Piden al MP y CNE investigar manoseo de informes militares sobre elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Sectores de la sociedad civil pidieron al Ministerio Público y al mismo Consejo Nacional Electoral (CNE) investigar el sabotaje y la manipulación de informes sobre las elecciones primarias, pero también exigieron deducir responsabilidades a las personas involucradas, sobre todo si son militares, funcionarios y políticos.

Para Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), esto deja en evidencia el manejo y manipulación del proceso electoral y, posteriormente, la investigación que iba a identificar a los responsables del caos y retraso de los comicios del 9 de marzo de 2025.

“Creo que el Ministerio Público debe asumir un rol bastante grande en ese sentido y a partir de ese rol buscar a los responsables. Creo que estos escándalos no abonan a la democracia, no abonan al proceso electoral. Un proceso electoral que todavía está activo, no se han oficializado los resultados”, recordó.

En un comunicado, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) también pidió al Ministerio Público una investigación "exhaustiva, imparcial y transparente sobre los hechos ocurridos antes, durante y después de las elecciones primarias".

"Es fundamental que se deduzcan las responsabilidades correspondientes y que se actúe con firmeza ante cualquier irregularidad", dice parte del documento.

La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), por su parte, pidió al CNE y a las Fuerzas Armadas cumplir y hacer cumplir las funciones que la Constitución de la República establece a cada una de las instituciones involucradas en el proceso electoral.

Otros sectores de la sociedad civil condenaron la acción del jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, y dijeron que sus decisiones le están haciendo daño a la institución castrense.

Además, pidieron al CNE hacer sus propia investigación, sobre todo porque “Cosette está diciendo que la Fuerza de Armadas está cambiando la versión de los hechos para beneficiarlos a ellos”, señaló el analista Lester Ramírez.

“Este informe viene a alimentar a las investigaciones que hace el Ministerio Público y viene a brindar mayor datos sobre lo que realmente ocurrió”, dijo.

EL HERALDO conoció que el 12 de marzo de 2025, tres días después de los comicios primarios, Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas, se reunió en el Estado Mayor Conjunto con altas figuras políticas de Honduras.

Mientras este rotativo indagaba sobre este caso, la consejera presidenta del CNE, Cossette López, publicó el miércoles en X información que tenía relación con la reunión, diciendo explícitamente que "el alto mando de las Fuerzas Armadas se reunió con un expresidente y una candidata", haciendo referencia a Manuel Zelaya Rosales y Rixi Moncada.

El objetivo, según López, fue "sustituir los informes que ya existían, donde se señalaban responsables militares por nuevas versiones donde se señala solo al CNE por lo del 9 de marzo".

Fuentes militares dijeron a EL HERALDO que en esa reunión el jefe de las Fuerzas Armadas pidió la modificación de dos informes (uno de Inspectoría General de las Fuerzas Armadas y otro de Inspectoría del Ejército) en los que se menciona a varios tenientes y coroneles como responsables de lo ocurrido el 9 de marzo de 2025.

La información que conoció este rotativo es que el informe de la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas responsabiliza al general Nahún Canales Cruz, actual comandante del Comando de Apoyo Logístico (Calfa), y recomendó relevarlo como supervisor del trabajo de distribución de los materiales electorales.

Otros de los mencionados, pero en el informe de Inspectoría del Ejército, son los coroneles Nicolás Edulfo Serrano Benítez, comandante del COES, quien era el encargado de la distribución a nivel de Francisco Morazán, y Alan Barahona Rosales, comandante del primer batallón y responsable de la distribución del material electoral a nivel del Distrito Central. En el informe se recomendó relevarlos y someter a tribunal de honor a los tenientes Ariel Oliva Benítez y Noel Adalid Osorio Barahona.

Estas personas aparecían en videos y fotografías deteniendo buses que trasladaban maletas electorales tiradas en el piso en varios puntos de la capital.

Según Aguilar, todo esto forma parte de un “sabotaje” y “boicot” y que desde el CNE, según comunicación que han tenido con ellos, están claros que no es suficiente deducir responsabilidades a una sola persona, refiriéndose a Joel Ramos, coordinador del proyecto de transporte, quien fue separado de esa institución en pasado 12 de marzo (el mismo día en el que jerarcas de las Fuerzas Armadas tuvieron la reunión con altas figuras políticas).

“Ellos hablan mucho no solo de la participación de personas dentro del Consejo Nacional Electoral, que es parte de las personas que han sido llamadas a declarar también, pero al final de cuentas la investigación se debe profundizar y se debe profundizar en varios días, no sólo a nivel de CNE sino a nivel de Fuerzas Armadas y a nivel de todos los involucrados que han estado presentes”, pidió.

