Señalan al IAIP de retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas

Tegucigalpa, Honduras.- Cada año el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) pierde el nivel de confianza como rector de la transparencia y rendición de cuentas al no poder garantizarle a los ciudadanos su derecho de acceder a la información pública.

Su actitud frente a los entes obligados, así como sus resoluciones sobre los recursos de revisión y de reserva de información, ponen al IAIP más bien como aliado de la opacidad oficial y de la corrupción que vive
el país.

Para el abogado Kenneth Madrid, el IAIP es una institución que ha perdido su rumbo, tanto por la politización, el acomodamiento de quienes lo dirigen, la falta de respeto de los funcionarios públicos y de entes obligados, así como por la situación económica precaria a la que ha sido sometido.

Además, no se le ha apoyado con las reformas jurídicas necesarias para que pueda garantizar con efectividad el acceso a la información pública. “Los políticos no quieren esas reformas en el ámbito de la información pública, ni de la política limpia”, criticó Madrid.

Expresó que bajo esa perspectiva actualmente hay un irrespeto a la institucionalidad, a las decisiones administrativas del IAIP por parte los funcionarios y entes obligados, porque no hay sanciones que conlleve a la calificación de un tipo penal. “Por eso los funcionarios se dan el lujo de jugar con el derecho a la información pública de todos los ciudadanos”, deploró.

El profesional del derecho lamentó que el IAIP se preste a la opacidad, como sucedió con la reserva de información aprobada para ocultar los nombres de las empresas y personajes que financian las campañas políticas.

Dijo que en este aspecto “pedimos” reforma para que en las campañas políticas solo se permita el dinero bancarizado, que pueda registrarse y darle seguimiento, pero a los políticos la transparencia no les conviene desde ningún punto de vista.

“Ellos se sienten cómodos con no rendir cuentas, ni revelar las fuentes ni las cantidades de donaciones en efectivo provenientes de sectores oscuros”, manifestó.

Periodistas y diversos peticionarios que hacen uso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) consultados, consideran que cada vez es más evidente que el IAIP no cumple con su responsabilidad de impulsar la cultura de la transparencia.

Creen que en la medida ha sido politizado y que es irrespetado por los entes obligados y asfixiado económicamente por los gobiernos, pues ha ido perdiendo su capacidad de rector del sistema nacional de información pública y de ser el principal garante del ejercicio del derecho que tienen las personas de acceder a la información pública.

El IAIP nació tras la publicación en La Gaceta, el 30 de diciembre de 2006, del decreto 170-2006, contentivo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP). Esta normativa se impulsó como una herramienta para contrarrestar los altos índices de corrupción que en ese entonces ya se vivía en el país.

El espíritu era que el pueblo hondureño tuviera el derecho de acceso a la información, así como a la transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública, sobre todo en un Estado que ha ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción. Sin embargo, desde un principio, y desde lo interno del mismo instituto, se buscó trabar la LTAIP contradiciendo su visión con ciertos artículos de un reglamento que ahora en el IAIP tiene más validez que la supremacía de su propia ley, lo cual el abogado Saúl Bueso consideró como una aberración.

Hasta hace un año, los acuerdos de nombramiento de un funcionario o servidor público, su salario y las actividades laborales que realizaba eran de carácter público porque así lo determina el artículo 3, numeral 5 de la LTAIP, no obstante, ahora el departamento legal y los comisionados del IAIP decidieron que esa información ya no es pública, argumentando el artículo 45 del reglamento de dicha normativa, según consta en la resolución SO-40-2024.

Pero la incapacidad del IAIP para hacer efectiva la transparencia en el ejercicio de la gestión pública e impulso de la cultura de la rendición de cuentas también es evidente cuando los funcionarios responsables de las instituciones obligadas -como el Congreso Nacional y Casa Presidencial- ignoran las peticiones de información de los ciudadanos y no las responden; igualmente hay otros entes públicos que desobedecen las resoluciones administrativas que emite el IAIP sobre los recursos de revisión cuando favorecen a los peticionarios, constató este rotativo.

