TEGUCIGALPA, HONDURAS.-En el Congreso Nacional ya fue introducido un proyecto de decreto que busca ampliar el proceso de investigación y de depuración policial a 12 departamentos del país.
La iniciativa fue presentada esta semana por el diputado Tomás Zambrano, para que sea turnada a la Comisión de Dictamen.
El decreto ordena a la Secretaría de Finanzas (Sefin) dar a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) 6,206,200 lempiras para la apertura de cuatro regionales de esta dependencia.
Una se deberá abrir en la zona noroccidental, con cobertura para los departamentos de Cortés, Santa Bárbara y Yoro.
Otra se ubicará en zona nororiental para que cubra los departamentos de Atlántida, Colón, Gracias a Dios e Islas de la Bahía.
Una más se abrirá en la zona sur, entre Choluteca y Valle. Una última en la región occidental para Copán, Ocotepeque y Lempira.
En la zona de occidente, la oficina de recepción de denuncias deberá tener la sede en la ciudad de Santa Rosa de Copán.
El decreto autoriza a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) para que identifique inmuebles en su poder que puedan ser utilizados por la Didadpol.
Una vez identificados, manda a que se proceda a realizar todos los trámites legales para instalar en esos lugares las regionales y poder investigar y aplicar los debidos procesos de depuración.
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Capacidad
Allan Argeñal, titular de la Didadpol, declaró que la noticia es positiva, pues les permitirá tener un radio de acción más amplio.
Por ahora, solo se cuenta con sedes en Tegucigalpa y San Pedro Sula y el presupuesto de 50 millones de lempiras que tienen al año no les permite ampliar su cobertura.
Existen 17,000 policías a nivel nacional a los que deben vigilar su comportamiento, pero para ello necesitan personal, logística y agencias en todo el país.
La demanda será mayor en los próximos años, cuando el número de agentes policiales aumente a 25,000 y se deberá tener un mayor control.
Las sedes serán pequeñas, porque contarán con un coordinador regional, un auxiliar administrativo, un motorista, un oficial de citaciones y notificaciones, cuatro investigadores, un receptor de denuncias y dos técnicos legales.
La OABI no solo puede colaborar con inmuebles, sino que con vehículos para movilizar al personal y hacer más ágil las pruebas de confianza.
