TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Solo 3 de los 24 postulantes para fiscal general y adjunto ya fueron admitidos por la Junta Proponente, ya que los demás deben subsanar documentación. Además, uno de los postulantes tenía incongruencias en la información presentada.
Los tres admitidos son Félix Antonio Coca, Mario Roberto Urquía y Julio Vladimir Mendoza, quienes lograron cumplir con todo lo establecido.
La Junta Proponente informó en un comunicado el reciente sábado que “se resolvió que de las 25 carpetas de postulaciones analizadas en etapa de admisibilidad (aunque la lista se redujo a 24) deben ser subsanadas 20 carpetas en un plazo de 48 horas contadas a partir del momento de la notificación que será enviada a los correos electrónicos designados en la ficha de inscripción”.
Además, pidió a los postulantes presentar la documentación a subsanar en físico. En caso de quienes están fuera del Distrito Central pidió presentar la vía correo en las próximas 48 horas, pero posteriormente deberán entregarla en físico.
En horas de la tarde de este domingo, el organismo anunció que ya había enviado la notificación a los aspirantes. El plazo de entrega es el próximo martes.
El listado original de aspirantes fiscal estaba conformado por 26 profesionales, pero quedaron fuera la diputada Sobeyda Andino, por no cumplir con los diez años de experiencia profesionales, y la actual ministra de Trabajo, Saraí Cerna, quien presentó su renuncia formal.
En ese sentido, la lista se redujo a 24. De este número 20 deben subsanar la documentación y tres ya fueron admitidos y el expediente de una candidata presentaba incongruencias.
Se trata de la abogada Karen Motiño, según lo discutido en la sesión de la Junta Proponente el pasado viernes 30 de junio.
Perfil de los admitidos
Uno de los que logró recabar la documentación necesaria fue Félix Antonio Coca, con expediente número Res-A-PFFA-2023-12.
Esta es la primera vez que se postula; funge como fiscal de Derechos Humanos en el Ministerio Público.
Mario Roberto Urquía (con expediente A-PGFA-2023-05), por su parte, es abogado de profesión y tiene dos maestrías, una en Derecho Procesal Penal y otra en Procesal Civil. Además cuenta con una especialización en Derecho Mercantil, Cooperación Internacional, Integración Política y Derecho Civil.
También presidió la Junta Nominadora que seleccionó a los candidatos para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2023 y fungió como procurador y juez de lo Contencioso Administrativo y Civil. Actualmente asesora a la Alcaldía de San Pedro Sula.
El último de los aspirantes admitidos es Vladimir Mendoza, quien desde septiembre de 2019 funge como comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). El número de expediente es Res-A-PFFA-2023-09.
