Estas son las compras directas que hará Rixi al frente de Defensa

Tegucigalpa, Honduras.- Una cárcel entre Gracias a Dios y Olancho, construir una aeródromo, más cuarteles y repuestos para aviones y helicópteros son parte de los planes de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) a realizar en 2025 por medio de contrataciones directas.

La ministra de Defensa y precandidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), tendrá a su disposición más de 10 mil millones de lempiras para ejecutar en un año por medio de compras directas a favor de las Fuerzas Armadas (FF AA).

Esta decisión del Consejo de Ministros surge en un año completamente político, cuando la ministra y los militares bajo su mando jugarán un papel importante en garantizar el desarrollo de los procesos electorales primarios y generales.

En el acuerdo ejecutivo No. 190-2024, publicado el 25 de octubre de 2024 en el diario oficial La Gaceta, se determinó darle continuidad al Plan de Solución Contra el Crimen, designando a la titular de Defensa su implementaciónn con carácter urgente en los municipios de Honduras con mayor incidencia de delitos cometidos por el crimen organizado.

La misma orden había dado en junio de 2024 la presidenta Xiomara Castro, en Consejo de Ministros, cuando anunció en cadena nacional el lanzamiento del Plan de Solución Contra el Crimen, cuyos resultados se ven opacados ante los reportes de extorsión, la fuerza del narcotráfico, el insuficiente control en los centros penales y las muertes que no han perdonado a los niños y a las mujeres.

El decreto marca en letras negras que esas medidas “deben realizarse en circunstancias que exigen que las operaciones del gobierno se mantengan secretas”, entre esas, la adquisición de repuestos y otros bienes y servicios especializados.

En el mismo párrafo declara que “se autoriza a la ciudadana Rixi Ramona Moncada Godoy, en su condición de secretaria de Estado, para que mediante el proceso de contratación directa pueda autorizar, adjudicar, suscribir contratos, sancionar y liquidar los procesos de contratación de bienes y servicios”.

La orden permite que se puedan contratar obras, diseños, consultorías, suministros, instalación y supervisión, entre otros que sean necesarios para el funcionamiento operativo de las FF AA en el marco del Plan de Solución Contra el Crimen.

El mismo decreto establece que esta autorización tendrá vigencia durante el periodo de un año a partir de la publicación del acuerdo, es decir hasta el 25 de octubre de 2025, aproximadamente un mes antes de las elecciones generales, a celebrarse el 30 noviembre.

De acuerdo a Defensa, se tiene planificado realizar un potente programa de equipamiento y construcción de obras de infraestructura en lo que resta del 2024 y durante todo el 2025.

Entre los proyectos a ejecutar en la administración de Moncada en el 2025 destaca la construcción inmediata de la primera etapa del Centro de Reclusión de Emergencia (CRE), en la zona aislada entre Olancho y Gracias a Dios, para el aislamiento de 2,000 reos, entre ellos los cabecillas de maras y pandillas.

La misma orden había dado Castro en junio de 2024 a las secretarías de Seguridad y de Defensa al decretar el Plan de Solución Contra el Crimen de urgencia en los municipios con mayor incidencia de crímenes como sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de activos.

En el marco de ese plan se ordenó la construcción de la megacárcel con capacidad para 20,000 privados de libertad, es decir, que este 2025 se avanzaría con la construcción de una instalación con la capacidad de un 10% de lo prometido entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios.

Según el analista Raúl Pineda Alvarado, no corresponde a Defensa realizar ese tipo de obras de infraestructura, pues ya existe el Instituto Nacional Penitenciario (INP), organismo que debería actuar según sus necesidades.

Además, existen antecedentes de los malos proyectos de construcción ejecutados por los militares con supervisión del Batallón de Ingenieros, como quedó evidenciado en la cárcel de Siria, en El Porvenir, Francisco Morazán, donde las paredes fácilmente se destruían.

Este recinto carcelario se sumaría al proyecto de la megacárcel en Islas del Cisne, en el Caribe hondureño, con una capacidad para 2,000 reos y a un costo de 2,000 millones de lempiras. No obstante, esta obra camina mediante un proceso de licitación (se declararon fracasados tres concursos, pero el gobierno insiste en su construcción).

Castro ya había ordenado la captura inmediata de autores intelectuales identificados, líderes y miembros de maras y pandillas, estructuras criminales, narcotraficantes y extraditables, además de recuperar espacios físicos tomados por estructuras criminales en barrios y colonias, pero poco o nada de eso se ha hecho.

La queja de la población es que han desaparecido los operativos de los barrios y colonias, o los policías se instalan por un momento, se toman fotografías para difundirlas en redes sociales y luego se marchan.

Para Pineda Alvarado, uno de los problemas más graves en la administración pública es la compra directa y en este gobierno ese mecanismo se ha vuelto común. “Cuando se quieren hacer las cosas en función de crear un escenario que permita prestigiar a un funcionario, a veces se llega al extremo de violentar la ley y por eso hay graves reservas y algunas suspicacias en cuanto a este tipo de medidas que van contra la ley y contra la lógica”, sentenció.

