Sin operar radares que costaron 25 millones de dólares

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Debido a que los dos radares que las Fuerzas Armadas le compraron a la empresa israelí Mer Security and Communication Systems Ltd por un costo de 25,000,000 de dólares están inoperables, el territorio hondureño está más expuesto a la penetración del narcotráfico.

Estos aparatos son relativamente nuevos, fueron adquiridos en 2013 y llegaron al país en 2014, pero, según fuentes militares consultadas por la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus, su alcance era muy limitado porque fueron diseñados para el desierto y Honduras es un territorio montañoso.

Sin embargo, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) que aprobó su adquisición los presentó como la última maravilla en la lucha contra las drogas, después de pelearse con Estados Unidos.

En su momento, los jerarcas militares manifestaron que con el millonario gasto se adquirían tres radares de alto alcance, pero en la documentación consta que solo compraron dos, el tercero la empresa vendedora lo alquiló por unos meses, tal como acordó con las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con las fuentes, dentro de la institución castrense la compra de los radares fue un gran negocio de ciertos oficiales que estaban en el alto mando y para otros representó la gran oportunidad para viajar a Israel con sus familias y con gastos pagados.

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Sin embargo, a pesar de que desde hace años a nivel de la cúpula militar se sabía que los dos aparatos eran deficientes, ningún oficial -unos por temor a represalias y otros porque fueron partícipes en la adquisición- se atrevió a presentar la denuncia de una compra millonaria que no servía para la lucha antidrogas.

Fue hasta hace unos días que el mismo ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, manifestó públicamente que dos de los aparatos tenían problemas, pero su tío, el asesor presidencial Manuel Zelaya, dijo recientemente que Honduras actualmente no tiene ningún radar operando, por lo que no se puede detectar el paso de los estupefacientes.

La Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus intentó conocer la versión de los militares de la Fuerza Aérea, responsable del manejo de los aparatos, y la respuesta fue: “Consulté con mi jefe inmediato sobre la entrevista y me dijo que la instrucción que le dieron era... que usted tiene que solicitar al jefe del Estado Mayor Conjunto para que se pueda hacer dicha entrevista”.

Incluso este medio de comunicación, mediante la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, hace varios meses solicitó a la Secretaría de Defensa la copia del contrato suscrito con la empresa vendedora de los radares, pero esa institución no respondió la petición, por lo que el caso pasó a un recurso de revisión en el Instituto de Acceso a la Información Pública.

Esta compra se gestó en 2013 cuando René Osorio Canales era jefe de las Fuerzas Armadas y los aparatos ingresaron al país cuando ese cargo ya estaba bajo el mando de Fredy Santiago Díaz Zelaya.

El 23 de septiembre de 2013, el CNDS aprobó la resolución 057/2013 mediante la cual autorizó a la Secretaría de Defensa Nacional una inversión para que celebre con la Sociedad Mercantil Mer Security And Communication Systems Ltd un contrato de compraventa bajo la modalidad de llave en mano para la instalación del sistema de radares para la defensa aérea y uso de la Fuerza Aérea de Honduras.

Sobre la compra se establece textualmente: se obliga el vendedor a: (1) fabricar e instalar el radar ELM 2288-MR (AD-STAR), cuya descripción técnica deberá incluirse en el contrato correspondiente; (2) fabricar e instalar el radar ELM-2106-NG, con sus respectivos componentes para su funcionamiento, así como la respectiva fuente de potencia y el vehículo de transporte; (3) dotar del equipo necesario y la instalación del Sistema de Interoperabilidad (interconexión de los sistemas de comunicación) de conformidad a lo descrito en el contrato a suscribirse.

Asimismo, el inciso (4) estableció dotar del equipo y las instalaciones necesarias en la sala de controles de conformidad a la descripción técnica establecida en el contrato; (5) dar el entrenamiento necesario para la utilización de los sistemas de conformidad a lo establecido en el detalle de trabajo, de acuerdo a lo contratado; (6) sistema de comunicación, de conformidad a lo contratado; (7) sistema de interoperabilidad (camión para el transporte y fuente de poder) del radar ELM-2288-MR; (8) sistema de interoperabilidad (camión para el transporte y fuente de poder) del radar ELM-2106-NG.

