En su segundo mandato, Fujimori implementó una serie de políticas neoliberales que mejoraron las condiciones económicas de los peruanos. No obstante, estas medidas se aplicaron a un costo social elevado, destacando la polémica campaña de esterilizaciones forzadas que afectó a mujeres de bajos recursos en áreas andinas y marginales de Lima. Se estima que unas 350,000 mujeres y 25,000 hombres fueron sometidos a estos procedimientos. Por lo anterior, en 2021 se abrió un proceso legal contra de él y otros funcionarios.