Tegucigalpa, Honduras
Dos meses han pasado desde que el Poder Judicial inauguró los Juzgados y Tribunales de Sentencia en Materia de Corrupción, pero hasta hoy estos no han evacuado ningún requerimiento fiscal.
Este extremo fue confirmado a EL HERALDO por el oficial de Relaciones Públicas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte.
Aunque sin ahondar en mayores detalles, explicó que estos circuitos se encuentran haciendo diligencias administrativas concernientes con investigaciones de casos de corrupción.
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Le corresponde al Ministerio Público (MP), como ente acusador del Estado, remitir este tipo de expedientes a los juzgados.
Los juzgados de Letras hacen el análisis de los procesos judiciales en las diferentes audiencias y determinan si se eleva a juicio oral un proceso judicial tras haberse agotado todas las instancias.
Recientemente, el presidente la Corte, Rolando Argueta, manifestó que personeros de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) le notificaron que en cuestión de días estarían presentando los primeros requerimientos fiscales.
La Misión actualmente trabaja en tres investigaciones, de las cuales existen avances sustanciales y en los próximos días podrían haber resultados, según dijo su jefe, Juan Jiménez Mayor.
Expediente
Recientemente, el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional remitió el expediente para juicio oral y público del caso de la exjueza Liz María Núñez.
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Sin embargo, este fue denegado por el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción porque la causa inició en un juzgado ordinario. Es por ello que este expediente judicial fue remitido a los Tribunales de Sentencia, pero será la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la que decida quién conocerá este proceso.
Desde el 22 de marzo, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento a Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) notificó del auto de apertura a juicio en este caso.
A la exjueza Liz María Núñez Cardona el Ministerio Público la supone responsable de los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad en el caso Shalom.
