TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Un total de 150 días han transcurrido desde que el Ministerio Público (MP) abrió la primera línea de investigación de supuestos actos de corrupción durante la emergencia sanitaria y hasta hoy ninguna ha sido judicializada.
La sociedad hondureña está a la espera de que los requerimientos fiscales se interpongan ante los órganos jurisdiccionales competentes para que los casos no queden en la impunidad.
La Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) tiene abiertas 16 líneas de investigación en la que indaga delitos relacionados a la corrupción pública como abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos y violación de los deberes de los funcionarios.
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“La Fetccop junto con la Agencia Técnica de Investigación está trabajando para dar respuesta a la sociedad, lo que pasa es que cuesta un poco armar un expediente para requerimiento fiscal con suficientes elementos de prueba y así no lo batean en los juzgados”, declaró a EL HERALDO Héctor Morales, jefe de la Fetccop.
De su lado, el Ministerio Público informó que “los fiscales anticorrupción seguirán el curso de las investigaciones de manera objetiva y apegados al debido proceso, procurando en todo momento encontrar la verdad de los hechos y dar una respuesta clara a la ciudadanía que demanda acciones precisas para desvirtuar o no la supuesta corrupción en el manejo de fondos durante la crisis por el covid19”.
Otra fuente ligada a las investigaciones confió a EL HERALDO que en los próximos días se judicializará una de las líneas de investigación.
Los casos
Las investigaciones implican a una serie de altos exfuncionarios, diputados y empresarios que aprovechándose de la crisis sanitaria hicieron negocios con el Estado.
Una de las indagaciones más relevantes implica al exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, en el denominado negociazo del año: la compra de siete hospitales móviles.
Marco Bográn habría autorizado la millonaria compra a espaldas del Consejo Directivo de Invest-H, que es la máxima autoridad de la institución.
Y no solo eso, sino que contrató a una empresa estadounidense de dudosa reputación para que fuera mediadora en la adquisición de los siete hospitales a otra empresa de Turquía.
El Estado desembolsó 1,174 millones de lempiras en la compra de los siete hospitales, de lo cuales solamente dos se encuentran en el país, y aún no están funcionando. Los otros cinco hospitales aún no llegan.
Bográn es el principal investigado en el caso referente a la compra sobrevalorada de insumos de bioseguridad y ventiladores mecánicos, y la contratación de consultorías.
Por la venta de un lote de 247,000 mascarillas a Invest-H son investigados la diputada Waleska Zelaya y su esposo Juan José Lagos, quienes presuntamente vendieron los insumos de forma sobrevalorada.
Por su parte, en la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), los fiscales mantienen activas cuatro líneas de investigación por las supuestas irregularidades en las compras hechas por la crisis sanitaria del covid-19, entre ellas la compra de percoladoras y televisores, e insumos de bioseguridad.
El principal investigado es el exdirector de Copeco, Gabriel Rubí. Mientras, en la Secretaría de Salud se indaga sobre la compra irregular de material y equipo de bioseguridad.
Asimismo, los fiscales anticorrupción investigan desde el pasado 22 de mayo otro caso que se abrió de oficio por el supuesto mal uso de una donación de Corea de un lote de ventiladores mecánicos para pacientes con covid-19 en el Hospital General Atlántida.
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Otras tres líneas de investigación fueron abiertas en relación con la instalación y abandono de un hospital móvil en Villanueva, Cortés; las donaciones del programa Honduras Solidaria a la alcaldía de El Progreso y la compra de pruebas rápidas por parte de Invest-H en la zona norte del país.
La última se refiere al vencimiento de 250,000 pruebas PCR por no cumplir con la temperatura adecuada para su mantenimiento.
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