Para Aguilar, es necesario que las autoridades correspondientes investiguen, aunque también mostró su preocupación sobre verdaderos resultados, ya que en Honduras “no existe una independencia funcional de los poderes del Estado”.

La reflexión de Aguilar surge en torno a las personas mencionadas por López en la modificación de informes, en los que, según fuentes militares, el jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó que “se le agregaran los siguientes puntos: impresión tardía de papeletas, proceso lento de maquilación que demoró 48 horas, ausencia de custodios electorales, que no tenían mano de obra civil para cargar maletas por lo que las Fuerzas Armadas cambió soldados de civil para cumplir esta tarea, lo cual es falso. Y por último dijo que agregaran el cambio abrupto sin previo aviso de camiones a buses de ruta”.

La fuente también dijo a EL HERALDO que todo estaba arreglado, pues “el coronel Alan Barahona Rosales fue escolta personal de ‘Mel’ en el gobierno que este presidió entre 2006 y 2009. En todo ello se ve una maniobra de todos los oficiales mencionados para entorpecer el proceso de elecciones”.

Los informes que conoció este rotativo tienen mucha relación con la denuncia de la consejera del CNE, quien señaló al expresidente Manuel Zelaya Rosales y la precandidata Rixi Moncada de sustituir los informes de lo ocurrido el día de los comicios.

Rixi Moncada, secretaria de Defensa y precandidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación, reaccionó sobre esta denuncia tildado a López de irresponsable por su publicación.

"Ese mensaje que lo entiendo referido a una candidata, debo asumir que soy yo la candidata por la cantidad de votos, ese mensaje me parece una gran vileza irresponsable sobre todo si no tiene un respaldo ni prueba, es falso que me haya reunido con el alto mando de los militares para esa vileza irresponsable", dijo la actual funcionaria.

Trasladando la culpa al CNE, Moncada dijo que “le hace mucho daño al CNE no reconocer lo que todo el pueblo miró, especialmente en el Distrito Central y es responsabilidad de los entes electorales. Entendimos que estaban asumiendo su responsabilidad porque llevan adelante los procesos electorales, entre ellos el proyecto del transporte. En vez del transporte contratado se llevaron las urnas en 120 buses, ¿De quién es esa responsabilidad?”.

También aseguró que es el Ministerio Público el que debe concluir la investigación, pero “el CNE debe cuidar como ente colegiado su credibilidad y porque aún no han concluido el proceso", apuntó.

Ana Paola Hall, consejera del CNE, escribió en su cuenta de X que "no vamos a tolerar que imputen al CNE responsabilidades indebidas, que no merecemos y que son atribuibles a otros. Ni cortinas de humo o sabotaje, con la intención de desacreditar el trabajo del equipo del CNE el 9 de marzo. No permitiremos que atenten contra nuestra lucha democrática de brindar al pueblo hondureño elecciones y que sean limpias y transparentes".

El problema, según analistas, es que las autoridades distribuyen las responsabilidades entre sí, lo que contribuye a entorpecer la transparencia en las investigaciones, pues quienes deberían indagar no asumen su papel.

Desde ASJ, por ejemplo, tienen sus dudas sobre si se deducirán responsabilidades a los involucrados, sobre todo cuando se está mencionando a militares, funcionarios y políticos, pues hay precedentes cercanos en los que la ciudadanía vio que la Fiscalía quedó pendiente con la generación de requerimientos fiscales “indistintamente de quien sea el investigado y que se le deduzcan las responsabilidades del caso”, dijo Aguilar.

El abogado de profesión se refirió al video en el que Carlos Zelaya, conocido como “Carlón”, en el que aparece reunido con capos de la droga negociando financiamiento para la campaña política de Libre en 2013, pero del que no se sabe más que algunos involucrados fueron citados para dar su versión de los hechos.

Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, aseguró en un medio televisivo que hay investigaciones abiertas por lo ocurrido el día de las elecciones, pero que hasta el momento no han emitido requerimientos fiscales.

“Se está investigando quiénes son los responsables de esos atrasos, independientemente de cómo se haya dado el hecho", dijo, mientras dejaba claro que no era responsabilidad de ese ente recuperar las maletas que andaban paseando en buses o estaban tiradas en la calle, sino del CNE y las Fuerzas Armadas.

