Sospechoso volvió a Roatán sin ser capturado: revelan complicidad de autoridades en desaparición de Angie Peña
Los hallazgos de la investigación de Infobae confirman que agentes de la DPI, fiscales y jueces en Roatán habrían obstruido la investigación y facilitado la impunidad de los implicados en la red de trata de personas
- 27 de octubre de 2024 a las 13:39
Una reciente investigación de Infobae ha sacado a la luz graves evidencias de complicidad entre funcionarios públicos y la red criminal responsable de la desaparición de Angie Peña.
Una investigación realizada por el medio Infobae revela la protección de la que presuntamente gozan los miembros de la organización conocida como “Delta Teams,” red señalada de realizar trata de personas, explotación infantil y pornografía, y que se cree fue la última en retener a Angie tras su desaparición en Roatán, Islas de la Bahía, el pasado 1 de enero de 2022.
El citado medio revela que el caso de Angie Peña ha tenido un giro significativo desde que el fiscal general Johel Zelaya asumió su cargo en noviembre de 2023, cuando el Ministerio Público (MP) comenzó a investigar la desaparición como un caso de trata de personas, tras los primeros años donde la hipótesis más fuerte es que la desaparición de Peña se debió a un accidente en su jet ski o moto acuática.
La nueva línea de investigación del MP resultó en la detención de una decena de personas, entre ellos estadounidenses y hondureños, presuntamente vinculados con la “Delta Teams”, acusados por los delitos trata de personas y explotación sexual y que la Fiscalía señaló directamente en participar en la desaparición de Peña.
Sin embargo, la captura de otros líderes de la organización sigue pendiente, lo cual ha despertado dudas en la ciudadanía sobre el alcance de la corrupción en los organismos judiciales y policiales de Roatán, quienes desde el principio fueron acusados de obstruir las investigaciones del caso.
La investigación recuerda que fue la propia familia de Angie Peña quienes habían alertado desde hace más de un año sobre el encubrimiento y la supuesta colaboración de funcionarios judiciales y agentes policiales. Michelle Melgares, madre de Angie, señaló en repetidas ocasiones que aquellos que en teoría debían apoyar la búsqueda de su hija son los mismos que han impedido el avance de las indagaciones.
Prueba de ello es que uno de los principales sospechosos es el estadounidense Anthony Frank Grayson, dueño del hotel “The Dock” en Roatán, lugar donde las investigaciones indican que Angie estuvo privada de libertad tras su desaparición. Grayson fue declarado prófugo desde abril de 2022 cuando se allanaron propiedades vinculadas a la red “Delta Teams”.
Infobae informa que el empresario ha vuelto a la isla, aparentemente bajo protección local. “Sigue en la isla... pero el caso avanza lento, todo se sabe y se hace poco,” dijo a Infobae un funcionario del gobierno hondureño, quien pidió el anonimato.
Las autoridades capturaron a William James Murdock y Harold Green, también de Estados Unidos, y al hondureño Gustavo Trejo vinculados a los “Delta Teams”. Solo Grayson escapó. Hoy, sin embargo, hay funcionarios que sospechan que Grayson “mantiene un perfil bajo pero no permanece escondido”.
Los hallazgos de Infobae confirman que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), fiscales y jueces locales habrían obstruido la investigación y facilitado la impunidad de los implicados en la red.
Uno de los investigadores consultados confirma el alcance de la red: “Hemos investigado a agentes de la Dirección Policial de Investigaciones y sus jefes que demoraron el proceso y aceptaron coimas del Delta Teams, jueces del juzgado de Roatán, del Poder Judicial, y fiscales, todos traficaron influencias en el caso”, dijo a Infobae.
Infobae también documenta cómo altos funcionarios de la administración anterior habrían sido cómplices en esta red de trata, obstruyendo denuncias y encubriendo a los responsables. La Fiscalía, bajo el entonces fiscal Óscar Chinchilla, emitió documentos en 2022 que excluían a Grayson de la investigación, aún cuando su nombre figuraba en los primeros reportes policiales
Las revelaciones de Infobae reflejan, además, que las redes criminales de trata en Honduras han extendido su influencia a través de sobornos y tráfico de influencias, permitiéndoles operar con impunidad en la región insular.
De acuerdo con un alto funcionario del gobierno, que habló bajo condición de anonimato, las investigaciones han identificado a policías, jueces y fiscales que habrían recibido sobornos de la red criminal para evitar arrestos o dilatar el caso.
Desde la desaparición de Angie, la madre insiste en la corrupción e impunidad de las autoridades en Roatán. “Las mismas personas que me acompañaban en la búsqueda de mi hija están involucradas en su desaparición,” señaló Melgares en declaraciones a EL HERALDO, afirmando que el encubrimiento llega hasta las esferas judiciales y policiales.
Cuando el MP realizó las nuevas líneas de investigación, de acuerdo con el funcionario y el investigador consultados, quedó claro que la organización “Delta Teams” trabajaba “de la mano” con funcionarios judiciales y policiales destacados en Roatán, algo que Michelle Melgares, la madre de Angie Peña, ya denunciaba en reiteradas ocasiones.
El Ministerio Público anunció que continuará con las pesquisas y que llevará el caso “hasta las últimas consecuencias,” pero para la familia de Angie Peña y los sectores de derechos humanos en Honduras, el reto sigue siendo grande, ya que estas redes mantienen profundos vínculos dentro de las instituciones.
A pesar de los esfuerzos recientes del Ministerio Público para redirigir las investigaciones, funcionarios cercanos aseguran que la influencia de los implicados ha permitido mantener el control sobre las pesquisas y ha dificultado la captura de los principales sospechosos que continúan prófugos.