TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para echar a andar el plan antoextorsión, la Secretaría de Seguridad solicitará al gobierno central un presupuesto adicional cercano a los 1,100 millones de lempiras y varias reformas a una serie de leyes, por lo que se deberá buscar después el apoyo y aprobación del Congreso Nacional.
EL HERALDO Plus tuvo acceso al Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión que se presentará mañana en Casa Presidencial.De acuerdo a la Secretaría de Seguridad y la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), son ocho ejes estratégicos en los que se deben trabajar para combatir este delito.
Entre estos está el operativo, con la integración de equipos especiales y tecnológicos, para mejorar la inteligencia digital, reformas a las leyes relacionadas con la extorsión y hacer trabajo comunitario en las zonas más afectadas por este delitos.
De igual forma se plantean reformas al sistema penitenciario, debido a que desde allí se planifican y ejecutan operaciones extorsivas, así como una gestión interinstitucional y hacer trabajo educativo. Para ello, las autoridades aseguran necesitar un presupuesto millonario.
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El presupuesto que solicitará Seguridad para este plan es de exactamente 1,095,068,068.84 lempiras, que pueden ser obtenidos de fondos nacionales, de bienes incautados y de cooperación externa.De este presupuesto, 618 millones sería para equipos tecnológicos, 134.1 millones para contratación de 500 nuevos policías, 135 millones para el alquiler de 200 vehículos y cinco millones para capacitaciones.
Además, se estipulan ocho millones para el pago de viáticos, 54 millones para el diésel, 14.4 millones para gasolina, 26.6 millones para la conformación de equipos tácticos y cinco millones para alquiler de edificios.
Mientras que para el pago de información en trabajos de inteligencia se requieren 24 millones de lempiras, 10.8 millones para gastos de funcionamiento y 60 millones para contratar 500 funcionarios adicionales.
Integral
El objetivos de este plan es afectar las estructuras criminales en sus componentes financieros y logísticos, proporcionando a los operadores de justicia los elementos necesarios para que cumplan con el ejercicio de la acción penal pública, detalla la propuesta.
También se busca la integración de todos los entes estatales involucrados, creando una comisión integral de afectación a la extorsión y delitos conexos.
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De esta comisión serían parte la Policía Nacional, el Ministerio Público (MP), los jueces de jurisdicción nacional, el Registro Nacional de las Personas (RNP), la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el Instituto de la Propiedad (IP), la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), el Instituto Nacional de Migración (INM), el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y otros.
Del mismo modo se van a fortalecer las unidades de inteligencia, investigación y táctico operativas y se harán operaciones estratégicas estructurales y de impacto contra Objetivos de Alto Valor Estratégico (OAVE).
Dentro del plan es estratégico tecnificar los procesos de gestión de la información para fortalecer las plataformas y los procesos de recolección y consulta de información, propone Seguridad.
