INA investiga a quién pertenece terreno del polémico Lomas del Diamante

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Instituto Nacional Agrario (INA) también investiga a quién pertenecen los terrenos de Lomas del Diamante, un proyecto social ubicado en la aldea Santa Rosa, al sur de la capital, y donde se levantaron casas en contenedores para los damnificados de Eta y Iota.

Las exautoridades del Instituto de la Propiedad (IP), encabezadas por el expresidente de su Consejo Directivo, Ebal Díaz -quien huyó a Nicaragua-, determinaron que esos predios eran del Estado de Honduras al momento de iniciar con la conceptualización del proyecto.

No obstante, René Flores, quien tiene documentos de propiedad de los mismos predios, demandó al Estado de Honduras, aduciendo que el mismo Estado está usurpando los terrenos que son privados.

Lomas del Diamante es un predio atractivo, por no decirlo privilegiado, que se ubica al sur de la capital, con una meseta de donde se puede apreciar gran parte de la ciudad.

Se prevé que a través de o cerca de este sitio pasará la vía de alivio de la carretera al sur de la capital que planifica la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), misma que volverá a la zona con mejores condiciones de desarrollo y plusvalía.

Rafael Alegría, subdirector del INA, afirmó que la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra que preside el director de esta institución, Francisco Fúnez, trabaja en resolver este conflicto.

Las investigaciones se están realizando en conjunto con el IP y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), debido a que se deber ser justo a la hora de determinar si los predios son ejidales, nacionales o privados.

Antes que llegara el IP con la ya desaparecida Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) en 2019, Flores ya estaba lotificando la zona, luego de haberle comprado el predio a Ángel Godoy, quien se presentó como dueño y tenía un documento de derecho de propiedad de 1874.

La lotificación se comenzó a realizar, debido a que invasores de oficio se tomaron los predios, incluso agredieron físicamente al señor que había heredado los predios de sus antepasados y lo amarraron a un poste, salvándose de milagro.

Luego llegó la UCP, con el proyecto de reasentamiento de las personas que habitan en la zona y con la propuesta de ejecutar mediante una especie de Alianza Público Privada (APP) el proyecto Residencial Morazán.

Lo anterior porque el gobierno iba ceder los terrenos, que estaban en disputa, a desarrolladores privados, para que luego estos hicieran las viviendas y las vendieran a la población que la necesitaba.

Aprovechando los predios, el IP determinó construir casas a base de contenedores para las familias que resultaron afectadas por los huracanes de Eta y Iota en noviembre de 2020.

Los predios donde se hicieron las casas contenedores fueron cercados por medio de la UCP y el IP, mientras quienes aducen ser dueños alegaban por su derecho de propiedad.

El 12 de mayo de 2020 en la sesión 003-2020, punto 5, se pidió la autorización para que el presidente del Consejo Directivo del IP solicitara los fondos para el inicio del proyecto Residencial Morazán.

Fue así que se autorizó a la UCP para que procediera a realizarle un préstamo al IP, por la cantidad de 35 millones de lempiras, que serían reembolsados una vez que el banco fiduciario realizara las transferencias de fondos al Instituto de la Propiedad.

Luego, mediante el acuerdo No. CD-IP-011-2020, del 15 de julio de 2020, en la sesión 005-2020, punto No 5, se pidió la aprobación de la solicitud contenida en el Oficio No. UEEP-00010-2020, de fecha 15 de julio de 2020.

La solicitud era autorizar la transferencia de 150 millones de lempiras como contribución de capital o aportación líquida de fondos que percibe el Estado de Honduras del canon de un fideicomiso.

Este instrumento se denominaba “Operación, funcionamiento, financiamiento y administración del Registro de la Propiedad Vehicular a nivel nacional e implementación de los centros de inspección vehicular, suministro de placas, otorgamiento de licencias de conducir, modernización del sistema de sanciones de infracciones de Tránsito y la tecnificación de la recaudación de multas”. Los fondos se transfirieron al fideicomiso del proyecto denominado “Desarrollo Residencias Morazán”.

