TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los expresidentes Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2010-2014 y 2018-2022), junto a ocho exfuncionarios, fueron acusados en el caso “Pandora II” por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO).
Asimismo, en el caso son inculpados el exministro de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez por fraude, el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit.
Además los exgerentes administrativos de Sefin, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina; el director de presupuestos de Sefin, Roberto Alonso Zúniga Barahona y el exgerente financiero de Banadesa, David Eduardo Ortiz Hawit, acusados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
De acuerdo a la investigación de la UFERCO, la acusación del expresidente Hernández se debe a beneficios obtenidos por recibir financiamiento de al menos 62 millones de lempiras provenientes desde las instituciones públicas hasta las fundaciones que participaron en las campañas políticas.
Utilizando la creación de empresas fantasmas, contratos falsos y prestanombres los fondos llegaron a los movimientos “Azules Unidos” y “Amigos de JOH”, asimismo en la sociedad mercantil identificada como “La Cachureca” y a otros líderes de sus compañas departamentales.
Por su parte se involucra al expresidente Lobo Sosa, por el traslado de fondos de una secretaría a otra, para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas por JOH, teniendo una “participación directa”.
Asimismo, las indagaciones señalan que el exministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, desde la Sefin aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras que fueron traspasados a la fundación “Todos Somos Honduras”.
Por su parte, los otros ocho exfuncionarios se les acusa de conformar una presunta red de corrupción entre los años 2010 y 2013 en la aprobación de desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras (L.288,016,175) que fueron trasladados hasta las fundaciones “Todos Somos Honduras” y “Dibattista”.
En dicho traspaso de fondos participaron como instituciones el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de Banadesa.
Por tales denuncias, se citará algunos imputados y se emitirá órdenes de captura y alerta migratoria en contra de otros que se encuentren fuera del país.
La presentación del requerimiento fiscal se efectúa en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), esto por la condición del expresidente Hernández, quien tras terminar su período en 2022, fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano, cargo que aún persiste, explicó la UFERCO.
Antecedentes caso Pandora I
El caso Pandora data de años atrás cuando la Corte de Apelaciones emitió -en agosto de 2020- cartas de libertad a favor de 22 personajes que fueron acusados por actos de corrupción por el Ministerio Público (MP).
El caso Pandora se refiere al presunto saqueo de más de 282 millones de lempiras de las arcas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Secretaría de Finanzas, que fueron destinados al pago de campañas políticas del Partido Nacional de Honduras y el Partido Liberal.
El caso fue presentado ante la justicia por el equipo de las desaparecidas Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) y la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad (Ufecic) el 13 de junio de 2018 y dos años más tarde, la Corte le dio un giro inesperado que ha desatado la polémica y el cuestionamiento de diferentes sectores de la sociedad hondureña.
Inicialmente, en ese momento, el Ministerio Público acusó por malversación de caudales públicos, fraude y otros, pero las figuras delictivas fueron modificadas sospechosamente en un Juzgado de Letras, por lo que al final los 22 favorecidos se defendían en libertad por el delito de encubrimiento por receptación.
La acusación Pandora fue calificada como uno de los casos más emblemáticos planteados por la Maccih y el Ministerio Público.
