Tegucigalpa, Honduras.- Este martes, el Centro Logístico Electoral, ubicado en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), en la capital, amaneció con un fuerte resguardo policial.
Esto ocurrió luego de que el Ministerio Público anunciará requerimientos fiscales contra seis personas, quienes estarían involucradas en las irregularidades de las elecciones primarias del pasado 9 de marzo.
Las autoridades también informaron que se emitieron requerimientos contra personas que estuvieron en distintas Juntas Receptoras de Votos (JRV), debido a problemas con las actas.
El objetivo es investigar qué ocurrió exactamente en esos lugares.
Entre los señalados por su participación en los problemas logísticos del proceso electoral se encuentran: Joel Ramos García, Raúl Amílcar Rivera, José Martín Pastrana, Juan Carlos Canales, Denis Emilio Hércules y Carlos Salomón Fonseca.
Investigaciones
La noche de este 31 de marzo, el Fiscal General, Johel Zelaya, confirmó que el Ministerio Público ha emitido dos requerimientos fiscales contra varios funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), como parte de las investigaciones por irregularidades en las elecciones.
Zelaya explicó que la Unidad Especial contra Delitos Electorales ha estado revisando diferentes aspectos del proceso, entre ellos, el manejo del transporte del material electoral y los costos que se incurrieron en ese proceso.
El Fiscal reiteró que, a pesar de los ataques al Ministerio Público, la investigación continuará sin interrupciones.
"Le prometimos al pueblo hondureño que íbamos a luchar para que su voluntad se respetara y eso estamos haciendo", aseguró Zelaya.
Empresa contratada para el transporte electoral
Los principales involucrados en las irregularidades logísticas, según Zelaya, figuran: Raúl Amílcar Rivera Montoya, coordinador del proyecto de transporte electoral; José Martín Pastrana Sánchez, miembro de la comisión encargada de la contratación del transporte; y Carlos Salomón Fonseca Robles, representante de la empresa Ingeniería Logística.
También estarían implicados Johel Ramos García, Denis Emilio Hércules Rosa y Juan Carlos Canales Lobo.
La empresa de Ingeniería Logística fue contratada para manejar el transporte del material electoral, pero no cumplía con los requisitos acordados en el contrato.
Según Zelaya, el acuerdo especificaba que la empresa debía disponer de 143 furgones de 48 pies, 497 camiones de 24 pies y 82 camiones livianos de 12 pies.
Sin embargo, la empresa solo tenía disponibles 10 cabezales y 2 camiones, lo que causó problemas en el desarrollo del proceso electoral.
