Tegucigalpa, Honduras.- En dos años, la Presidencia del Poder Judicial (PJ), autorizó el traslado de 30 jueces y magistrados en distintas judicaturas del sistema judicial; muchos, principalmente los que se consideran afectados, aseguran que esas acciones administrativas tienen una estela de irregularidades.

Desde el 20 de enero de 2023 al 24 de enero de 2025, la titular del Poder Judicial, Rebeca Ráquel, firmó el traslado, y algunas ocasiones la cancelación, de 18 magistrados y 13 jueces, en tribunales ubicados en diez departamentos del país (algunos hicieron más de una rotación).

Estos movimientos se han ejecutado en mayor cuantía en Francisco Morazán, con 17 cambios de puestos, en Cortés se dieron cinco, tres más en Atlántida y Colón, Comayagua, Copán, Choluteca, El Paraíso, Olancho y Santa Bárbara, con un traslado cada uno.

Pero fue en 2023 cuando la agitación de las remociones enfundadas de presuntas anomalías, proliferaron; se realizaron un total de 23 permutas, nueve en 2024 y una ya en el presente año.

El primero de los casos fue el del magistrado Yimy Daniel Chirinos Orellana. Su acuerdo de traslado se hizo oficial el 20 de enero de 2023, al ser trasladado a la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, en sustitución de otra persona que le fue cancelado su acuerdo en la misma fecha.

Los demás magistrados que fueron objeto de traslados son: Gustavo Adolfo Villela León, Edin Yobany De la O Ramos, Garin Enóc Urquía Castro, Iveth Albertina Benítez Erazo, Yimy Daniel Chirinos Orellana (por segunda ocasión en dos meses), Brenda Celina Hernández Ferrufino, Conan Rafael Argueta Bourdeth, Ingrid Belinda Monzón López y Rubén Rivera Flores.

Además, Danery Antonio Medal Raudales, María Fátima Baide San Martín, Brenda Celina Hernández Ferrufino (por segunda ocasión), Delmy Elizabeth López Paz, Roxana Ninoska Cálix Zúniga, Adán Guillermo López Lone, Juan Carlos Salcedo Nájera, Mayra Lizeth Aguilera Torres y Selma Clelia Meléndez Velásquez.

De igual manera, 13 jueces de letras fueron traspasados de un juzgado a otro, en cinco diferentes departamentos. El primero en ser removido fue el Claudio Daniel Aguilar Elvir, muy cuestionado por desempeñar su anterior cargo dentro de una unidad militar en la capital.

Le siguieron: Elissa Raquel Lozano Dominguez, Víctor Manuel Meléndez Castro, Jorge Alberto Mejía Figueroa, Andrés Fernando Martínez Hernández, Jorge Octavio Núñez Solórzano y Jorge Luis Quesada Barrientos. Además, José Omar López Pineda, Francisco Josué Álvarez Ruiz, Marvin Alexander Álvarez Girón y Erika Yolanda Cálix Hernández.

La última de las profesionales del derecho, removidos de sus cargos, fue la jueza Ana Consuelo Cardona Herrera. Ella se desempeñó durante varios años como coordinadora del Juzgado de Letras de Familia de Francisco Morazán.

Cardona Herrera denunció en noviembre de 2024, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos, la remoción irregular de jueces y magistrados del Poder Judicial, señalando a Rebeca Ráquel como la principal responsable. Esa acción de defensoría le habría costado la cancelación de su cargo en el Juzgado de Letras de Familia.

El 24 de enero de 2025, mediante un oficio de la presidencia del PJ, le notificaron que su acuerdo había sido cancelado y que pasaba a ser parte del Juzgado de lo Civil de Francisco Morazán, como una jueza más de esa judicatura.

“En mi caso yo no tenía denuncia, ni causa pendiente, y la magistrada (Rebeca Ráquel) me degrada de cargo, de una coordinación me regresa a mi puesto anterior aduciendo circunstancias que no son ciertas, porque los hechos lo determinan que fue una represalia”, declaró Cardona a EL HERALDO.

La jueza reveló que “todos los traslados han sido sorpresivos para cada uno de los jueces. Llegan al despacho, como llegaron en mi caso, un día viernes a las 3:40 de la de la tarde, tomándome por sorpresa mi traslado y cancelación del acuerdo”.

Cardona lamentó que “en el acuerdo solamente dice: comuníquese. Tampoco se me establece el salario con el que regreso, porque entiendo que no se me puede degradar, porque ahí constituye más un motivo para decir que he sido víctima de un despido indirecto por parte de la máxima autoridad, que es la presidenta del poder judicial (Rebeca Ráquel)”.

Diversos sectores de la sociedad han criticado los movimientos dentro del Poder Judicial, aduciendo que no se ha respetado el principio de inamovilidad del que gozan los jueces y magistrados en nuestro país.

Nelson Castañeda, director de la Unidad de Justicia y Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), expresó: “Es preocupante, tanto para ASJ, como para la Sociedad Civil, las situaciones que están ocurriendo, la crisis que está viviendo, donde se ha irrespetado el principio de independencia judicial y la inamovilidad de los jueces”.

Castañeda reconoció que es necesario supervisar las actuaciones y la labor de los funcionarios judiciales, y en este caso los jueces y magistrados, también apuntó que debe de ser dentro del marco del debido proceso.

“Todos estos traslados que se han hecho en los últimos meses en el Poder Judicial; ninguno de ellos responde a una investigación o a acreditar su colusión en alguno de los casos donde se haya visto favorecida alguna de las partes. Esto provoca una preocupación respecto al estado de derecho”, argumentó.