Lo preocupante es que las compras directas se vuelven una norma en la administración pública, pues esta modalidad también se autorizó para el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y en el Seguro Hondureño de Seguridad Social (IHSS), lamentó Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

“Las modalidades que se aplicaban en la administración pasada para el drenaje de fondos públicos se están aplicando en la actual administración”, señaló Castañeda.

Agregó que buscan justificar este tipo de compras, como procesos de emergencia o de proteger bajo mecanismos de secretividad, para obviar la transparencia y la rendición de cuentas.

Merece mencionar que Defensa no ha desglosado los costos de inversión o las estimaciones de precio para esta serie de adquisiciones.

Aparte de la cárcel que se busca construir entre La Mosquitia y Olancho, también incluye proyectos como mejorar el sistema de energía para la base naval de Caratasca, en Gracias a Dios, y la construcción de barracas para el personal femenino del Centro de Adiestramiento de las FF AA (CAMFFAA), ubicado en la aldea El Espinal, Juticalpa.

Dentro del plan de inversión en compras directas se busca reparar y adquirir radares para la vigilancia y control del espacio aéreo y marítimo.

Sobre ese tema, el exministro de Defensa, José Manuel Zelaya, afirmó en su primer año de mandato detectaron algunos radares que operan con deficiencia y otros totalmente obsoletos, e incluso se le exigió a una empresa de Israel que reparara uno, sino se actuaría conforme a ley.

Defensa también se hará cargo en el mismo año de la rehabilitación de la pista aérea de Gracias a Dios, a donde llegan vuelos comerciales y militares, sin detallar si se pavimentará.

En la construcción de aeródromos también existen evidencias de malos procesos de ejecución de proyectos, los cuales le corresponden a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

Mediante compras directas se buscará equipamiento con la adquisición de cámaras hiperbáricas (en el documento oficial aparace escrito “hiperbánicas”, por lo que se interpretó que fue un error ortográfico) y equipos con tecnología de punta para el reconocimiento y vigilancia en el escudo de protección.

El plan incluye repuestos de helicópteros y aviones en mal estado, sin detallar para qué tipo de aeronaves, ya que se han hecho importantes inversiones en los años anteriores en estos equipos de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH).

Defensa también planea instaurar una fuerza de tarea especial en el mar Caribe para detener el tráfico de drogas y la protección de la fauna marina, según revelaron las autoridades en una publicación de X.

Castañeda, de la ASJ, condenó que todo este Plan de Solución Contra el Crimen se ve empañado por acciones del mismo gobierno, ya que habla de inversión pero por otro lado están cancelando la extradición y, en lugar de fortalecer, debilitan el combate contra el crimen organizado.

Sin embargo, los analistas indican que los resultados en combatir la criminalidad no se ven, pues siguen los altos niveles de narcoactividad y extorsión, mientras el crimen organizado sigue creciendo y no se investiga a fondo el lavado de activos.

En el periodo de Zelaya Rosales también se ejecutaron compras directas. En la gestión del exministro de Defensa se aprobaron al menos seis procesos de contratación directa, entre los que se destacan las compras de seis helicópteros valorados entre 23 y 24 millones de dólares cada uno (de 563 millones a 590 millones de lempiras).

Como resultado de esas compras, Moncada participó en octubre pasado con el alto mando de las Fuerzas Armadas en la recepción de dos de las primeras aeronaves de ala rotatoria con matrículas FAH-990 y FAH-991, en Donauwörth, Alemania, tras la previa revisión obligatoria de vuelos de prueba. Se espera que las unidades lleguen en los próximos días a Honduras.

También se desarrollaron dos procesos de contratación directa para la reparación de helicópteros de la Fuerza Aérea, uno valorado en 125.4 millones de lempiras y otro por 350 mil dólares (unos 8.7 millones de lempiras).

Se registró, además, la adquisición de dos generadores para guardacostas a un costo de 12.5 millones de lempiras, según indica el portal de transparencia de Defensa.

Castañeda lamentó que al declarar secreta la información se hace con el aval de varios funcionarios, porque es un acuerdo entre las diferentes esferas del poder dentro del gobierno, y el decreto surge desde el ejecutivo, por lo que evitan realizar procesos de licitación con transparencia y de rendición de cuentas.

El presupuesto aprobado para Defensa en 2024 fue de 11,385.7 millones de lempiras, sin embargo, a la primera semana del mes de noviembre se había ampliado en 656.7 millones de lempiras, y ahora asciende a 12,042.4 millones.

Para el 2025 se tiene proyectado aprobar un presupuesto para Defensa de 10,844.8 millones, con una diferencia de menos 540.9 millones en comparación con el año anterior, pero se ha visto que a medida se ejecutan los fondos se realizan ampliaciones.