De igual manera se determinó en el numeral (9) facilitar la licencia para el uso satelital del radar por el término de cinco años; (10) instalar en calidad de préstamo en un término no mayor de tres meses un radar con las mismas características del ELM-2106-NG cuya descripción técnica constará en el contrato; (11) dicho radar deberá venir con su propia fuente de potencia y el vehículo de transporte, el cual será devuelto al vendedor una vez instalados y funcionando los radares nuevos ELM-2288-MR (AD-STAR) y el ELM-2106-NG objetos de este contrato.

Igualmente, en el inciso (12) se establecía proporcionar, al mismo tiempo que los bienes, los títulos de propiedad y licencias aplicables a los radares y sistemas de interoperabilidad, por un monto de 25,000,000 de dólares, obligándose al comprador a realizar los trámites de dispensa ante la Secretaría de Finanzas y Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) para la exoneración de impuestos y tasas de introducción al país de los bienes relacionados.

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Entre los años 2012, 2013 y 2014, representantes del gobierno hondureño se pelearon con las autoridades de Estados Unidos por el manejo de la información del radar. Estados Unidos retiró su aparato y Honduras se compró los suyos.

Sin embargo, a pesar de la onerosa adquisición, las narcoavionetas continuaron desfilando por La Mosquitia, Olancho y el Atlántico.

El CNDS para ese entonces ya estaba bajo el control del entonces presidente Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos el 21 de abril de 2022 para enfrentar un juicio por los delitos de narcotráfico.

En una reunión del CNDS el 10 de febrero de 2014, la adquisición de los radares fue abordada. Juan Ramón Molina, quien era representante de la Tasa de Seguridad, informó que en una visita que tuvo de “un oficial de Comunicación y un oficial de Transparencia de la Embajada de los Estados Unidos” dejó entrever el uso de los fondos de la Tasa de Seguridad para “la compra de radares”.

Ante tal situación, el entonces ministro coordinador general del Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro, “manifestó que el problema con la ley y los radares es que fundamentalmente alteró el control que Estados Unidos de América ejercía en la lucha contra el narcotráfico, comentó que quieren mantener una situación de dependencia de la información y de las acciones” y como estrategia de país “nosotros no podemos seguir esperando que la señal y el equipamiento aéreo y marítimo nos venga de afuera”, expresó.

Por su parte, el entonces titular de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) y secretario ejecutivo del CNDS, Julián Pacheco Tinoco, “citó el ejemplo de la Unidad de Intervención de las Comunicación (U1C), donde los Estados Unidos bombardearon para que se les dejara entrar en esto, es el mismo principio que se quiere aplicar (en) lo del radar”.

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El temor de que la información de los dispositivos fuera utilizada por militares corruptos para enriquecerse ilícitamente se volvió realidad cuando los capos de la droga extraditados y capturados en Estados Unidos comenzaron a revelar cómo los militares proporcionaban información del radar a los carteles del narcotráfico.

“¿Ustedes, Los Cachiros, confían en el Ejército hondureño? ¿En el personal?”, le preguntaron en la corte de Nueva York al narcotraficante hondureño Devis Leonel Rivera Maradiaga y su respuesta fue:

-Sí.

-¿Para qué tipo de cosas?

-Para información de la Policía, información del radar y seguridad, respondió el líder del cartel de Los Cachiros.

En su declaración ante un juez, Rivera Maradiaga dio a conocer encuentros que él y su hermano Javier Heriberto sostuvieron con miembros de las Fuerzas Armadas, quienes les prestaban protección y apoyo logístico para las actividades ilícitas en distintas regiones de Honduras.

Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”, fue otro narco hondureño que reveló que recibió de los militares información del radar, lo que le fue de gran ayuda para mover sus cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos.

Hoy esa situación ya no se estaría dando, no porque las Fuerzas Armadas hayan sacado a los militares corruptos, sino porque los aparatos de vigilancia y alerta temprana están en mal estado.