TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pese a la amenaza, el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, no envió ayer al Poder Ejecutivo el decreto que contempla la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Los estudiosos de la Constitución de la República coinciden en que si Redondo envía a sanción el decreto se expondría a graves consecuencias y cometería al menos cuatro delitos, por lo que sus intenciones son fuertemente rechazadas.
Si envía el decreto al Poder Ejecutivo, “sería gravísimo porque estaría usurpando el poder de 70 representantes del pueblo dentro del Congreso Nacional. Jamás se había visto tremendo ultraje a la democracia”, expuso Oliver Erazo, experto constitucional.
Erazo es claro en que mandar el acta a sancionar al Poder Ejecutivo acarrearía responsabilidad civil, penal y administrativa.
“Si él (Redondo) hace ese acto de atropello al poder soberano, estaría usurpando el poder a cada uno de los diputados y eso sería causal suficiente para que los mismos diputados lo llamen a juicio político, como lo establece el artículo 5 de la Ley de Juicio Político”, declaró.
Además, incurriría en los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, usurpación y traición a la patria.
“Si alguien toma solo como fundamento un precepto constitucional olvidando tomar como parámetro del control de constitucional, olvidando la Ley Orgánica del Congreso Nacional, comete un grave error que se convierte en un vicio puesto que no se convalida de manera completa el acto que le da vida a la ley”, opinó, por su parte, la abogada constitucionalista Ana Pineda. También le aclaró a la Junta Directiva del CN que una legislación se convierte en ley cuando se cumplen todos sus procesos de principio a fin.
La situación no solo expone a Redondo, sino a la misma presidenta Xiomara Castro, si llegara a sancionar el acta y mandarla a publicar al diario oficial La Gaceta.
“Si la presidenta Xiomara Castro sanciona, podría tener consecuencias de tipo criminal”, explicó Juan Carlos Barrientos, abogado constitucionalista.
Durante la sesión del pasado miércoles, Redondo aseveró que solicitaría una opinión a la Sala Constitucional para que emita una declaración en relación a la no ratificación del acta.
La Ley de Justicia Constitucional señala que la Sala solamente dicta sentencias o resoluciones, y emite opiniones cuando en el CN se pretende aprobar o reformar un código o cuando el Presidente de la República veta una ley bajo el argumento de que esa norma es inconstitucional. A criterio de Barrientos, las intenciones de Redondo “denotan una franca ignorancia de la ley y la Constitución”.
