Estado de excepción en El Salvador: la política de “mano dura” de Bukele contra las pandillas
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El régimen de excepción aprobado en El Salvador para enfrentar la violencia de las pandillas demuestra la predilección del popular presidente Nayib Bukele por “la mano dura” y el “autoritarismo como forma de gobierno”, estiman analistas.
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La medida, aprobada el domingo por el Congreso a pedido del presidente, estará vigente un mes. Implica la restricción de libertades civiles y la ampliación de los poderes de la policía y el ejército en el control del orden público tras una ola de violencia que dejó 87 muertos el fin de semana.
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El gobierno atribuyó los asesinatos a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. Las autoridades informaron que detuvieron en los últimos días a 2,163 pandilleros en un país que ha reducido drásticamente el número de muertes violentas, y en el que Bukele, un milenial de 40 años, goza de un altísimo nivel de aprobación. En 2021 se registraron 1,147 homicidios, mientras que en 2017 fueron 3,962.
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Bukele decretó asimismo la emergencia máxima en cárceles y dio un ultimátum a las pandillas: “Paren de matar ya o ellos la van a pagar también”, dijo el lunes en su cuenta de Twitter al advertir que puede endurecer aún más las condiciones de encierro a los más de 16,000 pandilleros encarcelados.
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Varias oenegés, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU han expresado inquietud sobre las recientes medidas.
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“El régimen de excepción es la tendencia más evidente al ejercicio del autoritarismo como forma de gobierno y eso se va acentuando. Hay un ejercicio autoritario del poder”, dijo Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal, una organización que promueve los derechos humanos.
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Para el director del Instituto Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), José María Tojeira, las políticas “de mano dura” como la impuesta por Bukele contra las pandillas “son siempre el resultado de modos de pensar autoritarios, racistas y aporofóbicos”.
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Desde el inicio de su mandato en junio de 2019, Bukele puso en marcha el “plan de control territorial” que, entre otras cosas, contempla el uso del ejército como apoyo a la policía en labores de seguridad pública y el combate a las pandillas.
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En junio de 2021 inició el proceso para duplicar el ejército de 20,000 a 40,000 efectivos.
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Eduardo Escobar, director ejecutivo de la asociación Acción Ciudadana dedicada a la lucha contra la corrupción, señaló que el uso de militares no es algo nuevo. Anteriores gobiernos lo hicieron también y nunca resolvieron el problema de inseguridad.
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Bukele mandó un mensaje con sarcasmo “a la comunidad internacional” que critica sus medidas por no respetar los derechos humanos.
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En El Salvador investigaciones periodísticas señalan al gobierno de negociar con pandilleros para reducir los homicidios y en diciembre Estados Unidos sancionó a dos altos funcionarios de El Salvador por negociar con líderes de pandillas encarcelados. El mandatario niega las acusaciones.
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En tanto, el director ejecutivo de la oenegé Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro, dijo a la AFP que el gobierno “no solo debe ofrecer mano dura” contra las pandillas, sino también “oportunidades de rehabilitación para los que están en prisión”.
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En diciembre un 85% de los salvadoreños dijo aprobar la gestión de Bukele, según un sondeo del matutino La Prensa Gráfica.
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Muchos ciudadanos han dicho sentirse “seguros” con el despliegue de más policías y soldados en la capital.
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“Hay que darles garrote” a los pandilleros, sostuvo. “El gobierno está para proteger”, coinciden muchos ciudadanos salvadoreños.
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El Congreso de El Salvador reformó este miércoles el código penal para aumentar de 9 a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas, una decisión tomada en medio de un estado de excepción impulsado por el presidente, Nayib Bukele, para frenar la violencia de esas bandas.
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La reforma establece que “el que tomase parte en una agrupación, asociación u organización ilícita” como las pandillas “será sancionado con prisión de veinte a treinta años”, y si son “cabecillas” la pena de prisión será de 40 a 45 años.
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Antes de la reforma, la pertenencia a pandillas se castigaba con prisión de tres a cinco años, y si era cabecilla la pena era de seis a nueve años.
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El incremento de la pena de prisión por pertenecer a pandillas ocurre después de que, el pasado domingo y a petición del presidente, los diputados aprobaran un régimen de excepción para enfrentar la violencia de esos grupos, considerados como “terroristas”.
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La medida, que restringe libertades civiles y amplía poderes a la policía y el ejército, fue adoptada después de que el pasado fin de semana las pandillas generaran una ola de violencia que dejó 87 muertos.
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La reforma al Código Penal también establece que quienes “promuevan, ayuden, faciliten o favorezcan la conformación o permanencia en las agrupaciones” de pandillas recibirán una pena de 20 a 30 años de prisión. Según las autoridades, las pandillas además de obtener dinero mediante las extorsiones, también se nutren financieramente del tráfico de drogas.
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Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, tienen unos 70.000 miembros en El Salvador.
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El Salvador cerró 2021 con una tasa homicidios de 18 muertes por cada 100,000 habitantes, según datos oficiales. El total de homicidios, 1,147, también representó una reducción frente a 2020, cuando hubo 1,341.
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