Las labores empezaron en 2021. En enero de 2022, antes de que asumiera Castro, el proyecto iba avanzado, por lo cual la empresa a cargo siguió trabajando, a la espera de que se hicieran los desembolsos en cumplimiento al contrato para terminarlo. Sin embargo, pasó el tiempo y se llegó mayo de 2022. Como las nuevas autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) no le pagaron a la empresa constructora, la obra quedó abandonada.