Imágenes del despliegue de militares para combatir el crimen en Honduras
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Casi 5,000 policías y militares fueron desplegados este jueves para combatir el crimen en Honduras, uno de los países sin guerra más violentos del mundo por causa de narcotraficantes y pandilleros.
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En la capital, los uniformados se formaron en un campo de fútbol en la barriada El Pedregal, una de las zonas de mayor incidencia delictiva, y después salieron en camiones hacia otros barrios.
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Las Fuerzas Armadas han iniciado “una operación de intervención” en sectores de “alta incidencia delictiva” con el fin de “capturar a personas vinculadas a estructuras criminales”, dijo el portavoz militar, Mario Rivera.
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“Lo que queremos es generar un clima de paz, un clima de confianza”, con “retenes las 24 horas del día” en las calles, subrayó. El operativo se va a mantener “hasta segunda orden”, agregó.
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El portavoz dijo que los militares también realizarán “allanamientos [de casas] y ejecuciones de órdenes de captura” de prófugos.
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Una operación similar hicieron militares y policías el 4 de julio, pero solo duró un día.
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El despliegue militar agrega “tensión” en El Pedregal, pero al mismo tiempo “el pueblo se siente más seguro”, dijo a la AFP el vecino Marcos Soriano, de 60 años.
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“La falta de trabajo en el país lleva a extorsionar”, afirmó por su lado Guillermo Colindres, de 57 años.
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La extorsión es uno de los delitos más extendidos desde hace años en el país, especialmente a transportistas y comerciantes, que bajo amenazas se ven forzados a pagar con regularidad a veces hasta a seis pandillas diferentes, según organismos de derechos humanos.
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Estos operativos “tendrían efecto si fueran permanentes [...], pero ya mañana vuelven a dejar libres” a las pandillas para extorsionar, dijo a la AFP el líder del Consejo Nacional del Transporte, Jorge Lanza.
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En 16 o 17 años solo el transporte ha pagado 22,000 millones de lempiras” (unos 880 millones de dólares) en extorsiones, aseguró el empresario. Para combatir al crimen, el gobierno puso en vigencia en diciembre del 2022 un estado de excepción que faculta arrestos sin orden judicial. Esta norma es similar a una vigente desde marzo de 2022 en El Salvador, donde se ha logrado una drástica reducción de las actividades de las pandillas.
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