La UCP junto al IP comenzó el proceso de diseño de una pequeña ciudad en la meseta, conformando un plan maestros con diseños de cómo sería el proyecto en clúster, ofreciendo viviendas en edificios o condominios.

De acuerdo a datos levantados por el IP en agosto de 2019, en la zona había 320 viviendas, de las cuales 263 se encontraban habitadas y 57 en construcción.

También se detectó que en la zona estaban viviendo 270 familias u hogares, con una población de 698 personas, de las cuales 295 estaban asentadas en la zona 1, es decir, la parte baja, y 403 en la zona 2, que es la parte de arriba.

También contemplaba el reasentamiento de las familias que ya vivían en la zona, para lo cual se hizo el estudio y el acuerdo de entregarles más de 500 casas de bloque en la parte baja del sector.

La construcción de estas moradas comenzó pese a los problemas por la titularidad de la tierra. Incluso, sacaron a las personas que vivían en los alrededores para trasladarlos a las casas contenedores con la promesas de darles una vivienda de bloque.

Sin embargo, todo se detuvo luego que el Ministerio Público (MP), por medio de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), detectara una serie de irregularidades, actuando de oficio en respuesta a una denuncia de la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus.

De igual forma, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) realizó un informe donde detallaba que el perjuicio en consta del Estado de Honduras fue por 69 millones de lempiras.

Griselda Mendoza, quien habita actualmente en las casas contenedores, indicó que las casas se siguen cayendo a pedazos, con problemas de energía y agua potable.

“Los pisos se siguen dañando, los baños igual, todo por la humedad nos está afectando, generando enfermedades a los niños y las personas mayores”, lamentó.

Las aguas negras se evacúan a la calle, lo que afectan a las personas que viven en la zona de abajo, porque no se hizo la planta de tratamiento.

“Nosotros como familias que estamos sufriendo le pedimos al IP que se haga responsable, porque no estamos viviendo en condiciones humanas, somos 23 familias las que exigimos que nos den una vivienda”, exigió.

Alegría declaró a EL HERALDO Plus que el INA tienen conocimiento de lo que está pasando en Lomas del Diamante, así como en los ejidos de la aldea de Suyapa y otros sectores aledaños a la capital.

“Hay un problema serio allí, pero hay una comisión especial del INA y el IP estudiando y conociendo estos casos, pero todavía no hay una conclusión sobre esto”, aseguró.

Ahora, si fueran tierras ejidales le competiría a la Alcaldía solucionar el problema y en caso de ser nacionales al IP, pero está en un proceso de investigación y por eso se está desarrollando junto a la Alcaldía Municipal.

“Hoy el tema de la propiedad es complicado, hay miles de personas que no tienen ni un pedazo de tierra ni para vivienda, ni para producir, y hay un grupo que tienen una reconcentración de la tierra salvaje”, indicó.

Por eso, la presidenta Xiomara Castro ordenó a la comisión trabajar con base en el diálogo y a investigar a profundidad el derecho a la propiedad “porque han habido actos de corrupción terrible en este tema”, sentenció el también dirigente campesino.

Como la UCP ya fue clausurada, el IP se hará cargo de los proyectos que estaba manejando, tal como lo establece el decreto legislativo No. 66-2022 y su reglamento, contenido en el acuerdo No. 395-2022, informaron las autoridades de este institución por medio de la oficina de transparencia.

Los decretos establecen que los fideicomitentes (instituciones) de cada fideicomiso serán los encargados de asumir todos los derechos y obligaciones contratados por los fideicomisos liquidados o derogados.

En virtud que la UCP estaba adscrita al fideicomiso denominado “Sistema Tecnológico y Logístico para la Administración de los Derechos de Propiedad en la República de Honduras (Sitec)”, corresponde al IP como fideicomitente asumir las obligaciones y derechos de todos los contratos.

Lo anterior incluye el proyecto de las casas contenedores en Lomas del Diamante y determinar qué pasará con la inversión realizada para el proyecto Residencial Morazán, ya que también eran ejecutados por la UCP.