TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Personas que ya formaron parte del desastre administrativo de la Universidad Nacional de Agricultura (Unag), y que por otro lado la tienen demandada judicialmente, se perfilan como los futuros miembros de la comisión de concurso seleccionados por el Congreso Nacional para hacerse cargo de las facultades del Consejo Superior Universitario.
Tras su primera intervención entre 2017 y 2019, esta universidad mejoró académicamente, pero la Comisión Interventora presidida por el militar Andrés Felipe Díaz dejó un caos administrativo.
Ahora, desde el Legislativo se pretende poner orden, sin embargo, entre la comunidad universitaria hay temor de que la medicina salga más perjudicial que la enfermedad, dándole el toque de gracia a un centro de estudios que internamente es manejado como un botín y como una agencia de empleos, donde los hijos de diputados y los amigos de las máximas autoridades son contratados como profesores, consultores y asesores, pero viven tan lejos que no pueden cumplir con sus responsabilidades y aún así se les paga.
En la disputa por su administración un grupo de docentes que en años anteriores-durante la rectoría de Marlon Escoto- fueron parte de los que condujeron a esta institución a la ingobernabilidad, junto a diputados de Olancho, a principios de este año promovieron ante el Congreso Nacional una segunda intervención.
A raíz de ello, el 13 de mayo de este año el Poder Legislativo aprobó un decreto para suspender las atribuciones del Consejo Superior Universitario contenidas en el artículo 39 incisos A, B, C y H del Estatuto de la Unag, ubicada en Catacamas, Olancho.
Con estos cuatro incisos basta para un manejo de todo lo relacionado a la universidad, creándose con ello un clima de miedo por una posible politización.
El inciso A hace referencia a la selección y nombramiento de los “miembros de la Junta de Dirección Universitaria, en base a méritos por medio de concurso público”.
La Junta de Dirección Universitaria es la que nombra al rector y este a los administradores y otro personal requerido por la Unag.
Otra de las facultades de la nueva comisión, según el numeral B, es la de “revocar el nombramiento de los miembros de la Junta de Dirección Universitaria”, de acuerdo con las causales establecidas en el artículo 46 de este estatuto.
Asimismo, de acuerdo con el inciso E, podrá “aprobar reformas totales o parciales a este estatuto o su reglamento para su posterior aprobación y registro por el Consejo de Educación Superior”.
De igual manera el numera H le da la potestad de “seleccionar cada dos años y por concurso público de méritos al comisionado universitario”.
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Candidatos
La comisión de concurso y acompañamiento que nombre el Legislativo estará conformada por un representante del Congreso Nacional, uno de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y tres de la Unag.
Por parte de la Universidad de Agricultura se postularon Óscar Ovidio Redondo (exrector 2013-2016), Eleazar Turcios, Keysi Bianey Peralta, Juan Ramón Miralda, José Andrés Paz, Francisco Javier Medina, Gerardo Rafael Moya, Gerardo Jair Lagos y Carlos Adolfo Navarro.Siete de los postulantes tienen cuentas pendientes con la justicia en un caso relacionado con una demanda que le interpusieron a la Unag.
Hasta anoche se manejaba que Redondo, Turcios y Peralta eran los candidatos más fuertes a ser nombrados por la Comisión de Educación del Legislativo.
Redondo y Turcios, junto a otros docentes, demandaron a la universidad por un monto de 164.2 millones de lempiras basados en un arancel que fue declarado inconstitucional el 28 de marzo de 2006 y sacado del ordenamiento jurídico el 5 de febrero de 2009, luego de que se publicara en La Gaceta.
Como Redondo formó parte de esta demanda, según el expediente, recibió retroactivamente -por los años 2009, 2010 y 2011- 1,150,984 lempiras, asimismo habría recibido otra suma similar por los cuatro años siguientes.
Ya que actuaba como demandante y al mismo tiempo como demandado, pues como rector representaba a la universidad, el Ministerio Público le imputó seis delitos de prevaricato administrativo en los tribunales del circuito contra la corrupción, donde el expediente está para sentencia.