“Se está investigando quiénes son los responsables de esos atrasos, independientemente de cómo se haya dado el hecho", dijo, mientras dejaba claro que no era responsabilidad de ese ente recuperar las maletas que andaban paseando en buses o estaban tiradas en la calle, sino del CNE y las Fuerzas Armadas.

La publicación hecha por este rotativo y la vinculación que hizo López en su cuenta de X sobre la manipulación de informes sobre lo que pasó en las elecciones primarias, también provocaron la reacción de las Fuerzas Armadas de Honduras, que en un comunicado rechazaron el mensaje de López y lo tildaron de "falsedad".

"El alto mando jamás intentará cambiar un informe o bitácora que refleje nuestro trabajo", dice parte del documento.

Además, mencionan que desde el 10 de marzo, un día después de las elecciones primarias, 11 oficiales han rendido declaraciones ante el Ministerio Público, pero también han presentado informes, comunicaciones escritas, bitácoras y vaciados telefónicos.

El analista Lester Ramírez consideró que Roosevelt Hernández “le está haciendo bastante daño a las Fuerzas Armadas” y consideró que hay personas dentro de las Fuerzas Armadas que no están nada cómodos con el rol que está tomando Roosevelt”.

Ramírez también se refirió al acercamiento que él está teniendo con Libre y, especialmente, con Rixi Moncada y los liderazgos más altos del partido, ya que “le va a generar una crisis interna a las Fuerzas Armadas y que lo más seguro también es que cuando venga un nuevo gobierno, si es otro partido político, va a querer a través del Congreso Nacional limitar aún más el rol que deben tener los militares en todo esto”.

“Yo creo que va a venir una reforma constitucional, justamente tomando en cuenta las lecciones que se han tenido en este momento. Y eso yo creo que le va a afectar a las Fuerzas Armadas en el sentido de que su rol constitucional, al menos en temas electorales,, va a ser reducido. Y eso implicaría que cada vez más los partidos políticos van a tomar control de estos procesos”, advirtió.

Para el general en condición de retiro, Luis Maldonado Galeas, la reunión que tuvo Roosevelt Hernández con Moncada y “Mel” Zelaya, cae en una “conducta antiprofesional, antiética y antiinstitucional”.

“Es improcedente que un jefe del Estado Mayor Conjunto se reúna con una persona que ocupa un cargo de asesoría de la presidenta de la República, que no tiene nada que ver con la toma de decisiones del Estado y el mal ejemplo que se da en la Secretaría de Defensa", aseguró Maldonado.

Recordó que "un jefe del Estado Mayor Conjunto nunca se ha reunido con un asesor de gobierno ni mucho menos coordinador de un partido político para tomar decisiones".

El exconsejero del CNE, Julio Navarro, por su parte, cuestionó el actuar del CNE, pues cada consejero ha dado una versión de lo ocurrido, pero no como institución.

“La presidenta del Consejo Nacional Electoral debe hablar o expresarse ante la opinión pública como presidenta del Consejo Nacional Electoral y no como ciudadana individual que da versiones que son de la competencia, de sugerencia administrativa del Consejo, como que le contaron, que le dijeron, que ella sabe, etc.”, sugirió.

Recordó que las Fuerzas Armadas, según la Constitución de la República, están bajo el mando del Consejo Nacional Electoral, por lo tanto, López “debería estar enterada a través de las Fuerzas Armadas, porque las puede llamar a que le rindan informes y no estar escribiendo conjeturas que lo que hacen es desacreditar el proceso electoral primario, en lo cual están interesados fuerzas económicas que invirtieron en política y que no les salió los candidatos que ellos deseaban”.

Al CNE, si hizo una investigación interna y dedujo responsabilidades de lo que pasó el 9 de marzo, los instó a dar a conocer los resultados, porque la ciudadanía merece información que salga del interior del Consejo Nacional Electoral, pero como organismo colegiado y no versiones individuales.

También les pidió ser transparentes sobre las Juntas Receptoras de Votos que van a escrutinio especial, ya que la población necesita saber de qué nivel, partido y lugar son.

El CNE solo informó que el jueves iniciaría con el escrutinio especial de más de 28 mil actas que tenían inconsistencias, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no habían empezado.

“Yo creo que la información debe ser precisa para no crear confusión, porque un pequeño error que no tuvo gran incidencia en la participación electoral de 9 de marzo, no puede echar a perder la presencia cívica de los ciudadanos de nuestro país”, sugirió Navarro, al recordar cómo los hondureños se quedaron hasta la madrugada para ejercer su derecho al voto.