Tegucigalpa, Honduras
Honduras no puede continuar funcionando en el siglo XXI con mecanismos del pasado, critica Luis Zelaya, candidato a la presidencial de la república por el Partido Liberal.
Es necesario modernizar la administración gubernamental del país, para acabar con la inoperancia y falta de control que favorecen la corrupción e impunidad, agrega en su plan de gobierno.
Zelaya plantea una propuesta tanto en los aspectos de modernización tecnológica de los entes gubernamentales y descentralizados del Estado, como también en lo correspondiente a la política fiscal del país.
Propuesta de modernización tecnológica
-Revisión y definición de la estructura funcional y marco legal para la implementación del Gobierno Electrónico, que permita una gestión gubernamental transparente, simplificada y competitiva, con rendición de cuentas.
-Transformación del Registro Nacional de las Personas (RNP) e implementación de una Tarjeta de Identificación de Ciudadanos sin intervención política, con tecnología segura y de punta, que sea base de la seguridad nacional donde los sistemas del Estado se integrarán y articularán.
-Transformar el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para desarrollar sistemas y tecnologías limpias e independientes que no dependan de la contratación de empresas externas en cada proceso, por un lado; y por el otro que sea un ente despolitizado y con credibilidad ante la opinión nacional e internacional.
-Innovación y simplificación de procesos administrativos en las instituciones con mayor demanda de los ciudadanos y empresas, lo que implicará la realización de procesos de reingeniería para modernizar los procesos para volverlos eficaces y eficientes.
- Reversión gradual del Sistema Tributario de regresivo a progresivo, es decir una mayor contribución de aquellas personas que más tienen o más ganan; con lo cual dinamizaremos la economía en beneficio de todos los ciudadanos, tanto los que ofrecen bienes y servicios como de quienes los consumen.
-Reordenar el Presupuesto Nacional para elaborarlo, discutirlo y aprobarlo con transparencia, eliminando asignaciones globales que se otorgan a diferentes instituciones del Estado y la discrecionalidad en el uso del mismo por parte del Presidente de la República.
-Ingresos Públicos deberán ser suficientes para cubrir las funciones del Estado, establecidas en la Constitución de la República. La carga tributaria no será superior al 18% del PIB y los ingresos fiscales del Sector Público Combinado no serán inferiores al 26% del PIB, al mejorarlos métodos de gestión en el resto del sector público.
-El Gasto Público elevará su calidad, y se ejecutará con base en prioridades claras, correspondientes a una visión de largo plazo. Los subsidios se focalizarán sin sectarismo político y propaganda de los poderes estatales. Asimismo, la Deuda Pública se administrará con probidad y se destinará únicamente para la inversión.
-Administración Tributaria será modernizada por medio de –entre otros- cadena de mando profesional y con liderazgo claro, accesibilidad al servicio por parte del contribuyente, administración financiera eficiente, entre otros.
