El caso por el que Fernández recibió seis años de prisión es por haber direccionado obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz durante más de una década antes de llegar a la presidencia. Gran parte de esta historia tuvo que ver con el nexo entre el macrismo y los funcionarios judiciales intervinientes en la causa, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, y los jueces del Tribunal Oral Federal, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, aseguran los medios argentinos.