El dinero sustraído por Medina habría sido producto de los casos que ella investigaba desde la Fiscalía antes mencionada, por lo que se le presume responsable de los siguientes delitos: lavado de activos, sustracción, destrucción, ocultamiento, o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada, enriquecimiento ilícito, y 38 ilícitos de falsificación de documentos públicos en perjuicio del orden socioeconómico, la administración y la fe pública del Estado de Honduras.