Por otro lado, tanto los entes obligados como el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública juegan con la desesperación de los peticionarios al no responder en tiempo, y otro al tardar hasta dos años para emitir una resolución sobre un recurso de revisión.

Otra manera de obstaculizar la entrega de información es excusarse en que se trata de información de seguridad nacional, cuando en realidad no reúne esa valoración.

Por otro lado, el IAIP, contradiciendo la ley de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y a Candidatos (UFTF), llamada también unidad de política limpia, aprobó la resolución SO-086-2018 para evitar que los nombres de los aportantes a las campañas electorales se manejen de manera pública.

Otro hecho es que la mayoría de los ciudadanos que han interpuesto recursos de revisión y que el IAIP se los ha declarado sin lugar no les queda otra alternativa que llegar hasta ahí con su petición, ya que irse en amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) les implica un enorme gasto financiero.

EL HERALDO intentó conocer la versión de los comisionados del IAIP sobre la decadencia de la confianza de este ente, pero ninguno accedió ni contestó las llamadas.

Esto de obstaculizar la transparencia, en vez de impulsarla, es una acción del IAIP desde hace varios años, dijo la diputada Fátima Mena, recordando la declaración de reserva de información de los aportantes a las campañas políticas.

Según ella, “esto es contradictorio a una ley que debe promover la transparencia y la rendición de cuentas. En vez de facilitarle el trabajo a la unidad de política limpia más bien le pone una traba. Debe revertirse esa resolución emitida por el IAIP”, demandó Mena.

Actualmente las instituciones que luchan por la rendición de cuentas han sido atacadas, limitadas en sus atribuciones y facultades, dejando discrecionalidad para que el sujeto obligado entregue la información cuando ya se establecen tiempos y plazos.

Uno de los problemas para que se ignoren las disposiciones de la ley y las resoluciones del IAIP es que no existe mayor coercitividad y todo queda en una pequeña multa, por eso se ve un retroceso significativo en materia de transparencia y rendición de cuentas, un antídoto contra la corrupción, dijo la parlamentaria.

“Es lamentable, pero hemos visto que varias iniciativas han sido trabadas por resoluciones del IAIP, debilitando así la labor de las instituciones”, cuestionó.

Por su parte, Amada Ponce, directora ejecutiva de C- Libre, expresó que aparte del pequeño paso de la eliminación de la ley de secretos, el tema de acceso a la información pública no ha sido una prioridad en este gobierno. Una muestra es que hay una reducción en el presupuesto del IAIP y en la unidad de política limpia, lo que obviamente marca una ruta de qué tan importantes son estas
instancias.

Otro elemento es que a pesar de que el procedimiento es el adecuado, la intencionalidad pareciera equivocada. El procedimiento para clasificar información pública relacionada con diferentes cuestiones pasa en efecto por el instituto, donde unas 19 instituciones han solicitado reservar documentación de carácter público.

“Hay elementos que nos hacen pensar que hay cuestiones que no están siendo moderadas con el suficiente análisis”, señaló. Otro problema es que muchos de los oficiales de información no tienen la suficiente capacitación en el área de transparencia.

Recordó que C-Libre solicitó al Congreso Nacional las actas de los últimos diez años, pero este año les respondieron que “esa información no es pública, cuando la práctica nos revela que en efecto siempre ha sido una información pública”.

“La fuerza de conocimiento se suma a una intencionalidad que pareciera política, que tiene digamos intereses políticos, no necesariamente partidarios, pero sí intereses políticos de diferentes actores que tienen interés en ocultar cierta información”, criticó.

Otra estrategia es la denominado práctica de agotamiento, condenó, al mencionar que están tardando más de un mes en responder a solicitudes de acceso a la información pública y muchos meses para emitir las resoluciones sobre los recursos de revisión.