inmediatamente al punto indicado y no encontraban nada; al regresar a sitio donde ellos tenían la información la avioneta ya la habían descargado e incinerado, contó.
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Para el criminólogo Reynaldo Rubio, la contaminación de los militares con el narcotráfico es uno de los factores que en La Mosquitia no permite una verdadera lucha frontal contra las drogas.
Mientras haya consumidores, habrá productores y traficantes que buscarán la forma de hacer llegar la cocaína a su destino final.
Los carteles elaborarán su estrategia para mover sus cargamentos, sobornarán autoridades, buscarán controlar hasta políticamente un determinado territorio, donde instalarán las condiciones para operar y entre ellas están las pistas destinadas a recibir las aeronaves, detalló.
Rubio recordó que el papel de las Fuerzas Armadas es defender al Estado hondureño de las amenazas exteriores, entonces repeler el tráfico de estupefacientes es su responsabilidad.
Los militares inhabilitan narcopistas, pero a los días ya están activas otra vez, entonces su trabajo no sirve para nada si no va acompañado de otras medidas paralelas que conlleven a un verdadero combate de las drogas, reflexionó.