Esta demanda de los 164.4 millones se ventila también en los Juzgados de lo Civil, donde la universidad, a través de su departamento legal, tiene una alta posibilidad de darle vuelta al caso, lo cual obligaría a los demandantes -incluido Redondo- a regresar el dinero.
Por otro lado, Redondo también tiene abierto un proceso de investigación por la firma de un convenio con la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
Sobre esta situación, Redondo explicó que durante su gestión como rector fue cuando se mejoró la situación de los estudiantes, con quienes tuvo una buena relación.
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En cuanto a los juicios que enfrenta por lo del arancel, sostuvo que todavía no ha sido vencido en tribunales.Entre tanto, Eleazar Turcios también forma parte del grupo de docentes que demandó a la Universidad de Agricultura y recibió 1,150,984, correspondientes a los años entre 2009 y 2011; igualmente recibió otra cantidad similar por los años 2012, 2013, 2014 y 2015.
A Turcios la Comisión Interventora lo nombró como vicerrector de vida estudiantil y estuvo en el cargo durante un año. A nivel de la universidad se le recuerda como encargado de la planta de vegetales, donde dejó varias deudas de unos contratos que no se cumplieron.
Por otro lado, está el caso de Keysi Bianey Peralta, profesora de estudios generales que también tiene demandada a la Unag por 1,060,500 lempiras, exigiendo el Arancel del Profesional de las Ciencias Agrícolas, pero ante la férrea defensa de los abogados de la universidad perdió el caso en primera y segunda instancia, ahora el proceso está en casación.
Igualmente, a nivel de docentes se le recuerda porque en 2015 tuvo un fuerte enfrentamiento con otra colega por supuesto hostigamiento laboral; caso en el cual intervino el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Los maestros también manejan que es apadrinada por una diputada suplente del departamento de Olancho. Ella participó en el proceso de selección de la Junta de Dirección Universitaria que se lanzó en 2021, pero fue descalificada porque no reunía los requisitos.
De igual forma se menciona a Juan Ramón Miralda como la persona que sería nombrada como representante del Congreso Nacional, no obstante, este candidato, en el período del rector Marlon Escoto, tuvo una relación de negocios con la universidad a la que le vendió una hectárea de terreno por un valor 1,945,300.00 lempiras. A esta propiedad actualmente se le conoce como la finca agrícola.
EL HERALDO le preguntó a Wilmer Reyes, actual rector de la Unag, sobre el perfil de las personas que buscan conformar la comisión que nombrará el Legislativo, pero se abstuvo de referirse a ellas.
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Edgardo Casaña: La comunidadde la Unag merece paz
El papel de la comisión de concurso y acompañamiento de la Universidad Nacional de Agricultura (Unag) es apoyar para que haya un proceso transparente en la elección de las autoridades universitarias, no darle una chequera o las llaves de ese centro de estudios, sostuvo Edgardo Casaña, vicepresidente del Congreso Nacional.
En cuanto a la situación legal o judicial que cada uno de los postulantes tenga, eso deberá ventilarse a nivel de las instancias de rendición de cuentas o en los organismos de persecución de los delitos, cada quien que responda por sus actos, dijo Casaña, quien preside la Comisión de Educación del Legislativo.
Explicó que esta comisión surge porque una de las cosas que “nos preocupó mucho” es que un señor que acabada de graduarse en Japón al llegar a la universidad compitió contra el actual rector y por eso fue despedido.
“Competir fue su gran pecado”.
“Ahora, no estamos mandando a nadie a adueñarse de la chequera de la universidad, no estamos mandando a nadie a agarrar las llaves de la universidad y a decir hoy aquí mandamos nosotros”, añadió.
Casaña es del criterio de que la lucha de poder a lo interno de la Unag se va a combatir garantizando concursos democráticos.
Para evitar los excesos de las personas nombradas, la Comisión de Educación se mantendrá atenta “y de ver que vamos por el mismo camino, vamos a intervenir”.
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