Tegucigalpa, Honduras
Como una oportunidad para que Honduras se afiance como Estado de Derecho, ve la crisis política la Conferencia Episcopal de Honduras.
Mediante un comunicado, las autoridades de la Iglesia Católica afirman que este impasse debe verse como una manera de fortalecer la ley, sus instituciones, avanzar en la lucha contra la impunidad, la corrupción, el crimen organizado y lograr detener el empobrecimiento de una gran mayoría de la población.
Pero para lograrlo creen que es necesario un gran pacto social por medio de un diálogo franco, eficaz, creativo y sin condiciones, que implique a todos los sectores.
Los obispos apuntan que “este pacto social debe considerar todos los caminos de salida posibles y ha de asumir el compromiso de devolverle a la Constitución su condición de Carta Magna que dirige el destino de la patria, sea para reformarla de acuerdo a las necesidades de la nación, sea para iniciar el camino para una Asamblea Nacional Constituyente”.
En el documento reconocen que la jornada electoral del 26 de noviembre transcurrió en un clima de orden, respeto y alegría. Pero fue afectada por los “precipitados llamados a celebrar la victoria antes de tiempo y por múltiples medios”.
El comunicado detalla que como miembros de la sociedad civil, en calidad de observadores del proceso, tomaron nota de los datos recogidos y de las recomendaciones de las Misiones de Observación que acompañaron el proceso.
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“Lamentamos que el funcionamiento del Tribunal Electoral, a pesar de haber tenido en cuenta lo sugerido por los observadores internacionales, no haya logrado superar la falta de certeza acerca del resultado de las elecciones generales”, dice.
Los obispos afirman que “comprobaron” que el derecho de protesta por medio de manifestaciones pacíficas no es respetado por ciudadanos que las están convirtiendo en acciones violentas y delictivas.
“Constatamos con dolor que los cuerpos de seguridad del Estado, en el cumplimiento de sus funciones, en algunos casos se han sobrepasado en el uso de la fuerza y de las armas, lo que ha causado heridos y víctimas mortales”.
El documento condena todo acto de violencia que atente contra los derechos humanos y que se convierta en un impedimento para el diálogo político-social.
Además, “reiteramos la necesidad de exigir a todos los dirigentes políticos sin excepción, y a sus correligionarios, que cese inmediatamente cualquier tipo de llamado a acciones no pacíficas para que el país recupere las mínimas condiciones de normalidad y el derecho constitucional a la libre circulación y el respeto a la propiedad privada”.
